Trabajo tripartito entre tribunales, Ministerio Público y Defensoría Penal Pública permitirá evitar que una vez que se ponga en marcha la Reforma Penal Adolescente los menores de edad involucrados en delitos se mezclen con los adultos en carros celulares y calabozos, con el objetivo de evitar que se produzca el fenómeno de »contaminación criminógena».
Un novedoso programa piloto están aplicando los tribunales, el Ministerio Público y la Defensoría Nacional Pública a los jóvenes infractores de ley, con el objetivo de lograr la mayor segregación en la aplicación de la Reforma Penal Adolescente (RPA) que comenzará a regir el 8 de junio próximo.
El plan aplicado en el Centro de Justicia de Santiago consiste en audiencias segregadas para menores de edad y adultos infractores de ley, así como una división entre mujeres y varones. La idea es que con la nueva justicia haya horarios especiales para atenderlos, y que sean priorizados por sobre los casos que involucran a mayores de 18 años.
Además, se coordina con Gendarmería que los traslados se produzcan de manera diferenciada para evitar que se produzca el fenómeno de "contaminación criminógena", al reunir en un mismo vehículo celular o calabozo a jóvenes y adultos.
El Centro de Justicia no cuenta con calabozos especiales para jóvenes o separados por sexo, por lo que las autoridades optaron por implementar la segregación de diversas formas. De esta forma, se establecieron turnos especiales entre las 09:00 y 11:00, las 13:00 y las 15:00 y las 18:00 y 20:00 horas, en las que se priorizarán las audiencias que involucren jóvenes.
Asimismo, se determinó que Gendarmería y el Servicio Nacional de Menores (Sename) trasladen a ciertas horas a jóvenes a los calabozos y que no ingresen adultos hasta que todos hayan abandonado el recinto, situación que se replicaría en el caso de hombres y mujeres que tampoco se mezclarían en los lugares especiales de reclusión.
La primera prueba del sistema resultó plenamente exitosa y se espera ir realizando ajustes los días martes y jueves hasta que entre en vigencia la ley de Responsabilidad Penal Adolescente (RPA), cuando comenzará a operar de manera efectiva.
Trabajo coordinado
La Comisión tripartita de la Corte Suprema, el Ministerio Público y la Defensoría Penal Pública están trabajando a coordinadamente desde hace semanas para implementar de la mejor manera la RPA en Santiago y disminuir la posibilidad de un colapso como el que se produjo en los Tribunales de Familia.
El trabajo no se ha interrumpido y no esperará la aprobación del proyecto de ley que introduce adecuaciones a la RPA y que se postergó en el Parlamento debido a la indicación de diputados de la Concertación de postergar en un año la entrada en vigencia de la nueva justicia juvenil.
De hecho, recientemente la Corte de Apelaciones de Santiago recibió un informe de todos los servicios relacionados con la implementación de la RPA, para recibir cuenta de los programas que se implementarán y la infraestructura existente en la región para la nueva justicia.
