Gobierno estudiará los criterios para entregar beneficios intrapenitenciarios, como la salida dominical. Una medida que podría transformarse en un aliciente para militares sentenciados por violaciones a los derechos humanos que reclaman que sistemáticamente se les niegan estas prerrogativas, pese a que cumplirían con los requisitos.
Los militares condenados por violaciones a los derechos humanos en el penal de Punta Peuco podrían verse indirectamente favorecidos con la revisión de los criterios para otorgar los beneficios intrapenitenciarios ordenada por el ministro de Justicia, Carlos Maldonado Curti.
Luego de la polémica surgida por el otorgamiento de la libertad dominical al ex senador Jorge Lavandero Illanes, y las revelaciones que el sicólogo y el asistente social que lo evaluaron se oponían a la medida, el ministro Maldonado ordenó una "revisión general del sistema y criterios utilizados para el otorgamiento de beneficios penitenciarios».
Una decisión que en la práctica podría favorecer a ex uniformados que cumplirían con los requisitos legales, pero que no han recibido el beneficio.
En lo formal, la entrega de la libertad dominical a Lavandero se ajusta a ley, pues seis de los ocho especialistas que evaluaron al ex dirigente de la Democracia Cristiana estuvieron por acceder a ella. Además, todos pertenecen al grupo que diariamente el comportamiento de Lavandero en su reclusión en la Cárcel de Alta Seguridad (CAS) de Santiago.
Los especialistas son el jefe del penal, los gendarmes que lo custodian a diario, los profesores que cumplen labores de capacitación y el equipo médico que lo evalúa con periodicidad, quienes estuvieron determinaron que por su trabajo en el penal, donde preparó una biblioteca; su comportamiento diario y su delicada condición de salud era candidato a acceder al beneficio.
La revisión decretada por Maldonado "apunta a favorecer la objetividad y transparencia del sistema, así como la centralidad de los informes sicológicos y sociales -debidamente conjugados con los criterios de seguridad de la sociedad- en el otorgamiento de los beneficios", aspectos que varias veces han sido planteado por ex uniformados recluidos por violaciones a los derechos humanos que no acceden a beneficios intrapenitenciarios.
Posibles favorecidos
Tal es el caso del general (R) Víctor Pinto Pérez, condenado a ocho años por el asesinato del ex dirigentes sindical Tucapel Jiménez Alfaro, quien recientemente presentó un recurso de protección contra Gendarmería por negársele la posibilidad de acceder a beneficios intrapenitenciarios.
En su escrito, Pinto Pérez argumentó que cumplía con los requisito para acceder a la salida dominical que le fue concedida a Lavandero, ya que comenzó a pagar su pena el 31 de marzo de 2004 y ha cumplido con el requisito llevar más de la mitad de la pena.
En la misma situación se encuentra el capitán (R) de Carabineros Patricio Zamora Rodríguez, quien fue condenado a 15 años por el triple degollamiento de Manuel Guerrero, Santiago Nattino y José Manuel Parada, que también ha recurrido al tribunales para acceder a algún tipo de beneficio, lo que ha sido constantemente negado por los alcaides del penal de Punta Peuco.
Los ex uniformados han planteado a sus defensas que sienten que no se los otorgan beneficios por el tipo de delitos por el que cumplen prisión, atentándose con el principio de igualdad ante la ley consagrado en la Constitución, por lo que la revisión de criterios podría ser una luz en este sentido.
