Chile ha gastado entre 3.000 y 4.500 millones de dólares en armamento

El embargo aplicado por Estados Unidos y otros países proveedores como presión frente a los atropellos a los derechos humanos y la suspensión de las libertades democráticas enfrentó a las fuerzas armadas chilenas, entre los años 1976 y 1989, a serias limitaciones para mantener y renovar su equipamiento bélico.



Dicha situación se hizo sentir con especial agudeza durante las crisis con Perú y Argentina, entre los años 1976 y 1979, caso este último que estuvo cerca de desembocar en una guerra. A partir de esa fecha, la situación mejoró relativamente cuando el cambio de actitud de países como Francia y el Reino Unido, sumado a la siempre buena disposición a vender equipo militar de Israel, permitieron renovar parcialmente el material.



Pero ello tuvo costos financieros relativamente elevados, que no reflejaban tanto la sofisticación del equipo que se compró, sino el interés de algunos de esos países en tomar ventaja comercial del aislamiento internacional en que se encontraba el régimen militar de Augusto Pinochet.



Sin embargo, el acceso a los proveedores no se regularizó hasta el año 1990, cuando se restableció el sistema democrático con la instalación del primer gobierno elegido en las urnas por la expresión popular. Transcurridos apenas un par de años de este proceso, las compras militares comenzaron a recuperar ánimo y fluidez. Nadie habría sido capaz de predecir la comprensiva actitud de las nuevas autoridades civiles, ante la necesidad de renovar equipos militares cuyo reemplazo había estado postergado por más de una década.



Tal es así que los analistas estiman que en la década va de los años 1993 al 2004, se gastaron entre 3.000 y 4.500 millones de dólares en compras de material bélico financiadas mediante la Ley Reservada del Cobre, que destina el 10 por ciento de las exportaciones anuales de CODELCO a ese fin. Las discrepancias se deben a que mientras algunos de los expertos consideran solamente los costos de los ítem o piezas principales de equipo, otros incluyen en sus cálculos las piezas menores, repuestos e insumos más otros elementos como combustible, cuya compra es también financiada con recurso de la mencionada normativa.



Es importante señalar que esa cifra no incluye los fondos que anualmente se contemplan en la partida de Defensa del Presupuesto de la Nación, que son fijados en pesos y aprobados en forma anual por el Congreso Nacional, que están destinados a cubrir los costos de personal, mantenimiento de servicios e instalaciones y otros.



La situación creada a partir del año 2004 debido al alza del precio y de la demanda por el metal rojo en los mercados internacionales, ha resultado en que los aportes de la Ley Reservada del Cobre alcancen niveles inéditos. Es así como en estos momentos se habrían acumulado 2.000 millones de dólares, que sólo pueden ser empleados para compras militares.



Otro aspecto denunciado por los analistas es que el giro diferido de esos fondos, producto de las limitaciones impuestas por Hacienda al flujo de caja de la Ley Reservada del Cobre -con el fin de mantener los equilibrios dentro del gasto fiscal y las disciplinas de ahorro y superávit- obliga a financiar las compras mediante créditos, agregando un compromiso de pago de intereses que encarece el costo de estas adquisiciones.



Historial de compras



La primera adquisición importante tuvo lugar en 1993, durante los últimos doce meses la administración del ex Presidente Patricio Aylwin, cuando se debió reemplazar a los Hawker Hunter británicos de la Fuerza Aérea, construidos cuarenta años antes, que ya llevaban casi tres décadas de servicio y que fueron utilizados para bombardear La Moneda, el 11 de septiembre de 1973.



Tras descartar la adquisición de aviones más capaces y con mayor margen de vida útil, como los Jaguar Gr.1 que ofrecía Inglaterra, se optó por comprar un paquete de 25 unidades Mirage Elkan, por un precio de 115 millones de dólares. Cinco de los aviones no estaban en condiciones de vuelo y se desguazarían para emplearlos como fuente de repuestos.



La compra se vio posteriormente rodeada por una gran polémica, al conocerse que la transacción incluyó un pago de 15 millones de dólares como comisión a una persona cuya identidad aún se desconoce por la venta de los Mirages a nuestro país. La comisión -inusualmente alta, por cuanto normalmente las más altas no exceden el 5% del valor total de la operación- había sido depositada en el Clariden Bank de Zurich, en Suiza.



