Hubo cuestionamientos entre los parlamentarios oficialistas a las medidas del Ministerio del Interior. Mientras Gabriel Ascencio (DC) afirmó que estas discusiones »no tienen ningún sentido en un país democrático», su par Marcelo Díaz (PS) dijo que la cartera optó por el camino más fácil. En tanto, René Alinco (PPD) sostuvo que »los trabajadores jamás hemos andado con capucha».
No han sido bien evaluadas en las filas de la Concertación las medidas tomadas por el Gobierno para la conmemoración del 11 de septiembre, que limitaron el acceso a la simbólica puerta de Morandé 80 con el fin de evitar desmanes.
Este lunes se abrió temprano el debate en el oficialismo, cuando en la reunión de los presidentes de partidos de la Concertación con los ministros del comité político se abordó el tema.
Es que en varios sectores de los partidos de gobierno se veía con inquietud la posibilidad de que no se pudiera realizar la tradicional marcha desde la Alameda, pasando por Morandé 80 para llegar luego a la estatua del Presidente Salvador Allende.
En ese escenario, los timoneles de la Concertación le expresaron al Ejecutivo la necesidad de compatibilizar el derecho de la libre expresión de la sociedad, con la seguridad de las personas y los bienes.
En este marco, el vocero de los partidos oficialistas, José Antonio Gómez, aunque reconoció dentro del bloque diferencias de enfoque sobre la forma de enfrentar las conmemoraciones, respaldó la gestión del Ministerio del Interior.
"Hay distintas opiniones en la Concertación, pero como es un tema de seguridad pública, consideramos, sin perjuicio de tener opiniones diversas, que quien tiene que tomar las definiciones frente a este tema es el ministerio del Interior y el gobierno", dijo el reelecto timonel del PRSD.
Finalmente, la intendencia aprobó el paso de 12 agrupaciones y partidos políticos hacia la puerta de Morandé 80, con 15 minutos para realizar el recorrido en un número acotado de personas.
Críticas en la Concertación
Entre los parlamentarios de la Concertación no se percibieron como adecuada las restricciones impuestas por el Gobierno.
A favor de la realización de una marcha ciudadana por Morandé 80 se manifestó el diputado Gabriel Ascencio (DC), quien consideró que restringir el paso a dicho lugar lo que finalmente produce son discusiones "desgastadoras, que no tienen ningún sentido en un país democrático".
"Lo que hay que hacer es tomar buenas medidas de seguridad para no replicar la escenita del año pasado, con una ventana de La Moneda incendiándose gracias a un desubicado que tiró una bomba molotov", dijo.
A juicio de Ascencio, "no corresponde ser prisionero de un concepto de orden público" e indicó que "las agrupaciones de derechos humanos y las agrupaciones políticas necesitan mayores espacios de libertad en este país y a veces las ahogamos demasiado".
Su colega Marcelo Díaz (PS) criticó la actitud del ministro del Interior, Belisario Velasco, pues argumentó que "opta por lo más simple (diciendo que) ‘no queremos manifestación, no queremos desmanes en Morandé’ y simplemente se cierra el acceso, creo que él tomó un atajo que no era el que correspondía".
En este sentido, enfatizó que "el Ministerio del Interior tenía la obligación de equilibrar el resguardo del orden público con el ejercicio del derecho a manifestarse, yo creo que eso no se ha logrado de manera razonable".
Díaz recordó que "el Presidente Lagos volvió a reabrir la puerta de Morandé 80 que estaba tapiada con cemento, porque reconocía la importancia simbólica de ese lugar".
Por lo mismo, consideró que negarle a las personas el acceso dicho lugar "es no reconocer la identidad y los derechos que tenemos y recuperamos cuando recuperamos la democracia".
René Alinco (PPD) opinó que discordaba con "la actitud del Gobierno de reprimir a nuestra gente".
En este contexto, acusó a las autoridades de usar como pretexto la actitud de sectores anarquistas que han hecho actos violentos. "Ésa es la gran excusa que tienen algunos señores del Gobierno al no permitir el ingreso del pueblo por las grandes alamedas que se iba a abrir como lo esperaba el compañero Allende", dijo.
Puntualizó que, en este caso, "la obligación del aparato de seguridad del gobierno es detectar, identificar y sancionar a los sectores extremos, pero no por eso van a pagar la gran mayoría de los chilenos, las organizaciones sociales, la CUT, las federaciones, las confederaciones que seguramente vamos a estar marchando para conmemorar a nuestros mártires".
Al respecto, sostuvo que "los trabajadores jamás hemos andado con capucha".
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