Cerca del 50% de los profesionales de los 17 tribunales de alzada fueron renovados por el gobierno para 2007, principalmente por criterios de edad. En Santiago, los cambios afectaron a seis de los quince miembros, entre los cuales se encuentran Hugo Llanos, Luis Orlandini y Ángela Radovic, quienes cumplieron por casi una década esa función.
Una completa renovación de los abogados integrantes de las 17 cortes de apelaciones de todo el país realizó el gobierno, al cambiar a casi la mitad de los profesionales que ejercen esta función en los distintos tribunales de alzada para 2007, terminando, además, con nombramientos que se extendían por casi una década.
El inicio del Año Judicial sorprendió con rostros nuevos en los estrados de las cortes de apelaciones, al renovarse 46 de los 95 abogados integrantes, provocando un verdadero recambio generacional en esta institución que a veces parece cuestionada y que está en vías de modificaciones de parte del gobierno y el Congreso.
De hecho, la tramitación del proyecto de ley que pretende limitar la labor de estos profesionales -que actúan como jueces sin pertenecer a la carrera judicial- fue una de las causas esenciales de la renovación, pues se determinó que ningún abogado mayor de 75 años, edad límite para permanecer en la judicatura, fuera nombrado en el cargo.
De esta manera, quedaron fuera los ex ministros de la Suprema José Luis Pérez Zañartu y de corte de apelaciones Hernán Matus Valencia y Raquel Camposano Etchegaray, que habían postulado a San Miguel -los dos primeros- y a Santiago -la última.
Los abogados integrantes son renovados cada año en las 17 cortes de apelaciones de todo el país y son nominados por el Ministerio de Justicia, que los escoge a partir de una terna remitida por la Corte Suprema para cada uno de los cupos.
Su función es reemplazar en las audiencias a los ministros cuando no puedan ejercer su labor, por lo que participan del debate y el fallo de las distintas causas que llegan a segunda instancia. Cada vez que asisten a una audiencia, reciben una remuneración que corresponde a un treintavo del sueldo de un ministro de corte.
Santiago
En el caso de la Corte de Apelaciones de Santiago, seis de los 15 abogados integrantes fueron cambiados, produciendo una renovación de rostros de más de un tercio. Los abogados Hugo Llanos Mansilla, Luis Orlandini Molina, Ángela Radovic Schoepen, Eduardo Morales Robles, Cristián Pumarino Romo e Ismael Ibarra Léniz se quedaron fuera de la nómina para 2007.
Llanos, Orlandini y Radovic desarrollaron extensas carreras como abogados integrantes del tribunal de alzada, que incluso se prolongaron por más de una década, debiendo volver al ejercicio privado de la profesión.
El primero, especializado en Derecho Internacional, había redactado en 2004 el fallo que condenó a la cúpula de la DINA por el secuestro del militante del MIR Miguel Ángel Sandoval Rodríguez, que por primera vez desestimó la aplicación de la ley de Amnistía para los casos de violaciones a los derechos humanos y que significó la condena del general (R) Manuel Contreras Sepúlveda y sus colaboradores más cercanos.
En el último tiempo, había participado de la sala que acogió un recurso de protección presentado por escolares luego de la denominada "revolución de los pingüinos", contra las expulsiones decretadas por diversos establecimientos educacionales, y en el que se asimiló el conflicto estudiantil a las huelgas de trabajadores, criterio que finalmente no fue respaldado por la Corte Suprema.
Por ello, en la Corte de Apelaciones de Santiago extrañaron su presencia de Llanos, así como la de Orlandini y Radovic, quienes prácticamente se habían convertido en virtuales funcionarios del tribunal de alzada.
Otros tribunales
En el caso de San Miguel, sólo los abogados María Eugenia Montt Retamales, María Donoso Gomien y Jaime Jara Miranda volvieron a realizar la función, renovándose los otros seis cargos.
Uno de ellos fue entregado al también cientista político Ricardo Israel Zipper, que durante varios años había intentado ejercer la función y que incluso presentó su candidatura para Fiscal Nacional del Ministerio Público en 1999.
Otra de las vacantes fue llenada por Tita Aránguiz Zúñiga, hermana del ministro de la Corte de Apelaciones de Rancagua Carlos Aránguiz, conocido por su investigación del denominado caso Coimas.
En las cortes de apelaciones de Valparaíso y Concepción se renovaron tres y seis cargos, respectivamente, de los nueve que corresponden a cada uno y en la de Coyhaique se cambiaron los tres cupos existentes. En Iquique y Puerto Montt, sólo se mantuvo a uno de los tres integrantes y en La Serena sólo Daniel Hurtado Navia se "repitió el plato" en los cinco cupos.
Sólo en la Corte de Apelaciones de Chillán se mantuvieron a los abogados Dictino Niño Morales, Gonzalo Barra Palma y Hugo Fuentealba Salinas, no produciéndose ningún cambio.
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