En 1994, en el primer año del gobierno del ex Presidente Eduardo Frei Ruiz-Tagle, se compró en Sudáfrica una partida de 29 cañones remolcados de segunda mano de fabricación israelí Soltam de 155mm, por un valor cercano a los 15 millones de dólares, destinados a reequipar las baterías de defensa costera de la Infantería de Marina. En ese periodo también se adquirió en Inglaterra una partida de 14 tanques livianos Scorpion, para equipar un grupo mecanizado de exploración de la Infantería de Marina. La compra, por un valor cercano a 1 millón de dólares, incluyó una completa revisión y recambio de partes por parte del fabricante, Alvis (hoy BAE Land Systems), antes de su entrega.



La compra de los tanques ligeros Scorpion era parte de un plan mayor, que consideraba la posterior adquisición de un número de ejemplares de la variante de transporte de infantería del tanque, que posteriormente fue descartado en medio de un proceso de cambio de mando naval y la creciente importancia que la institución naval dio al reemplazo de sus viejos destructores y fragatas. Como resultado, la Infantería de Marina aún no dispone de un transporte blindado propio para sus fuerzas desplegadas en misiones de paz, y ha debido emplear vehículos Mowag prestados por el Ejército.



En 1995 se compraron dos lanchas misileras Sa’ar de segunda mano en Israel, para la Armada, por un valor cercano a los 30 millones de dólares. Tras su arribo a Chile se descubrió que esas naves estaban en muy mal estado y se descartó repararlas, por cuanto el costo sería muy superior al precio de las lanchas misileras alemanas del Tipo 148 Tigre. Estas últimas estaban en muy buen estado y eran ofrecidas por el gobierno Germano en condiciones financieras muy convenientes, como parte de una campaña para crear condiciones favorables para la venta de nuevos submarinos fabricación alemana para la Armada. Las dos lanchas israelíes en cuestión fueron sumariamente dadas de baja -en la práctica nunca entraron en servicio bajo bandera chilena- por la institución naval y desguazadas.



La venta especial de las misileras Tipo 148 no produjo el efecto esperado por el gobierno alemán, ya que en 1998 la administración Frei adjudicó el contrato para la construcción de dos nuevos submarinos tipo Scorpene a un consorcio formado por los astilleros DCN (hoy Armaris) y Bazan (hoy Navantia), de Francia y España, respectivamente. El costo de los dos nuevos sumergibles fue cercano a los 450 millones de dólares.



Ese mismo año se dio inicio al proceso de adquisición de los tanques Leopard 1-V para el Ejército. El proyecto, que concluyó en el año 2000 con la recepción de los últimos blindados, incluyó la compra de 219 tanques en Holanda entre 1998 y 1999. Según distintos observadores, otros 70 Leopard 1A5 habrían sido comprados a Alemania en el 2000, aunque el Ejército lo ha negado.



Durante el gobierno de Frei Ruiz-Tagle también se compraron varios centenares de transportes blindados sobre orugas M113, principalmente de stocks estadounidenses, aunque algunos observadores señalan que también se compraron algunos en Europa. Esos blindados han sido posteriormente mejorados y modernizados en Chile, bajó un proyecto que aún continúa en desarrollo.



Las compras de Lagos



Sin embargo, fue durante el gobierno del Presidente Ricardo Lagos que se formalizó la mayor cantidad de compras de equipamiento militar, subscribiéndose importantes compromisos financieros en la forma de los créditos ligados a adquisiciones.



Muchos de los analistas critican que el entusiasmo con que Lagos acometió los procesos de compras militares, con gran celeridad, no tuvo un correlativo en la forma de una modernización el Ministerio de Defensa y el debate y definición de una política de Defensa acorde con los tiempos y el escenario vecinal actual.



Bajo la administración de Lagos se resolvió la adquisición de 10 aviones F-16 de nueva construcción para la Fuerza Aérea, por un valor oficialmente reconocido de 650 millones de dólares, que no incluye ni los costos de los créditos bancarios asociados -cuya negociación habría sido muy complicada- ni de los sistemas de armas de esos aviones, que se compraron bajo contratos negociados separadamente, entre ellos, con la industria israelira Rafael.



En esa misma época se compraron cuatro helicópteros Bell 212 para la FACH, dos de los cuales resultaron luego estar en muy malas condiciones técnicas, incluido uno con avanzado estado de corrosión en los componentes estructurales de su fuselaje, por lo que debió ser dado de baja. Desde sus principios esa adquisición estuvo rodeada de no poca controversia dentro de la Fuerza Aérea, ya que su entonces comandante en jefe, General Patricio Ríos, decidió manejarla personalmente, en lugar de dejarla en manos del organismo institucional encargado de conducir estos procesos, el Comando Logístico.



