Gobierno define indicaciones a reforma que castiga discriminación arbitraria - El Mostrador

Viernes, 24 de noviembre de 2017 Actualizado a las 12:39

Considera actual recurso de pr

Gobierno define indicaciones a reforma que castiga discriminación arbitraria

por 12 octubre, 2007

Aunque venían trabajando el tema desde agosto, en medio de la polémica generada por los ex carabineros homosexuales, los tres ministerios que trabajan en torno a la iniciativa acordaron las indicaciones que en los próximos días presentarán al Senado. Entre los parlamentarios, existen divergencias respecto a las acciones judiciales que se podrían ejercer.

Casos como el de los dos ex carabineros que denunciaron haber sido obligados a renunciar a la institución por su condición homosexual o la decisión de tribunales que valió la pérdida de la tuición de sus hijos a una jueza lesbiana por vivir con su pareja, podría haber tenido otro final si la reforma constitucional que sanciona toda forma de discriminación arbitraria no continuara durmiendo en el Congreso.



Hace doce años se presentó la primera propuesta legislativa para introducir en la Constitución Política este principio, a la que se sumaron distintas iniciativas, entre ellas, una impulsada por el Ejecutivo en 2005, tras gestiones de organizaciones de minorías sexuales, y que actualmente cumple su segundo trámite en el Senado.



La resistencia que ha generado la propuesta en algunos sectores parlamentarios podría tener un radical giro, ya que este jueves los tres ministerios que trabajan el tema -Segpres, Sernam y Segegob- concordaron las indicaciones que venían trabajando desde agosto pasado, por lo que ahora sólo faltan las firmas correspondientes para enviarlas a la cámara alta.



La principal indicación es la que regulará el recurso de protección para casos de discriminación, según explica a El Mostrador.cl Francisco Estévez, director de la División de Organizaciones Sociales (DOS) del Ministerio Secretaría General de Gobierno (Segegob).



Actualmente, el proyecto establece la llamada acción especial de no discriminación, que se interpondría ante la Corte de Apelaciones y que, de acogerla, determinaría que un tribunal civil fijara una indemnización para las personas que afectadas. Sin embargo, parlamentarios de la Alianza manifestaron reparos, lo que hizo prever que no prosperaría en la votación en Sala.



Y al ser un proyecto de quórum orgánico constitucional, específicamente en lo que se refiere a las acciones judiciales que se puedan establecer, "se requiere del apoyo de los parlamentarios de la oposición (4/7)", explica el ex director de la Fundación Ideas.



Ante ello, el Ejecutivo decidió preservar los mismos conceptos pero a través del actual recurso de protección, que tendría una modalidad específica para actos de discriminación y "que asegura que efectivamente, junto con restablecer el imperio del derecho, se determinen medidas de reparación para las personas", detalla Estévez.



"La diferencia fundamental es que esta es una figura conocida y la anterior podría haber sido más compleja en su implementación, por lo que suponemos que ahora debería haber un apoyo transversal", agrega.



¿Pronta aprobación?



No tan optimista frente a la celeridad con que podría aprobarse esta ley se manifiesta Danae Mynarz, presidenta de la Comisión Defensora Ciudadana, ya que desconfía de la posición de los parlamentarios de derecha, que "estiman no debería tener sanciones judiciales, lo que haría que el tema quedara como una simple declaración de buenas intenciones".



"Sabemos que el Ejecutivo está comprometido con el proyecto, pero hay que ver qué pasa en concreto en la discusión parlamentaria", añade.



Asegura que es de vital importancia que la iniciativa llegue a buen puerto, ya que actualmente la única forma de denunciar discriminación es a través de la Ley del Consumidor, por lo que si los hechos no se relacionan con el consumo, "no hay forma de protegerse".



Paralelamente, la comisión ha estado detrás del proyecto que crea el defensor de las personas, basado en la figura del ombudsman que existe en diversos países. Y aunque no tiene facultades sancionatorias, tiene un importante rol de hacer públicas las vulneraciones del derecho de las personas y de entregar sugerencias compensatorias y de acción.



"Bachelet se comprometió a agilizar la discusión y a darle urgencia una vez que el proyecto de ley del Instituto de Derechos Humanos esté despachado", explica.



La ley no discrimina



La idea del proyecto es "prevenir y sancionar toda discriminación arbitraria en contra de cualquier persona o grupo de personas". Frente a esto, Estévez recalca que no persigue la discriminación "en abstracto", ya que existen discriminaciones no arbitrarias, como por ejemplo decisiones que vayan en beneficio de ciertos sectores de la sociedad, como el caso de los más pobres. Esto es positivo, aunque se vea una "preferencia" que no incluya a otros actores. "Si se actúa violando los derechos que las personas tienen y no existe razón alguna sino la arbitrariedad, entonces procede la aplicación del proyecto de ley", detalla.



Y la ley entiende como arbitraria "toda distinción, exclusión o restricción fundada en motivos de raza o etnia, color, origen nacional, situación socioeconómica, zona geográfica, lugar de residencia, religión o creencia idioma o lengua, ideología u opinión política sindicación o participación en asociaciones gremiales, sexo, género, orientación sexual, estado civil, edad, filiación, apariencia personal, estructura genética, o cualquiera otra condición social que prive, perturbe o amenace el legítimo ejercicio de los derechos establecidos en el ordenamiento jurídico, incluidos los tratados internacionales ratificados por Chile y que se encuentren vigentes".



El encargado de señalar si una conducta de discriminación es o no arbitraria le corresponderá exclusivamente a los tribunales de justicia, específicamente a la Corte de Apelaciones, que determinará si un caso es válido. De ser así, podrá aplicar una sanción penal -una multa- y también dejar sin efecto el acto discriminatorio.



Por ejemplo, en el caso de los carabineros, si se comprobara que efectivamente renunciaron por presiones debido a su condición sexual, la instancia judicial podría obligar a que fueran restituidos en sus puestos. También podría declarar algún tipo de indemnización.



Estévez asegura que el largo trámite que ha debido atravesar esta iniciativa tiene que ver con "un tema de conciencia política, que se ha ido formando lentamente. De hecho, cuando comenzamos a hablar de esto, nadie pensaba que había efectivamente problemas graves de discriminación e intolerancia, pero creo que progresivamente fue adquiriéndose conciencia de que esto es real".





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