Juan Pablo Buonocore, del Ministerio Público de la Zona Sur, ocupó el único cupo del país para conocer nuevo manual regional. Si bien es cierto que la chilena dista de realidades como las de Argentina, Brasil o México y de ciudades como Medellín, Bogotá o Cali, la expansión de esta lucrativa industria del crimen organizado requiere de una seria coordinación entre las instituciones encargadas de reprimirla.
Con el objetivo de perfeccionar el Manual Antisecuestro y la Extorsión que tiene la Organización de Naciones Unidas (ONU), mejorar la coordinación regional entre policías y fiscalías, un grupo de funcionarios de distintos países se dio cita a fines de mayo en Bogotá, Colombia, en un curso reservado a sólo un representante por país.
La iniciativa contó con la presencia de especialistas del Serious Organized Crime Agency de la policía inglesa, como también del Gaula colombiano, organismo dedicado a promover las técnicas de negociación y prevención del flagelo.
Para el caso de Chile, fue elegido Juan Pablo Buonocore, fiscal de la Zona Sur, quien fue el primero en resolver y enfrentarse a un caso de secuestro extorsivo.
De esta manera, el empleado del Ministerio Público se convirtió en un capacitador de la ONU para el resto de sus colegas, permitiendo expandir el conocimiento sobre este ilícito y contar con más funcionarios especializados.
Capitalismo delictivo
El secuestro sólo a nivel sudamericano se ha ido convirtiendo paulatinamente en un lucrativo negocio y se instala dentro de los tópicos del crimen organizado transnacional como una nueva industria de la mafia.
Países como México, Nicaragua, Haití, Colombia, Brasil y Argentina, entre otros, lideran el ránking de la región con altas tasas de crímenes de este tipo. Por eso, desde hace varios años estas naciones cuentan con unidades especializadas en investigar estos hechos, como también negociadores calificados.
Tanto es así que existe una serie de empresas especializadas en seguridad, que cobran altas sumas de dinero a altos ejecutivos, millonarios y sus familias que pueden ser víctima de un ataque y posterior cobro de rescate. Sus principales oficinas están en Río de Janeiro, Buenos Aires, Bogotá, Medellín y Cali.
Es común observar por las mañanas en colegios de estas ciudades que hijos de personas importantes llegando en un convoy con guardias fuertemente armados. Incluso, a algunos los acompañan en su jornada escolar.
Todo esto está asociado a una industria creciente de autos blindados, chalecos antibalas y endurecimiento de las medidas de seguridad en las residencias.
Cambios de enfoque
En Chile, los secuestros siempre estuvieron asociados a fines políticos, como por ejemplo el que efectuó el Frente Patriótico Manuel Rodríguez (FPMR) en 1986 al entonces coronel de Famae Carlos Carreño, quien fue liberado en Brasil. Otro hecho similar se registró a principios de los 90, cuando la misma organización raptó al empresario periodístico Cristián Edwards del Río.
Sin embargo, cuando en 2005 la reforma implementó su última etapa en Santiago, comenzó a destaparse una realidad desconocida. Ese año hubo 26 casos. En 2006 bajó exponencialmente la tasa a siete eventos y en lo que va recorrido de 2007 se contabilizan sólo tres.
Currículum
Uno de los objetivos principales del curso fueron clases teóricas y prácticas. Al mismo tiempo, se le pidió a los asistentes que entregaran sus opiniones sobre la configuración actual del manual de la ONU, las que serán agregadas al documento, como una forma de generar una lógica regional para enfrentar este delito.
Paralelamente, la coordinación de la policía y los ministerios públicos es de vital importancia para llevar adelante esta política regional. Esto porque la integración del Mercosur, la facilidad que existe para el cruce de fronteras, pueden hacer que un secuestro se produzca en Colombia, la víctima esté cautiva en Venezuela y el pago pueda hacerse en Santiago.
Buonocore resaltó la importancia del curso como una manera de acercar las prácticas extranjeras y sacar lecciones para aplicar a casos futuros.
Reconoció, en todo caso, que Chile está lejos de las realidades vecinas y que la baja en este tipo de delitos en el país se debe a la firmeza y seriedad con que han actuado las autoridades.
De todos los secuestros que se produjeron desde el inicio de la reforma no han habido víctimas fatales.