Posteriormente, en el año 2005, se compraron en Holanda otros 18 cazabombarderos F-16, esta vez de segunda mano, por 200 millones de dólares. Nuevamente, no se conoce el valor de los créditos involucrados en la compra de los F-16 holandeses -que fueron necesarios a pesar de tratarse de una transacción de gobierno a gobierno- ni que porcentaje de la transacción representó el valor de los trabajos de refacción de los aviones ejecutados por una empresa privada de los Países Bajos. Tampoco se conoce el valor de las armas que se habrían comprado para esos F-16 de segunda mano.



En ese mismo período se inició la compra de helicópteros AS 350 y 355 Eccouriel. Los aparatos, adquiridos de segunda mano en forma y refaccionados en Chile por la filial local de Eurocopter, son empleados por la Brigada de Aviación del Ejército para entrenamiento y enlace. La institución castrense tiene en la actualidad cuatro de estos aparatos, y sus planes son contar con al menos 12.



Durante el gobierno del ex Presidente Lagos también quedó descartada la compra del sistema de cohetes de artillería Rayo, que desde finales de los años ochenta había sido desarrollado conjuntamente por FAMAE, la empresa administrada por el Ejército, y Royal Ordnance, entonces parte de grupo británico BAE Systems. El sistema Rayo, que quedó en condiciones de ser producido en serie el año 2001, no era bien visto en círculos de gobierno, en donde se le consideraba "un proyecto del general Pinochet".



Sin embargo, el mayor problema del Rayo fue que, debido a problemas técnicos, su puesta a punto se había retrasado varios años, encareciendo sus costos de desarrollo y venta. El Rayo era bastante caro comparado con sistemas similares de fabricación israelí y china. Venezuela, cuyo ejército estuvo seriamente interesado en comprarlo en los últimos años de la década de los noventa, perdió todo interés debido a los costos.



Lo peor fue que lo mismo sucedió con el Ejército chileno. La cancelación de los planes de compra del cohete Rayo fue un gran golpe para FAMAE, que además de invertir una cantidad no conocida de sus propios recursos, invirtió un préstamo cercano a 60 millones dólares obtenido de Hacienda. La venta de los terrenos e instalaciones que tenía en Santiago tuvo como objeto, precisamente, reembolsar esa suma a Hacienda.



En el caso de la Armada, fue finalmente la administración Lagos la encargada de descartar un proyecto de construcción de ocho fragatas en nuestro país propuesto la institución naval. Como primera medida alternativa, mientras se discutía la idea de construir fragatas en menor número, a principios del 2003 se adquirió una fragata británica Tipo 22 de segunda mano, por un valor cercano a los 50 millones de dólares.



Luego, a principios del año 2004, tras el descarte definitivo de la construcción de buques de guerra en Chile, se compraron otras cuatro fragatas de segunda mano, esta vez de origen holandés, en una operación que tuvo un valor oficial de 380 millones de dólares. Nuevamente, aunque el contrato fue de gobierno a gobierno, el pago en cuotas y en diferido implicó la suscripción de créditos con entidades financieras, cuyo costo se desconoce.



La transacción con Holanda también involucró un convenio con el astillero privado holandés Royal Schellde, para el repaso, preparación y modificación de las naves antes de su entrega a nuestra Armada. Además, se subscribieron otros contratos, por valores no conocidos, con empresas norteamericanas que suministraron misiles de recarga para esas fragatas.



Finalmente, hacia fines del año 2004 se sumaron otras tres fragatas de segunda mano, que esta vez eran naves inglesas del Tipo 23, con un costo que oficialmente ascendió a 360 millones de dólares. Otra vez, la operación incluyó la contratación de créditos por un costo no informado, y la suscripción de un contrato por un valor substancial con el consorcio privado BAE Systems -por un valor cercano a la mitad del total de la operación- para el repaso y preparación de las naves.



Es importante mencionar que BAE Systems es hoy centro de atención e investigaciones por el pago de comisiones millonarias en países como Arabia Saudita, Sudáfrica, República Checa y Hungría.



La administración Lagos también aprobó y financió el inicio de la construcción de dos nuevos patrulleros de alta mar para la Armada, por un valor de 50 millones de dólares. Las naves, que se construyen en Talcahuano según un diseño de la empresa alemana Fassmer, forman parte de un proyecto que considera la construcción posterior de un segundo par de patrulleros y la posibilidad de usar, después, el mismo diseño modificado para construir después una serie de corbetas misileras.



