Eduardo Sepúlveda cree la reforma debe ir acompañada de mecanismos de control que aseguren a la ciudadanía que éstas serán cumplidas, y que efectivamente corresponden a una sanción. En entrevista con El Mostrador.cl, el Defensor Nacional Público también aborda el tema de la posible autonomía y responde las críticas contra el trabajo del organismo.
El anuncio del ministro de Justicia, Isidro Solís, respecto a que el Gobierno se encuentra estudiando cambios a los mecanismos de medidas alternativas y de ejecución de penas, fue recibido con satisfacción por el Defensor Nacional Público, Eduardo Sepúlveda.
Esto, por cuanto considera que de algunas de esas modificaciones depende que no sean infructuosos los esfuerzos para lograr, de manera efectiva, la reinserción social de las personas que han debido cumplir condenas en la cárcel.
Entrevistado por El Mostrador, el jefe de los defensores públicos del país sostiene que se trata de un tema que resolverá problemas como la sobrepoblación carcelaria, que crece a pasos agigantados por la rapidez con que se resuelven las causas en el nuevo sistema procesal penal, pero que también requerirá de la creación de organismos encargados de controlar el cumplimiento de las penas alternativas como las de prisión.
«Somos plenamente partidarios de esto, porque creo que ayudaría de manera muy significativa a que la ciudadanía sepa que, al momento que se dicte una sentencia, aún una sentencia que no sea privativa de libertad, es una sanción que debe ser cumplida y debe ser controlada", sostiene.
– ¿Cómo se puede evitar que esos mecanismos no sean interpretados por la ciudadanía como señales de una justicia más permisiva con los delincuentes?
– Desde luego que hay que mirar ese interés de la ciudadanía, pero esto merece una discusión más profunda, Nosotros en Chile tenemos 243 personas privadas de libertad por cada 10.000 habitantes. Somos prácticamente el tercer país en América, luego de Panamá, y estamos muy por sobre la media de España y de los países europeos. Lo que hay que pensar entonces es si la privación de libertad es la respuesta que puede dar el Estado efectivamente frente a un hecho de carácter delictivo.
«Lo importante es que éstas penas o fórmulas alternativas ciertamente deben ir acompañadas de los medios suficientes como para que, efectivamente, la ciudadanía esté convencida de que éstas son sanciones y que no es simplemente ir a firmar una vez a la semana u una vez al mes a algún lugar. Sino que tengan el carácter penalizador o sancionador que efectivamente ha querido darle el legislador, pero que a su vez, signifique una oportunidad para esa persona de rehabilitarse y que no incida en los delitos».
Sepúlveda agrega que existen antecedentes estadísticos que confirman que alguien que ha estado privado de libertad "reincide mucho más que aquel que ha tenido la oportunidad de una sanción de una pena que la ha podido cumplir mayoritariamente en libertad". Por eso, advierte, es un tema que debe ser discutido más a fondo, para evitar además que las personas que ya han pagado por sus faltas queden estigmatizadas de por vida.
Casi medio millón de defensas en cinco años
En otro ámbito, el defensor nacional hizo un positivo balance de la gestión de la institución, y no ocultó su satisfacción frente a los resultados de la aplicación de la reforma procesal penal, tanto en Santiago, como en el resto de las regiones del país.
-¿Cuáles son las cifras oficiales respecto al trabajo de la Defensoría?
– Nosotros en estos días estamos alcanzando la cifra de 450.000 imputados que hemos defendido en los cinco años. Es decir, con nuestra dotación, de 145 abogados defensores públicos y alrededor de 292 licitados, le hemos brindado la atención que la sociedad chilena ha determinado de cobertura a todo aquel que necesita un abogado y por lo tanto, hemos cumplido plenamente con lo que ha señalado la legislación.
De ese grupo de personas, en general nosotros como funcionarios públicos hemos atendido el 30% de todos aquellos defendidos, y el 70% lo hemos hecho a través de un sistema novedoso, único en el mundo, de licitaciones públicas. Y ningún ciudadano chileno que haya requerido la atención ha quedado sin defensa.
– ¿Cuál es su balance al cumplirse cerca de un año y medio de la llegada del nuevo sistema procesal penal a Santiago?
– Nosotros podemos decir que la instalación de la reforma procesal penal en la Región Metropolitana ha sido exitosa. ¿En qué sentido ha sido exitosa? En primer lugar, porque aquí se comete más del 40% de los hechos delictivos del país, aquí es donde se concentra la mayor cantidad de población y la mayor cantidad de delitos, y es donde han funcionado muy adecuadamente la Fiscalía, los tribunales y de la Defensoría.
