Retoman trámite legislativo de proyecto que crea Defensor Ciudadano - El Mostrador

Miércoles, 22 de noviembre de 2017 Actualizado a las 09:53

Gobierno presentó indicaciones

Retoman trámite legislativo de proyecto que crea Defensor Ciudadano

por 17 julio, 2007

No obstante, el proceso en la Cámara se prevé complejo, debido a que algunos sectores estiman que la iniciativa que crea esta figura se cruza con las atribuciones del Instituto de Derechos Humanos. De existir, el también llamado Ombusdman podría intervenir a favor de los usuarios en materias como el plan Transantiago o la eventual falta de gas natural.

El llamado Defensor Ciudadano, conocido en otras latitudes como Ombudsman, podría estar intercediendo en casos de afectados por el Transantiago, una eventual falta de gas natural en los hogares de la capital o la aplicación de la ley de Subcontratación, entre otras múltiples causas. Esto si no hubiesen pasado ya 17 años desde el comienzo del régimen democrático en el país, en que esta figura no ha podido ser creada en Chile.



El Defensor Ciudadano existe actualmente en la mayoría de las naciones, partiendo por los países desarrollados. En América Latina solamente Uruguay y Chile no cuentan con esta figura, cuyo principal objetivo es la defensa y representación de los intereses de los ciudadanos frente a las acciones del Estado y sus organismos.



El último impasse oficial en este tema se dio cuando la ex ministra secretaria general de la Presidencia Paulina Veloso, prácticamente desechó al Ombudsman, incorporando parte importante de sus atribuciones en el llamado Instituto de los Derechos Humanos, actualmente en tramitación en el Senado.



Esto último, entre otros elementos, detonó la renuncia de la ex presidente de la Comisión Defensora Ciudadana (organismo público que antecede la existencia del Defensor Ciudadano) Marta de la Fuente, quien fue reemplazada posteriormente por la socióloga Danae Mlynarz.



Y prácticamente "destapando champaña" estuvieron la semana pasada en la llamada Comisión Defensora Ciudadana, cuando tras cuatro intentos infructuosos a lo largo de igual número de administraciones concertacionistas se presentaron finalmente en la Comisión de DDHH de la Cámara indicaciones sustitutivas al proyecto que crea la figura del Defensor Ciudadano, que antes de ello, dormía el "sueño de los justos" en el Congreso.



Las indicaciones presentadas tendieron a fortalecer el carácter autónomo de la entidad, en el sentido de que no dependerá de ningún organismo gubernamental para ejercer sus funciones, un requisito por el que bregaban tantos parlamentarios oficialistas como de la Alianza y que en todas partes del mundo es característica esencial de su funcionamiento, debido a que no puede actuar como "juez y parte" frente a acciones de organismos del Estado.



Chile había sido cuestionado incluso en foros de Naciones Unidas por no haber implementado esta figura, en circunstancias de que estuvo presente en prácticamente todos los programas gubernamentales desde 1990 a la fecha.



Mientras Danae Mlynarz expresaba la satisfacción del Ejecutivo por ver que esta iniciativa comienza por fin su tramitación parlamentaria y el presidente del Capítulo Chileno del Ombusdman, Juan Domingo Milos, aún no se convencía hasta el pasado viernes de que efectivamente las indicaciones respectivas hubieran sido ingresadas.



Según explica Mlynarz, la finalidad del Defensor Ciudadano es la promoción, tutela y protección de todos los derechos y garantías de carácter público en favor de las personas, consagrados en la Constitución, las leyes e instrumentos internacionales vigentes en Chile, incluido el interés público y los intereses difusos.



En caso de ser aprobado, el Defensor intervendría en las relaciones entre el ciudadano y la administración del Estado, en lo relativo a la satisfacción de sus necesidades públicas y a la prestación de ciertos servicios de utilidad pública. Asimismo, se le encomienda la difusión y promoción de los derechos y garantías establecidas en el artículo 19 de la Constitución y asumir la defensa de aquellos que tengan impacto colectivo o involucren a un grupo de sujetos.



Este último punto no es menor, porque quiere decir que puede actuar, al igual como pueden hacerlo organizaciones de consumidores, en representación de un grupos de afectados por un mismo hecho. Según se explica, ejerce un "control coadyuvante", supervisión o vigilancia sobre los servicios de la administración del Estado para velar por su buena prestación a los usuarios. El control es "de mérito, oportunidad o calidad y no es vinculante", se precisa.



La intervención es a través de informes, recomendaciones o sugerencias y lo más enfático que puede hacer es interponer acciones judiciales, siempre que afecten a una pluralidad de sujetos.



Rol del Instituto de DDHH



La diputada Karla Rubilar (RN) destacó que su colectividad mira con buenos ojos la creación del Ombudsman en Chile y lo propio hizo el vicepresidente de la colectividad, Francisco Chahuan (RN), quien llamó la atención de que esta figura no se hubiera creado aún "en un gobierno que se dice ciudadano".



Rubilar admitió, sin embargo, que antes de poder iniciar propiamente tal la tramitación del nuevo Defensor Ciudadano, el Ejecutivo deberá realizar urgentes cambios a las atribuciones que le había entregado al Instituto de los Derechos Humanos.



En fuentes ligadas a la Comisión Defensora Ciudadana, se señala que este es un tema que ya estaba contemplado y que el Gobierno no tendría problemas en revisar esa situación, lo que destrabaría la tramitación de la iniciativa.



Quién podrá ocupar el cargo



El Defensor Ciudadano será nombrado por el Presidente de la República con acuerdo de la Cámara de Diputados, adoptado por la mayoría de sus miembros en ejercicio en sesión especialmente convocada para ello.



El cargo podrá ser ocupado por un abogado con 10 años de posesión del título, mayor de 40 y con derecho a voto. Durará cinco años en su cargo. Podrá ser reelegido solo una vez y cesará en el cargo al cumplir 75 años.



Asimismo, se establece que no podrá optar a cargos de elección popular, sino después de transcurridos cinco años de concluido su cargo. Esto ultimo es considerado un elemento importante, porque es evidente que el cargo puede constituirse en un "trampolín" para eventuales pretensiones electorales.

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