Una de las últimas adquisiciones del gobierno de Lagos fue la compra de dos centenares de transportes blindados sobre orugas YPR 765, por un valor no conocido, en Bélgica para el Ejército. El YPR 765 es una versión muy mejorada, en lo que respecta a blindaje y armamento, del más viejo M113 del que el Ejército tiene cerca de 500 ejemplares.



Una veintena de los YPR 765 fue modificada para incorporar un lanzador doble de misiles antitanques Spike, de manufactura israelí, y el Ejército tiene planes de incorporar este mismo armamento en otros transportes del mismo tipo.



El Gobierno Actual



La administración que encabeza la Presidenta Michelle Bachelet no se ha quedado fuera del proceso de adquisiciones militares, aunque ella misma ya había estado involucrada en algunas de las compras anteriores, como ministra de Defensa de la administración Lagos.



Es así como Bachelet inició su gobierno confirmando oficialmente la compra de 118 tanques Leopard II en Alemania, por un valor oficial de 124 millones de dólares, pese a que el contrato fue formalizado en los últimos días del gobierno del ex Presidente Ricardo Lagos.



Bachelet también debió oficializar la compra de partidas de misiles antiaéreos Sea Wolf y antibuque Harpoon Block II, cuya adquisición también había sido finiquitada por el ex Presidente Lagos en febrero del 2006. Los Sea Wolf fueron provistos por MBDA, empresa del grupo franco-alemán EADS, que también iba a vender un satélite cuya compra el ex mandatario no logró cerrar antes de la entrega de la primera magistratura a su sucesora. Los misiles Harpoon Block II fueron provistos por la empresa Boeing de Estados Unidos.



En julio del año pasado el gobierno contrató la conversión de una decena adicional de misiles Harpoon a la versión aire-superficie, por un valor de 15 millones de dólares. La conversión, que permitirá que esas armas puedan ser instaladas y lanzadas desde aeronaves, apuntaba originalmente a dar una capacidad ofensiva a los aviones de exploración Aeromarítima P-3ACh Orion de la Armada.



Sin embargo, todo indica que esas armas irán a equipar los nuevos aviones de patrulla y exploración aeromarítima que esa institución naval debe seleccionar en agosto próximo. Es que, enfrentada al alto costo que tendría extender la vida operacional de los P-3ACh, que implicaría reemplazar las alas de esos aparatos, la Marina optó por reemplazarlos con una nueva plataforma.



Las alternativas ya se habrían reducido a una lista corta que incluye una versión del bimotor turbo-hélice para transporte comercial Dash 8 del fabricante canadiense Bombardier y otra versión de avión de carga militar C-295 del fabricante español CASA, que también es miembro del Grupo EADS. Mientras el primero ha sido vendido a las fuerzas de guardacostas de Japón y Suecia, en versiones no armadas, la versión de patrulla Persuader del segundo ya ha sido vendida a varios países, incluyendo Estados Unidos, cuyos guardacostas ya encargaron ocho ejemplares y planean comprar un total de 35 aparatos de este tipo bajo el Proyecto Deepwater.



La Armada planea comprar entre cinco y ocho aparatos, pero algunos de ellos no serían configurados y equipados para patrullaje y exploración, sino únicamente para enlace y transporte logístico. Observadores consultados por este medio estimaron que la compra tendrá un costo de entre 150 y 200 millones de dólares, dependiendo del equipamiento que la marina seleccione para los aviones.



En cuanto a los helicópteros, la Armada ya adquirió tres naves correspondientes al modelo AS 365 Dauphin II, desarrollado originalmente por el fabricante francés Aeroespatiale, que hoy es parte del consorcio franco-alemán Eurocopter, que a su vez es parte del grupo EADS. Antes de su entrega, los helicópteros fueron remanufacturados en Brasil por la subsidiaria local de Eurocopter, Helibras.



Los planes de la Armada consideran la compra de entre seis y ocho de estas aeronaves, destinadas a apoyar las operaciones de control, rescate y apoyo a la comunidad de la Dirección de Territorio Marítimo y Marina Mercante (Directemar).



La Armada también está considerando la compra de dos o tres helicópteros medianos del tipo Super Puma o Cougar, para recomponer su fuerza de aparatos embarcados de ataque marítimo.





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