Segundo a bordo de la Secretaría General de Gobierno está confiado que el 2007 estará vigente esta normativa, en un país que admite es »discriminatorio». Maldonado cree que será un paso adelante ya que la gente »va a comenzar a tomar conciencia de que hay conductas, que socialmente o culturalmente eran normales, ahora con los principios modernos no son tolerables».
Si hubiera estado en vigencia una legislación que sancione actos de discriminación, la negativa de los propietarios de un restaurante de Ñuñoa de negarse a atender a un grupo de personas con síndrome de Down no habría quedado impune. De hecho, los afectados podrían haber pedido una indemnización por daños y perjuicios ante los tribunales de justicia.
Eso es lo que busca el proyecto de ley que actualmente discute el Congreso, que fue ingresado como mensaje el 22 de marzo del 2005 y al que la Presidenta Michelle Bachelet le puso urgencia. Se espera que en el transcurso de enero la iniciativa sea votada por la Sala del Senado, tras lo cual iniciará su segundo trámite en la Cámara de Diputados.
Uno de los responsables del tema a nivel del Ejecutivo es el subsecretario de la Secretaría General de Gobierno, Carlos Maldonado, quien está confiado que en 2007 la propuesta será despachada. "Una vez que se apruebe la ley se va a constituir un hito histórico porque no ha existido nunca en Chile una ley especifica en contra de la discriminación", asegura.
Maldonado es consciente de que Chile es un país discriminador y que "como sociedad chilena hay poco conocimiento y conciencia de cuánta discriminación existe y el daño que se hace a las personas en su desarrollo personal e integración social cuando ello ocurre".
Para el subsecretario radical, la discriminación "es un fenómeno social y cultural que, según muestran los estudios y las encuestas, está bastante extendido en nuestro país. Sin embargo, no se contaba con una herramienta jurídica que permitiera prevenirlo y combatirlo".
"Chile es un país discriminador. Los estudios lo demuestran, hay discriminación por motivos sexuales, económicos, sociales y por discapacidad, pese a que se ha ido avanzando mucho. Hay una institucionalidad que atiende el tema de la discapacidad", agrega.
Modificaciones
-¿Cuáles fueron los cambios que le hicieron al proyecto original?
-Estamos estableciendo en materia penal que cuando un delito se cometa por motivo de discriminación, sexo, raza, etnia, color, sea un agravante mayor. Si es un delito de lesiones que se provocó por la raza de la víctima va a tener, por ejemplo, la pena de lesiones aumentada en un grado.
Se establece como delito penal la propagación del odio y la agresión a personas por discriminación. De esta manera, las personas que hacen públicamente un llamado a discriminar o agredir a un determinado grupo va a ser expuestas a una sanción final.
-¿Cómo han trabajado el tema?br>
– Una cosa que hacemos es identificar los casos concretos en que se produce discriminación y tomar contacto con las personas que lo han sufrido, tomar los antecedentes. El primer propósito es sensibilizar a la opinión pública, es decir, que se tome conciencia de la lucha cultural contra la discriminación. En cuanto una persona se da cuenta de los actos discriminatorios se empieza a revisar la conducta propia y pueden evolucionar hacia una concepción más abierta, más tolerante y respetuosa de la diversidad.
-¿Qué ha aprendido con el tema?
-Todos los hechos de discriminación nos permiten identificar claramente las causas y los efectos muy dañinos que provocan en la autoestima. Una vez que esté aprobada la ley estos casos pueden ser abordados de una manera mucho más eficaz por la sociedad, porque los afectados van a tener la posibilidad de presentar recursos judiciales para pedir que se repare la conducta discriminadora, se ponga término al acto o conducta discriminatoria, y una indemnización por daños y perjuicio.
-¿Qué espera de la sociedad cuando esté aprobada la ley?
-Más importante que los hechos concretos que respetamos mucho, va a ser el ejemplo que va a producir en la sociedad la existencia de esta ley. Nosotros propusimos que la Corte de Apelaciones sea la que conozca de estos recursos, al igual que los de amparo, y se pronuncie, en un procedimiento desformalizado, en forma bastante expedita para ver si existe o no discriminación, declare la posibilidad de indemnizar los perjuicios y además apliquen multas a los que haya incurrido en la conductas discriminatoria.
Eso va a ser un ejemplo muy fuerte para la sociedad y la gente, que va a comenzar a tomar conciencia de que hay conductas, que probablemente, eran consideradas socialmente o culturalmente normales, ahora con los principios modernos de integración social y de respeto a la diversidad son conductas que no son tolerables.
