Diputado y presidente de la comisión de Defensa de la Cámara señala que, a raíz de la muerte de un trabajador en el regimiento Buin, urge cambiar la competencia de los tribunales castrenses. »Creo que las autoridades democráticas han creído que modificar la justicia militar es agregarse un nuevo conflicto con las FFAA, que, a juicio de ellos, puede haberles parecido innecesario o exageradamente perturbador».
No sólo con el comandante en jefe del Ejército, general Óscar Izurieta sino que también con la ministra de Defensa, su compañera de partido Vivianne Blanlot, se reunió el diputado Patricio Hales (PPD) para tratar el tema del trabajador muerto el pasado 11 de noviembre al interior del regimiento Buin en extrañas circunstancias.
Junto a los familiares de Hernán Meneses, el presidente de la comisión de Defensa de la Cámara ha hecho ver a las autoridades la necesidad de cambiar la competencia de la justicia militar para los casos de delitos comunes que involucren a civiles y uniformados. En ese sentido, el parlamentario señala que la ministra Blanlot, por primera vez en 15 años, se comprometió realmente a eliminar de una vez por todas dicha competencia.
»Privilegio odioso»
A su juicio, "hay un privilegio odioso que ha terminado siendo dañino para las propias Fuerzas Armadas. Tengo la convicción de que la existencia de estas disposiciones de competencia, que hacen que un delito común cometido por un uniformado en contra de un civil sea juzgado por los militares y que no vaya a la justicia ordinaria, como sucede con cualquier chileno, sea sacerdote, médico o diputado, crea irritantes desigualdades".
Para Hales esta situación "es inaceptable, genera una odiosidad en contra de las Fuerzas Armadas, atenta con el ánimo conciliatorio, no contribuye al acercamiento entre civiles y militares y no hace sentir que éste es el Ejército de todos los chilenos".
Recordó que desde 1992 se han presentado cuatro mociones para eliminar la competencia de la justicia castrense y ninguna de ellas ha sido apoyada por el gobierno, por lo que "estas iniciativas de los diputados han terminado en el tacho de la basura", toda vez que «no hemos contado con el apoyo del gobierno».
Temor a posible conflicto
Hales comentó que cuando se reunió con el general Izurieta, "éste me precisó que hizo hincapié en sostener el punto relativo a que la justicia que hoy existe para juzgar estos hechos es la militar y que no es su misión el producir las modificaciones a las normas judiciales del Estado de Derecho; por lo tanto, debemos entender que el curso de los acontecimientos judiciales se tiene que dar donde la ley lo indica".
Contó que frente a eso le respondió que "no está en mi dudar de la obediencia que se debe tener respecto al imperio de la ley y le expresé que mi juicio valor es negativo con respecto a los procedimientos de la justicia militar".
-Hace casi un año que hay un fallo de la Corte Interamericana que obliga al Estado de Chile a cambiar la justicia militar. ¿Por qué no se han introducido las modificaciones correspondientes?
-No ha habido voluntad política de los gobiernos de la Concertación para cambiar la justicia militar y hay una deuda con lo prometido desde 1989.
-¿Por qué no existe esa voluntad política?
-Tengo un enfoque distinto de la forma en que se debió haber manejado este tema de la relación entre las Fuerzas Armadas y los gobiernos democráticos. Creo que las autoridades democráticas han creído que modificar la justicia militar es agregarse un nuevo conflicto con las Fuerzas Armadas, que, a juicio de ellos, puede haberles parecido innecesario o exageradamente perturbador.
Comportamiento «débil»
-Pero ya han pasado 16 añosÂ…
-Tengo una sensación negativa. Creo que se han comportado de una manera deficiente en ese plano y en forma débil, sin convicción democrática suficiente para entender que esta promesa no constituye una agresión a las Fuerzas Armadas.
– La Presidenta ha dicho que los fallos internacionales se cumplen, pero ¿qué pasa con el que obliga a modificar la justicia militar?
-Hay una cuestión de principios, de convicción insuficiente de parte de los gobiernos democráticos. No han tenido la voluntad suficiente para haber podido dar curso a este principio de igualdad ante la justicia. Han creído que mejoran las relaciones y se abuenan con las Fuerzas Armadas, dándoles una supuesta satisfacción con la justicia militar y se equivocan.
-¿Cuál es el error?
-Esa acción o esa omisión, en rigor, quiere decir que no han entendido y todavía no entienden a las Fuerzas Armadas. Al Ejército le hace daño esta excesiva injerencia de la justicia militar porque crea odiosidad, animadversión y resentimiento.
-Em la muerte del trabajador Meneses, ¿usted no confía en la justicia militar?
-Tengo una mala opinión del curso que está siguiendo el caso en la justicia militar. Se están cometiendo y se ha comenzado filtrar desde los primeros días determinadas informaciones del proceso, como por ejemplo, el hecho de que la causa de la muerte habría sido la caída de un muro. Después aparece contradictoriamente el fiscal diciendo que hubo violencia innecesaria y, por otro lado, me pregunto que si la causa de muerte es que se cayó la pandereta, entonces por qué después le pegaron. ¿Por qué no se le llevó al servicio de salud?. Las propias filtraciones de la fiscalía generan una desconfianza del actuar de dicho tribunal.
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