Magistrado del Séptimo Juzgado de Garantía de Santiago envió respuesta a sus superiores, aclarando que su visita a la ex Penitenciaría, donde comprobó dramática situación de hacinamiento, fue a petición de un detenido en el recinto penal, en el marco de un proceso judicial que le toca conocer. La labor realizada por Urrutia fue respaldada por parlamentarios de la UDI.
Ante la solicitud con carácter de «urgente» que instruyó el Pleno de la Corte de Apelaciones de Santiago, el titular del Séptimo Juzgado de Garantía de Santiago, Daniel Urrutia, envió un informe en el que defiende sus facultades para intervenir en la grave situación de hacinamiento que afecta a la ex Penitenciaría, donde reclusos duermen en la intemperie debido a la falta de infraestructura.
En el documento, el magistrado explica a sus superiores jerárquicos que la visita que realizó la medianoche del pasado 22 de junio para conocer la situación de cerca de 80 reclusos, fue motivada por una denuncia interpuesta por uno de los imputados en las causas de las que le toca conocer, quien se presentó al tribunal con sus ropas húmedas después de una noche de lluvia.
En ese sentido, afirmó que el procedimiento se enmarcó en una petición de parte, dentro de un proceso criminal a su cargo.
Además, Urrutia sostuvo que el artículo 150 del Código Procesal Penal -que instauró la reforma procesal penal- le confiere la obligación de velar por la situación en que se encuentran los imputados privados de libertad.
Por ello, añade, en uso de esas facultades ofició al alcaide del recinto, Jorge Ojeda, y luego al director metropolitano de Gendarmería, Eduardo de la Barra, para que en forma perentoria se le dieran una solución a estas deficiencias.
De hecho, el primer plazo que se le impuso a Ojeda vencía el 30 de junio, el que se extendió hasta este jueves 27 de julio, luego que recurriera ante su superior. Sin embargo, el tribunal de alza dejó todo en suspenso hasta estudiar el informe presentado por Urrutia.
Según el magistrado, las condiciones en las que se encuentran recluidos los internos implican una vulneración de las propias normas que rigen a Gendarmería, así como los tratados internacionales de derechos humanos suscritos por Chile.
Posible sanción
La decisión del Pleno de la Corte de Apelaciones de Santiago, que tuvo ocho votos en contra, de solicitar informes al juez Urrutia podría dar lugar a una medida disciplinaria contra el magistrado, pues algunos consideran que estas acciones pueden revestir un afán de figurar por su parte.
De hecho, tras el primer pronunciamiento del juez, dado a conocer por El Mostrador.cl, el 29 de junio, algunos ministros del tribunal de alzada habían planteado que Urrutia se había excedido en sus facultades al exigir plazos perentorios a un organismo que no depende del Poder Judicial.
No obstante, la corriente más liberal de la Corte se logró imponer y sólo se decidió transmitir la resolución al Ministerio de Justicia.
Sin embargo, tras el segundo plazo establecido por Urrutia se aprobó pedirle explicaciones sobre su accionar, que el tribunal de alzada, con el informe en su poder, probablemente analice el próximo lunes en su tradicional ampliado de ministros.
Respaldo de la UDI
Por otra parte, este jueves los diputados Marcelo Forni y Gonzalo Uriarte y el senador Andrés Chadwick ( todos de la UDI) visitaron al titular del Séptimo Juzgado de Garantía, para apoyarlo en sus denuncias al respecto.
Durante la entrevista, los parlamentarios se interiorizaron de las resoluciones del magistrado sobre su inspección a la calle 11 de la ex Penitenciaría, luego de lo cual calificaron como «una vergüenza moral de total indignidad" la situación de la mayoría de las cárceles nacionales, considerando que el déficit de espacio cubre sólo el 70% de las necesidades de reclusión.
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