No sólo denuncias de abusos sexuales afectan a la organización de beneficencia a cargo de menores en riesgo social. A ello se suman la poca claridad que existiría en los manejos financieros de la institución, así como el nombramiento de ex personal de confianza de la administración de Delia del Gatto en el Sename en cargos directivos de la institución.
La Fundación «Mi Casa», que acoge a menores en riesgo social, se encuentra cruzada por una serie de cuestionamientos que no sólo involucran denuncias de abusos sexuales o manejos financieros de sus antiguas autoridades en el marco del llamado caso Riggs, sino que también producto de la llegada de Delia del Gatto, ex directora del Servicio Nacional de Menores (Sename), a la gerencia general.
De hecho, un volante con una serie de acusaciones contra la ex funcionaria pública ha circulado en las últimas semanas en la comuna de La Reina, donde se cuestiona que ella asuma en este cargo sin haber cumplido los seis meses que establece la Ley Orgánica Constitucional de Bases Generales de la Administración del Estado, para que un director de servicio se incorpore a una de las instituciones que le tocó supervisar durante su gestión.
El panfleto, suscrito a nombre de los Funcionarios de Fundación Mi Casa (Fumica), también cuestiona la eventual elevada remuneración de Del Gatto frente a los desmejorados sueldos que reciben los trabajadores, y el déficit en materia de vestuario, alimentación, infraestructura y medicina para los menores.
La organización también "reflexiona y lamenta profundamente lo acontecido" con Hans Pozo, el joven descuartizado de Puente Alto, pues se asegura que fueron las políticas implementadas por la funcionaria las que lo llevaron a abandonar el hogar N° 3 de la Fundación y refugiarse en las calles.
Denuncia a la Contraloría
Sin embargo, no sólo los trabajadores de la Fundación Mi Casa han manifestado reparos respecto a la llegada de Delia del Gatto a la institución, ya que paralelamente la asociación de funcionarios del Servicio Nacional de Menores (Afuse) hizo una denuncia, el pasado 25 de mayo, ante la Contraloría General de la República por esta situación.
Sin embargo, el ente contralor respondió que no tiene facultades para investigar el tema, toda vez que Delia del Gatto es una ex funcionaria pública, por lo cual carece de atribuciones para ello. La designación de la aludida militante de la DC en la gerencia general fue resuelta por el comité ejecutivo de la institución.
Más allá de eso, los funcionarios del Sename también acusan que el interventor nombrado por la mencionada ex directora, Rodolfo Bonnafos Gandara, siga a cargo de la gerencia de Finanzas de la Fundación, mientras que su actual gerenta técnica, Ana María Cerda, fue la ex jefe de gabinete de Del Gatto en el mencionado servicio gubernamental.
El papel del mencionado encargado de Finanzas, además, genera una serie de suspicacias al interior de los trabajadores de «Mi Casa», dado que durante su gestión, entre mayo de 2003 y mayo de 2004 , decidió vender cerca de 12 propiedades que eran patrimonio de la institución, por un monto calculado en 2.500 millones de pesos.
«Nosotros esperábamos que con ese dinero se pagaran una serie de finiquitos de personal que debía ser despedido por la disminución en el número de niños que se atendían. Pero ello no sucedió y aún no existe claridad sobre cuál fue el destino de esos recursos», sostuvo un representante sindical de la Fundación.
En ese sentido, instó a la actual administración a «esclarecer en qué se utilizó ese dinero», considerando que es «absolutamente necesario para lograr una cohesión al interior del organismo».
En tanto, fuentes allegadas a la ex directora del Sename sostuvieron que todas estas imputaciones sólo son producto de eventuales «revanchismos políticos».
Abusos sexuales
Por otra parte, la indagación llevada a cabo por la Fiscalía Sur de la Región Metropolitana sobre al menos siete denuncias de ultrajes sexuales efectuados, presuntamente, por integrantes de la Fundación contra menores de entre 5 y 16 años de una comunidad de acogida de La Cisterna, estaría enfrentando serios obstáculos para lleva adelante la investigación.
En ese sentido, cercanos a la fiscal a cargo del caso, Greta Fuschlocher, coincidieron en que los miembros de "Mi Casa" no habrían prestado ninguna colaboración para aclarar estas imputaciones.
Este hecho incluso habría motivado que los menores afectados fueran trasladados al hogar Galvarino, para protegerlos de eventuales presiones de las que estarían siendo víctimas para hacerlos desistirse de sus acusaciones.
Pese a esto, la formalización de cargos contra unos diez funcionarios de la institución sería inminente, según han publicado algunos medios de prensa, bajo las figuras delictuales de estupro, violación y abusos deshonestos.