Esto trae como consecuencia, de manera natural, que los asuntos que son conocidos por los tribunales, están provocando una justicia mucho más oportuna. De hecho, en comparación al sistema antiguo, hoy las causas se resuelven en 150 a 160 días en promedio, es decir, no más allá de seis a siete meses. Esto es muy importante, porque más que penas duras o muy rigurosas, lo que la ciudadanía quiere es que haya sanciones oportunas y que no se diluyan en el tiempo.
Normalmente, nuestros representados o imputados son personas que carecen de medios económicos, son de bajos estudios, de trabajos esporádicos y por lo tanto carecen de medios para contratar a un abogado de carácter particular, y estamos muy satisfechos, por lo tanto, de haber cumplido la tarea y la misión que nos ha encomendado el Estado.
Proyecto sobre autonomía
Consultado sobre el proyecto que se tramita en el Parlamento y que busca dar a la Defensoría Penal Pública la misma autonomía de la que goza el Ministerio Público, Sepúlveda responde con cautela. Sostiene que a la institución no le ha faltado autonomía para llevar adelante sus acciones, aunque igualmente está muy atentos a lo que resuelva el Poder Legislativo.
"Por cierto a nosotros nos interesa, estamos preocupados desde el punto de vista que haya una discusión profunda sobre estas materias, sobre todo para cautelar plenamente el grado de posibilidades de tener un rango, un nivel, del mismo modo que el Ministerio Público, desde el punto de vista del ejercicio del derecho a la defensa en cada una de las audiencias", indica.
– ¿Qué responde a quienes aseguran que los fiscales trabajan más que los defensores?
– Las funciones que tienen cada una de las instituciones en la Reforma Procesal Penal están suficientemente definidas, y están definidas incluso constitucionalmente. Los tribunales en la actualidad, de Garantía, de Juicio Oral en lo Penal, las cortes de Apelaciones y Suprema están para dilucidar los conflictos, para resolver los conflictos y realizar actividades jurisdiccionales.
Existe otro interviniente, que es el Ministerio Público, cuyas funciones están establecidas constitucionalmente: investigar los hechos que revistan las características de faltas simples, delitos y crímenes, sostener la acusación ante los tribunales y proteger a las víctimas y testigos. Y la Defensoría Penal Pública, que cumple la función de representar a los imputados que carezcan de abogados ante los tribunales para equilibrar el poder del Estado en la persecución.
Sin un fiscal no podría haber acción judicial, y sin un juez donde se planteara la pretensión del Ministerio Público no podría haber resolución de asunto, y si faltaran los defensores, tampoco podría haber resolución judicial alguna, puesto que las normas de un debido proceso exigen la presencia de un abogado en todas las causas. Así que la ciudadanía tiene que entender las cosas de este modo: no es que uno trabaje más que otros, sino que cada uno está cumpliendo, en el ámbito de sus funciones, las actividades que le corresponden.
– ¿No faltará entonces que la ciudadanía conozca más el trabajo de la Defensoría?
– Desde luego que hay situaciones en que hay mayor visibilidad pública. Al momento que se comete un delito e inmediatamente que comienza la persecución, obviamente empiezan a trabajar rápidamente la policía y los fiscales.
La ciudadanía necesita estar informada de cuales son los resultados de las actividades que desarrolla la policía o el Ministerio Público, entonces hay una mayor visibilidad en esta etapa, pero luego, cuando esto se judicializa y llega a los tribunales, naturalmente empiezan a activarse los otros actores, en este caso, los intervinientes: los tribunales y la contraparte, que somos nosotros, que representamos a todos los ciudadanos que han sido imputados en este sentido.
Con respecto a la imagen que tiene la ciudadanía del nuevo proceso, todavía hay bastante que avanzar. En el conocimiento del nuevo sistema, hay un margen todavía de personas que no conocen todavía la mecánica propia del nuevo sistema y estamos trabajando precisamente en torno a que haya ese conocimiento en términos generales.
Defensores juveniles
El defensor nacional también se refiere a las tareas que está desarrollando actualmente el organismo, destacando como uno de los objetivos la preparación con miras a la entrada en vigencia de la postergada ley de responsabilidad penal adolescente.
Por ello, se están capacitando los 40 abogados que cumplirán funciones como defensores juveniles, quienes se encuentran atendiendo a jóvenes entre 16 y 18 años y que a partir del 8 de octubre de 2007, comenzarán a atender a quienes tengan entre 14 y 16 años.
«Esta es una preocupación importante para nosotros, se aproxima un gran desafío. Se van a incorporar a ser eventuales sujetos responsables de hecho los menores de 14 a 16 años, no sabemos cuántos, qué tipos de delitos pudieren cometer, entonces nos estamos preparando para que esos jóvenes tengan la mejor defensa posible", puntualiza.
