No sólo las mociones que permitirán los cambios a la educación deberán ver los parlamentarios por estos días, ya que también deberán despachar con suma urgencia el bono de invierno de $ 18 mil que se otorgará a las familias más pobres, la creación del Ministerio de Seguridad y los cambios al sistema binominal.
Más de alguna discusión se registró en la reunión que tuvieron los jefes de bancadas de diputados y comités de senadores de la Concertación con la ministra secretaria general de la Presidencia, Paulina Veloso, para estudiar la agenda legislativa de los próximos días, a fin de apurar el trámite de las iniciativas que forman parte de las 36 medidas de Michelle Bachelet para sus primeros 100 días de gestión, así como las que comprometió para satisfacer las demandas de los secundarios.
Entre los proyectos destacan la reforma constitucional que permitirá a los chilenos recurrir a los tribunales para que se les garantice la calidad de la educación y que, según la propia mandataria, sería enviado este martes al Congreso.
El presidente de la Cámara de Diputados, Antonio Leal (PPD), señaló que esta iniciativa "no es idéntica, pero es parecida a un proyecto que ya estaba presentado por algunos parlamentarios, que se refería a los derechos a la educación", pues la anunciada por la mandataria "se refiere al derecho constitucional, al derecho a la educación".
Precisó el sentido de la reforma, en el sentido de que si bien «todos los derechos constitucionales pueden ser reclamados a través de recursos de protección, el problema es que hay que establecerlo en la ley".
Reforma de pacotilla
Sobre la modificación a la Ley Orgánica de Constitución de la Enseñanza LOCE) existen diversas posturas a nivel parlamentario. El senador Roberto Muñoz Barra (PPD), dijo que "una modificación a esa ley no se hace de la noche a la mañana y, si alguien intentara hacer una cosa como esa, sería una reforma de pacotilla".
Explicó que para ello "se va a constituir un consejo integrado por diversos actores que propondrá al gobierno diversas modificaciones, ya que si se toma una decisión unilateral sería tirarle más bencina a la movilización y mucho más, fuerte porque los jóvenes se sentirían excluidos, ya que ellos tienen una medida bien clara sobre la materia".
A su juicio, "no es conveniente que nosotros participemos en el Consejo Asesor Presidencial, ya que el debate parlamentario se hará en el Congreso".
En la misma línea, el senador socialista Alejandro Navarro es partidario de un proyecto de ley que sea discutido en su totalidad en el Parlamento. "Esto no lo resuelve sólo el gobierno y si la Concertación tiene diferencias, entonces, que se expliciten en el debate parlamentario, ya que la contradicción fundamental está con la derecha".
Navarro es partidario de «la libertad de enseñanza, pero no de la libertad empresarial, no queremos persistir que la educación sea un negocio. Está bien que cada cual enseñe lo que debe, de acuerdo a la ley y a la Constitución, pero tenemos discrepancias en el sentido de que esta libertad dé paso a que los colegios particulares ganen dinero en desmedro de los municipios, que es lo que el gobierno debe garantizar a través del Estado».
Agregó que "este proyecto de ley debe ir ahora, el Parlamento puede ser un aporte. Nos negamos a la posibilidad de ser buzones, es decir, que los proyectos vayan hechos. El Parlamento debe discutir y que se expliciten las diferencias: defender la libertad de enseñanza o empresarial. Los jóvenes tiene derecho a saber porque la LOCE no avanza».
"El Gobierno no resuelve esto por si solo, se resuelve en el Parlamento, no hay consensos. Los jóvenes tienen derecho a conocer las posiciones de cada actor", puntualizó el legislador.
Otras iniciativas
Entre los acuerdos del Gobierno con los parlamentarios oficialistas se encuentra el darle «suma urgencia», para que sea visto esta semana, al proyecto de ley sobre la bonificación de $ 18 mil que favorece al millón 200 mil familias más pobres, para paliar las alzas de los combustibles.
Las otras iniciativas que se verán durante junio son el fondo de los combustibles, que vence el 30 de junio, la creación del Ministerio de Seguridad, la derogación o el cambio del sistema binominal, la situación tributaria de las PYME, el aumento de la asignación familiar para que familias puedan solventar el transporte escolar, y el servicio civil alternativo.
Además, la próxima semana se verá el proyecto de inscripción automática, otra de las medidas que planteó Bachelet en su programa de gobierno. El problema que se vislumbra es que, si bien todos los partidos están de acuerdo en promover dicha iniciativa, la piedra de tope es el voto voluntario, que no contaría con el apoyo de la DC, a diferencia del bloque PS-PPD.
El subjefe de la bancada del PPD, diputado Jaime Quintana, indicó que «el voto voluntario se discutirá el próximo martes ya que el tema es un compromiso de la Presidenta Bachelet y de las 36 medidas».
