Quinta subcomisión mixta de Presupuesto requirió a la cartera precisar los antecedentes que esta semana había entregado el ministro Eduardo Bitran. El tema será analizado en la sesión del 4 abril próximo, aunque varios parlamentarios adelantan que la reforma a ley de Concesiones -que sería enviada en el primer trimestre de este año- se hace cada vez más necesaria.
Un fuerte rechazo generó entre diputados y senadores el pago del Ministerio de Obras Públicas (MOP) de cerca de $ 40 mil millones durante el último trimestre de 2006, producto de cuatro fallos arbitrales adversos en diferendos que mantenía con empresas concesionarias.
Según un informe entregado por la cartera a la Quinta subcomisión mixta de Presupuestos del Congreso, en diciembre pasado desembolsó recursos por los casos del Aeropuerto Arturo Merino Benítez ($ 1.249 millones), la ruta 5 tramo Santiago-Los Vilos ($ 33.751 millones) y el tramo de la ruta Collipulli-Temuco ($ 4.196 millones). A ello se suma otro dictamen desfavorable, de noviembre pasado, donde desembolsó $ 1.407 millones por la ruta Interportuaria.
La sorpresa e inquietud de los parlamentarios se tradujo en que incluso la mencionada instancia parlamentaria decidió remitir el miércoles un oficio a la secretaría de Estado, con el objetivo de que entreguen mayores detalles sobre los contratos y las razones por las cuales el Fisco debió cancelar estas compensaciones.
Se estima que el tema será estudiado nuevamente en la sesión del próximo 4 de abril, a las 18.30 horas en el Congreso Nacional -convocada inicialmente para abordar asuntos sobre las PYME-, en el que estará presente el ministro de Obras Públicas, Eduardo Bitran.
El contrato responsable de gran parte del desembolso en que debió incurrir el MOP en el último trimestre de 2006 es la construcción del tramo Santiago-Los Vilos de la ruta 5 Sur, a cargo de la concesionaria Autopista Aconcagua, que reclamaba una compensación por los sobrecostos de la obra y trabajos extraordinarios.
En octubre pasado, un tribunal arbitral había resuelto que el Fisco debía pagar 1,5 millones de UF a la empresa, más intereses (cerca de US$ 80 millones en total) y la extensión por once meses del contrato de concesión, una cifra inferior a los 4,8 millones de UF reclamados inicialmente por la empresa.
Sin embargo, un posterior acuerdo permitió entre la cartera y la empresa permitió que la deuda total se redujera a US$ 60 millones aproximadamente, aunque se mantuvo la obligación de extender el contrato de concesión por once meses (que vence en 2020).
Ejecución presupuestaria eficiente
Para el senador y presidente de la Quinta Comisión Mixta de Presupuestos, Hosaín Sabag, (DC) los problemas tienen relación con que hubo inconvenientes en la construcción de rutas. "Por ejemplo, se estaba construyendo y se descubrían fallas en el camino, pasos sobre nivel, cosas que no estaban previstas que se fueron arreglando en el camino", afirma.
Agrega que el desembolso del MOP refleja la compleja situación que vive la cartera y que es imprescindible indagar la gestión de quienes están a cargo. "Me preocupé de la ejecución presupuestaria en un comienzo y espero que para este año la ejecución presupuestaria sea eficiente. En concesiones no se ha llamado a ninguna obra de importancia".
Aunque el legislador se encargó de aclarar que no estaba cuestionando al actual titular de la cartera, estimó que es necesario iniciar un proceso de reforma del MOP, que contemple otorgarle nuevas atribuciones. «Un ministro debe estar preocupado de la ejecución presupuestaria todos los días», dice.
Para el senador Antonio Horvath (RN) los fallos adversos respondieron a demandas de las concesionarias, porque el MOP no ha sido capaz de alcanzar acuerdos por trabajos extraordinarios.
«Si se presenta una obra de concesión por un acuerdo de precio con las empresas y si se requiere más material físico (por ejemplo: superficie de pavimento, rocas), en este caso, si no hay acuerdo se judicializa el proceso», asegura.
En ese sentido, Horvath necesario modificar la actual ley de Concesiones, para evitar que a futuro el proceso termine judicializándose.
Culpan a gestión de Lagos
En tanto, el diputado Javier Hernández (UDI) consideró que las responsabilidades recaen en la gestión del ex Presidente Ricardo Lagos, por los apuros que tenía por presentar obras en periodos de elecciones. «Hubo un incentivo más político, faltó voluntad de parte de las autoridades para evitar este problema y para resguardar a todos los actores que participan», señala.
Agregó que hay que verificar y transparentar toda la información que ha existido. «Da la sensación que muchas veces las empresas se ganan estas concesiones partiendo de la base que en el transcurso de las obras van a conseguir mayores obras por un monto doble al asignado. Compiten deslealmente con otras empresas que no quedan», asegura.
En tanto, el diputado de la UDI Sergio Correa tiene una opinión similar. "No culpo a Bitran, sino que a las gestiones anteriores, es responsabilidad de los ex ministros de Obras Públicas: Javier Etcheberry, Carlos Cruz y Ricardo Lagos", manifiesta.
Mientras Hernández señala que Bitran se debe adelantar y disponer de las condiciones necesarias para que no se vuelva a repetir este tipo de situaciones, como incluir personal más calificado en los juicios arbitrales, y reglamentaciones adecuadas que impidan que los recursos fiscales se dilapiden.
Correa estimó que entregarle una mayor responsabilidad al titular de Obras Públicas sería una alternativa. "Una buena opción sería modernizar el ministerio, para separar funciones, hecho que hoy no ocurre", explica.
Reformas a ley de Concesiones
En el MOP, en tanto, indicaron que precisamente tras el fallo en el caso de la concesionaria de la autopista Aconcagua, se aceleró el proceso de reforma a la ley de Concesiones, iniciativa que sería enviada al Congreso durante el primer trimestre de este año.
En lo relativo al arbitraje, la iniciativa contemplaría un sistema "mixto", es decir, que el fallo se abstenga a lo establecido a las bases de licitación, la ley y los contratos, y no al buen criterio de los árbitros, como ocurre actualmente. Los integrantes serían elegidos íntegramente por las partes, entre un pool de especialistas.
Además, contemplaría la creación de una Superintendencia de Concesiones y un Consejo Consultivo para definir las estrategias y dar su opinión sobre adjudicaciones, bases de licitación y convenios complementarios de proyectos; la posibilidad de rescindir contratos en períodos de construcción; y que obras adicionales durante la explotación se hagan a través de una licitación.
