Aunque el Mideplan dijo que desde 2004 sólo diez favorecidos no cumplieron con su obligación de retribuir el beneficio al Estado, en la Alianza criticaron que el Gobierno valide la mera reposición de los fondos entregados. »Si van a limitarse a devolver la inversión monetaria del Fisco, quedémonos con los créditos Corfo», reclamó el RN Cristián Monckeberg.
Coincidiendo en que es imperioso evitar que la Beca Presidenta de la República se convierta en un simple crédito, ante la posibilidad de que varios de los favorecidos no regresen a Chile a retribuir la inversión fiscal, parlamentarios de la Alianza instaron a evaluar el «beneficio social» que ha supuesto para el país la entrega de esta subvención.
Si bien la ministra de Planificación, Clarisa Hardy, aseguró que desde 2004 sólo diez profesionales no han cumplido con ese compromiso -aunque reconoció que existe un número mayor que aún siendo investigado, pero ya se habría descartado el dolo-, en la oposición cuestionaron que se acepte como una solución válida la mera devolución del dinero.
Hardy se excusó de revelar las identidades de estas personas, principalmente porque el tema ya está en manos del Consejo de Defensa del Estado (CDE), que en definitiva será la entidad encargada de entablar eventuales acciones legales para la recuperación de los fondos.
De acuerdo a los datos entregados por la autoridad, desde 1981 a la fecha un total de 2.274 personas han sido favorecidas con el beneficio, la mayoría de las cuales ha accedido a él en los últimos años, debido al paulatino y sostenido incremento de los cupos disponibles.
En la actualidad, los mecanismos para retribuir la inversión fiscal son: trabajar el doble del tiempo que se estuvo becado en un servicio público o en una universidad, o la devolución del dinero. Sin embargo, el informe del gobierno no entregó un detalle respecto a las fórmulas que han utilizado los becarios.
¿Beca o crédito?
Para el diputado Manuel Rojas (UDI), integrante de la comisión de Educación de la Cámara, exceptuando los casos en que exista una situación de fuerza mayor justificada, si se acepta la reintegración del dinero como un mecanismo válido, de alguna manera, más que una beca el beneficio se estaría transformando en un simple crédito.
«Si el objetivo es que ellos con esa plata estudien y después les sale más fácil devolverla, entonces eso se convierte en un préstamo y deja de ser una beca. En consecuencia, quien postula a esta subvención estatal tiene que tener plena conciencia, que debe regresar al país para retribuir lo invertido por el fisco», resalta.
En la misma línea, el vicepresidente de RN, Nicolás Monckeberg, considera que "obviamente devolver los dineros no es la mejor solución, efectivamente la mejor alternativa es que mediante el cumplimiento de los requisitos el Estado le pueda sacar provecho a esa gente".
«Si los becados van a limitarse a devolver la inversión monetaria del Fisco, quedémonos con los créditos Corfo y prestémosles plata para que se vayan no más. Creo que el objetivo no es ese sino preparar gente para que después le devuelvan la mano al país de un puesto en un servicio público», agrega.
Beneficio social
El Mideplan indicó que como el objetivo para los próximos años es incrementar el número de postulantes, se estudia flexibilizar algunas trabas, como la exigencia de trabajar el doble de años que duró el postgrado, en vista de que en algunas ocasiones, el profesional no logra encontrar trabajo en los sectores requeridos.
En ese sentido, Hardy anunció que una de las alternativas que están analizando es la posibilidad de que el beneficiado retribuya los fondos fiscales invertidos en sus estudios, desempeñándose en una empresa privada cuyos beneficios sociales estén comprobados; o que trabajen en universidades extranjeras que tengan una estrecha relación con Chile.
Al respecto, Monckeberg estima que para comprobar si una empresa privada cumple beneficios sociales «hay miles de mecanismos, puede ser perfectamente un informe que emita la institución a la que yo le estoy prestando servicios, pero también estos informes podrían ser falsos».
En materia de fiscalización, el dirigente de RN señaló que "para evaluar en qué casos resulta justificado que alguien se quede afuera, hay que ver a qué institución se les va a prestar servicios, si se trata de una organización que presta prestaciones públicas a nivel internacional, puede ser una buena fórmula».
Aunque el diputado UDI considera que necesariamente las personas deben regresar al país, reconoce que existen una serie de alternativas que no pasan exclusivamente por desempañarse en el servicio público o una universidad, como una empresa que genere un beneficio social, tal como lo plantea la propuesta del Mideplan.
«La gente debería volver al país para ser útil a la sociedad chilena, no solamente en el plano del servicio público del Ejecutivo, en la administración del Estado, sino que ese becado puede llegar también y servir en un beneficio en Chile País, en Profesionales Por Chile, o en alguna empresa que pueda tener alguna aspecto de servicio social".
«Entonces, el profesional cuando vuelve con la experiencia adquirida a través de esta beca no hay que limitarlo a que tenga que ingresar a la administración del Estado, pero sí puede tener otras alternativas laborales como empresas estatales tales como Codelco, y no en un servicio público, por los cuales el becado probablemente no se sienta motivado", explica.
El miembro de la comisión de Educación es de la opinión de que si a los becados se les lleva a una gobernación, intendencia o ministerio, muchas veces no van tener el rendimiento que ellos quisieran, y estarán más por cumplir, que efectivamente, por sacar el provecho necesario para retribuir el beneficio que recibieron. Por lo tanto, propone generar incentivos para que el profesional vuelva.
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