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Descartada posibilidad de euta

Alianza 'aprueba' polémico proyecto sobre Derechos y Deberes de Pacientes

por 22 agosto, 2006

Aunque inicialmente la renovada iniciativa había sido recibida con resquemores en la oposición, tras un análisis más acabado parlamentarios de la UDI y RN llegaron a la convicción de que el gobierno no busca instaurar la eutanasia. Aunque el bloque de centroderecha anunció algunas indicaciones, se augura un rápido despacho para un texto que dormía en el Congreso desde 2001.

Tras varios años durmiendo en el Congreso, el Gobierno 'despertó' nuevamente el proyecto de ley de deberes y derechos de los pacientes al enviar, hace dos semanas, una versión corregida a la Cámara de Diputados. La iniciativa debía ser analizada este lunes, pero se postergó hasta el próximo martes debido a la toma del Palacio Ariztía por parte de algunos transportistas.



El texto contempla el derecho al acceso de la atención en salud, el derecho a la información del paciente acerca de su estado de salud, de la reserva de la información contenida en la ficha clínica, entre otros.



Sin embargo, también incluye otros más complejos, como el de la decisión informada (artículo 14), que es "el derecho de toda persona a otorgar o denegar su voluntad para someterse a cualquier procedimiento o tratamiento vinculado a su atención de salud". Ello es especialmente delicado cuando se trata de personas en estado terminal.



Fue este último punto el que más resquemores generó en su tramitación anterior, ya que parlamentarios tanto de la Concertación como de la Alianza señalaron que daba pie a la legalización de la eutanasia. Sin embargo, en la redacción actual el Ejecutivo advierte que "por la importancia ética, práctica e incluso política, esta materia se ha regulado de manera especial, rechazando expresamente la aceleración artificial del proceso de muerte".



Salvo una serie de pequeñas ambigüedades, la oposición evaluó favorablemente el texto, por lo que éste quedó con grandes posibilidades de pasar a su votación en general a la Sala con relativa rapidez, para luego recibir algunas indicaciones en la Comisión de Salud de la Cámara.



Alianza aprobaría proyecto



En general, los parlamentarios de la Alianza miembros de la instancia aprueban el sentido general del proyecto, aunque con algunas precisiones.



El artículo en cuestión que los dejó absolutamente tranquilos es el n° 17, que establece que "en el caso que se trate de una situación en que la persona fuere informada por el profesional tratante de que su estado de salud es calificado como terminal, el rechazo de los tratamientos no podrá implicar como objetivo la aceleración artificial del proceso de muerte".



El diputado Francisco Chahuán (RN) señaló que si bien debe leer el proyecto con mayor profundidad, reconoció que "si insiste en la redacción que le dio (Marcelo) Forni (diputado de la UDI), nosotros estamos dispuestos a darle luz verde. Si insiste en un articulado abierto respecto de la decisión informada, dando pie a una forma de eutanasia, no lo vamos a aprobar"



Si bien se manifestó favorable al derecho del "buen morir", se mostró contrario a cualquier tipo de eutanasia, tanto activa como pasiva. Lo mismo opinó su par de bancada Roberto Sepúlveda, quien se mostró partidario de "hacer algunas precisiones en la definición de la decisión informada que dejen fuera en forma definitiva cualquier posibilidad de legislar sobre la eutanasia".



"Podemos decir que es un proyecto bastante acotado y bastante mesurado y salvo unas pequeñas indicaciones es probable que la Alianza le entregue su apoyo", agregó el diputado.



Por su parte, Juan Lobos (UDI) se mostró satisfecho con el alcance del texto, ya que "nosotros esperábamos que insistiera por el lado de la eutanasia pasiva, pero afortunadamente no es así. De hecho, la única objeción que tengo es en la definición de estado terminal como un estado de salud precario. Creo que falta precisar qué significa precario, porque puede generar dobles interpretaciones".



"Respecto a la decisión informada, incluso le deja espacio a la persona a arrepentirse a última hora y de manera verbal, aunque para negarse a recibir un tratamiento debe hacerse en forma escrita, lo cual es positivo. También incluye deberes para los pacientes, lo cual es muy bueno, ya que siempre se había hablado de derechos", señala Lobos.



En todo caso, expresó que antes de darle su venia "primero hay que estudiarlo a cabalidad, porque a veces un punto o una coma puede cambiar el sentido de una frase", puntualiza, resaltando los aspectos positivos.



Una larga travesía



El proyecto era uno de los pilares de la Reforma a la Salud y fue enviado el 12 de junio de 2001 al Parlamento cuando precisamente la ministra de Salud era Michelle Bachelet. Desde el comienzo contó con la oposición la iglesia Católica, el Colegio Médico y parlamentarios de la DC y la oposición, por considerar que podía abrir espacios para la eutanasia.



Recién a fines del 2002 el proyecto fue analizado por la comisión de Salud de la Cámara que le introdujo, por unanimidad, una indicación tendiente a precisar el término del consentimiento informado. Éste quedó definido como "la persona que fuere informada de que su muerte es inminente e inevitable tiene derecho a otorgar o denegar su voluntad para someterse a cualquier intervención, procedimiento o tratamiento cuyo único objetivo se prolongar artificialmente su vida, de modo irracional o desproporcionado".



De ahí la iniciativa pasó a la sala donde fue aprobada en general. Sin embargo, varios parlamentarios sugirieron nuevas indicaciones, por lo que se decidió darse más tiempo para su análisis. Después permaneció durmiendo en la comisión de Salud, hasta que en marzo pasado, a fines del gobierno del Presidente Lagos, se decidió quitarle la urgencia simple y archivarlo.



Este año nuevamente se generó revuelo cuando Bachelet anunció que repondría el proyecto. Luego vino la polémica por la presentación de un proyecto de eutanasia por parte de diputados PS y PPD, provocando una crisis y una división valórica al interior de la Concertación. Incluso hubo una moción de censura contra la mesa de la Cámara de Diputados, por considerarse que el proyecto era inconstitucional al atentar contra el derecho a la vida, garantizado por la carta magna.



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