Aunque los generales Juan Arab, del Ejército, y Renato Nuño, de la FACH, admiten que se debe perfeccionar el sistema, adelantan que la discusión se centrará en el juzgamiento a civiles. El primero cree que se debe mantener la competencia para hechos que afecten la seguridad nacional, mientras que el segundo cree que hay casos técnicos que deben ser conocidos por esta magistratura.
Un respaldo a la necesidad de reformar los tribunales militares, para cumplir con un reciente fallo de la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) que obliga a Chile a introducir cambios en un «plazo razonable», manifestaron los auditores de la Fuerza Aérea y del Ejército, generales Renato Nuño y Juan Arab, respectivamente.
Si bien los altos oficiales apoyan que los tribunales castrenses sean abiertos y públicos, tal como ocurre con la reforma procesal penal, reconocen que probablemente la discusión estará centrada en si estas magistraturas son competentes exclusivamente para juzgar a militares o, como sostienen ambos, contemplar algunas excepciones para investigar a civiles.
«Hay un fallo de la CIDH que vincula al Estado de Chile, entonces ¿por qué mi posición personal tendría que ser contraria a la de los reglamentos jurídicos si soy abogado?», dice Nuño, agregando que «si la justicia penal se reformó en nuestro país, no veo razón para que la militar -que forma parte de la justicia del crimen- no se adapte a los principios de la reforma procesal penal».
Si bien reconoce que «el fallo dice que en términos generales debe adaptarse a los estándares internacionales de justicia militar y, en ese efecto, no debería procesar civiles», llama la atención que cada país debe enfrentarse «con su realidad, con su tradición y su idiosincrasia».
En ese aspecto, ejemplificó lo que ocurre con los Juzgados de Aviación, que puede investigar y sancionar delitos contemplados en el Código Aeronáutico, sean cometidos por pilotos civiles o militares. «El tema es que hay un principio de especialidad, una razón técnica y jurídica", sostiene.
«En su momento, cuando se dictó el Código Aeronáutico el año 90, fue la propia comunidad aeronáutica civil (clubes de pilotos, federación aérea de Chile, entre otros), que prefirieron quedar sujetos a los Juzgados de Aviación, no porque fuese un tribunal militar, sino porque reúnen una condición de tecnicidad. Por eso digo que cada país con su cultura y su idiosincrasia. Ése es un tema que se debe revisar», detalla.
En el caso de la policía uniformada, recuerda que "desde que se sustrajo la ofensa a Carabineros de los tribunales militares, si el autor es un civil, nunca más se procesó a nadie como eventual autor de ese delito"; mientras que en septiembre de 2005 se aumentaron las penas para el maltrato de obra, con lo que a su juicio se ratificó "la competencia en los tribunales militares".
Requerido sobre cuándo podrán estar listos los cambios a la justicia castrense, dice que "no creo que salga de aquí a fines de año. El Código de Justicia Militar contiene aspectos procesales y penales, y lo importante es hacerlo bien antes que apurarse".
"Se debe modificar"
En tanto, el general Arab, quien se hizo conocido por investigar el caso Antuco, asegura que "hay uniformidad en que se debe modificar el Código de Justicia Militar, en eso no hay discusión".
Explica que «hay consenso unánime de todos los estamentos en que los cambios que se introduzcan deben obedecer a los parámetros y a los principios de común aplicación en todos los ordenamientos jurídicos", como que los juicios sean orales y públicos .
Consultado si la justicia será sólo para los militares, reconoce que "ese es uno de los puntos más álgidos de la modificación y creo que hay que estudiarlo con una mentalidad de Estado, pensando en qué es lo mejor que salvaguarda los bienes jurídicos de la República".
-¿Usted qué piensa al respecto?
-Participo de la idea de que en general debe conocer de delitos militares y, excepcionalmente, asuntos en que estén involucrados civiles, como los delitos que atenten gravemente en contra de la defensa nacional, como grupos armados o milicias que se forman para atentar en contra de la seguridad nacional.
-¿Qué pasa con los militares una vez que se apruebe el TPI?
– Hay que verlo en su momento. Entiendo que lo que en definitiva se busca es que la justicia militar responda a los factores y a los parámetros que se le exigen a todas las justicias y, en la medida que se den cumplimiento y satisfacción a eso, no tendría por que haber una posición contraria a que civiles sean enjuiciados por la justicia militar.
-¿Usted estaría de acuerdo que militares podrían ser juzgados por el TPI?
-No me parece que es lo correcto.
______________________________________
Artículos relacionados
»Justicia militar no es coherente con las normas de debido proceso» (26 de diciembre del 2005)
Condenan al Estado chileno a perfeccionar normas de la justicia militar (16 de diciembre del 2005)
Humberto Palamara: »En Chile se me hizo aparecer como un traidor» (25 de julio del 2005)
