Comité de Medio Ambiente del organismo, encabezado por la ex ministra Paulina Veloso, decidió hacerse parte por el desastre ecológico que se le atribuye a la planta Licancel.
El Consejo de Defensa del Estado (CDE) resolvió presentar una demanda contra la empresa Celulosa Arauco y Constitución (Celco), debido a los dos derrames sobre el río Mataquito, en la Región del Maule.
La medida también se hará extensiva al derrame de petróleo protagonizado por la Empresa Nacional del Petróleo (ENAP) en la bahía de San Vicente, en la Región del Bio-Bio.
"El consejo tiene facultades y prerrogativas para proteger el medio ambiente y demandar cuando se produce daño ambiental (…) La decisión está absolutamente tomada, lo que nos interesa ciertamente es tratándose de materias de esta naturaleza, es ser muy serio en nuestras presentaciones antes los tribunales ", indicó el presidente del organismo Carlos Mackenney.
El anunció se realizó después de la entrega de nuevos antecedentes, sobre ambos casos, por parte de la ministra del Medio Ambiente, Ana Lya Uriarte, durante una reunión celebrada este jueves.
"Estos son antecedentes que además de los recopilados por el consejo, completan o van completando lo necesario para que la Unidad del Medio Ambiente del CDE, que dirige la consejera Paulina Veloso, evalúe los requerimientos necesarios para accionar en ambas situaciones a la brevedad posible, en cuanto a todos los antecedentes que requiere la demanda para ser presentados a los respectivos tribunales estén debidamente completados", agregó el funcionario.
Mackenney precisó que la ministra le indicó que existen algunos análisis químicos y estudios que todavía están en desarrollo, los cuales se enviarán al CDE apenas estén listos.
"Tan pronto lleguen al consejo completaremos lo necesario para presentar las respectivas acciones, no puedo en este minuto señalar en qué momento van a ser presentadas ambas demandas", sostuvo.
A su turno, Veloso, explicó que la Ley de Bases de Medio Ambiente otorga la posibilidad de emprender dos tipos de acciones: una de reparación y otra de indemnización.
"El consejo, en las 39 demandas que ha entablado desde que rige la ley 19.300, ha entablado básicamente la acción de reparación (…) para volver al estado anterior (del ecosistema) de eso se trata, en cambio, el CDE ha sido más renuente a hacer demandas de indemnización", detalló.
En tanto, la ministra Uriarte, expresó que con estas acciones queda en evidencia que el Gobierno no está haciendo distinciones entre empresas públicas y privadas a la hora de emprender sanciones.
"Mi visita al CDE y la entrega de los antecedentes, tanto del derrame en la Bahía de San Vicente por parte de la empresa ENAP, como del desastre ambiental en el río Mataquito, dan cuenta de esta actitud del Gobierno, de hacer cumplir la ley a las empresas públicas y privadas", enfatizó.
Fuente del CDE explicaron que, al menos hasta ahora, no se recurrirá criminalmente contra las empresas en la investigación que tramitan las respectivas Fiscalías locales.
De todas maneras, el Comité medioambiental se reunirá la próxima semana para sistematizar los argumentos que irán contenidos en la acción legal.
Junto a Veloso, se encuentra el consejero Rodrigo Quintana analizando los pormenores de la presentación.
