En fallo unánime, que incluso compartió el auditor del Ejército, Juan Arab, el máximo tribunal sentenció al capitán en servicio activo Leandro Mauricio Plaza Pellerano, actual comisario de Santa Cruz, por violencia innecesaria con resultado de muerte en contra de un obrero de la población San Gregorio, que falleció por una golpiza durante manifestaciones.
Casi 25 años debieron pasar para que la justicia resolviera y condenara a un carabinero que dio muerte a un obrero de la población San Gregorio, asesinado en el marco de la represión a una protesta realizada el 11 de septiembre de 1983, en la época de mayor movilización social en contra de la dictadura militar de Augusto Pinochet.
La Corte Suprema ratificó la condena a cinco años de presidio remitido en contra del oficial Leandro Mauricio Plaza Pellerano, quien iba cargo de la patrulla policial que dio muerte a Cristián Garrido Queulo, quien fue detenido y brutalmente golpeado por policías que reprimían una manifestación en contra del gobernante.
Garrrido Queulo agonizó por siete días antes de fallecer, el 18 de septiembre de ese año, y el entonces subteniente fue sentenciado como autor del delito de violencia innecesaria con resultado de muerte, en una sentencia que además de los cinco ministros titulares de la Sala Penal de la Corte Suprema comparte el auditor general del Ejército, el general Juan Arab, quien integra el máximo tribunal en causas que involucran a uniformados.
De acuerdo a los registros de la página en Internet de Carabineros, el condenado oficial actualmente está a cargo de la Segunda Comisaría de Carabineros de Santa Cruz, con el grado de capitán, cargo que deberá dejar, dado que el fallo ordena su separación del servicio.
El dictamen de la Corte Suprema establece que "el examen de la sentencia permite concluir que las presunciones judiciales a partir de las cuales se construye la participación de Plaza Pellerano se fundan en hechos reales y probados, a saber, que uno de los funcionarios de Carabineros que detuvo a Cristián Garrido Queulo y le propinó la golpiza que derivó en su muerte era oficial, tenía el grado de teniente, también participó en la detención de Leiva Jerez y era uno de los tripulantes del furgón policial que participó en el procedimiento policial que tenía por objeto controlar los desórdenes que se estaban cometiendo en la parte posterior de la unidad policial".
De acuerdo al documento, "desde el vehículo bajaron dos funcionarios, que se quedaron en el sector de la población San Gregorio, condiciones todas que conducen a Plaza Pellerano, conforme aparece del reproducido motivo octavo del fallo de primer grado, citado en la consideración segunda de esta sentencia".
