Documento da cuenta que recinto de Puerto Montt, donde ocho jóvenes internos murieron por asfixia, tenía plazas »superadas o al límite». En el resto de los centros más importantes la situación es similar: hacinamiento, imposibilidad de segregar a primerizos de los que tienen experiencia criminal, son sólo algunos de los problemas que enfrenta la ley penal juvenil.
La tragedia ocurrida en Puerto Montt, donde el lunes murieron ocho jóvenes en un centro del Servicio Nacional de Menores (Sename), destapó nuevamente la polémica respecto a cómo se está aplicando en Chile una de las leyes estrella del Gobierno, como la Reforma Penal Adolescente (RPA) y la falta de inversión antes de llevarla adelante.
Las críticas se hicieron oír con fuerza el lunes contra de las autoridades de justicia y del propio Ejecutivo.
Por esta razón, este martes los funcionarios del Sename entregarán un informe detallado a la Presidenta Michelle Bachelet, donde exponen cuáles son las principales falencias del sistema que se aplica a nivel nacional.
Una copia de esa presentación fue obtenida por El Mostrador.cl. En ella se detallan cómo las estimaciones de ingreso al sistema -sobre todo las medidas privativas de libertad- hechas por el gobierno, el Ministerio de Justicia y el propio Sename se vieron sobrepasadas por la realidad.
«En la actualidad la mayor parte de los Centros de Internación Provisoria (CIP) del país se encuentran con jóvenes internos que superan las plazas asignadas o se encuentran al límite», se señala en el documento.
Más y más
A renglón seguido, explican que los centros «emblemáticos» son Puerto Montt, San Bernardo, Valdivia Coyhaique, Valdivia, San Joaquín -en Santiago-, Chol Chol, Limache, Coronel y Graneros.
Indican, además, que son excepcionales las regiones que muestran holgura y que corresponden «a aquellas con menor densidad poblacional y demanda potencial».
«En el caso e los CIP de Limache, San Joaquín y San Bernardo, los niveles de ocupación de las plazas superan dos y hasta tres veces las plazas disponibles para esta medida», debiendo a veces usarse las instalaciones que están destinadas para el régimen cerrado.
Según los funcionarios, esto implica «severas condiciones e hacinamiento, imposibilidad de de adoptar medidas de segregación según el perfil de complejidad conductual».
Esto significa, en los hechos, que los primerizos y aquellos que ya tienen currículum criminal estén juntos. En otras palabras, la situación es similar a la que había hasta antes de la entrada en vigencia de la RPA.
Al mayor abundamiento precisan que la falta de infraestructura se contrapone con lo expresado en el artículo 48 de la ley en cuestión, «que establece taxativamente que las personas privadas de libertad menores de 18 años, deberán permanecer siempre separadas de los adultos privados de libertad».
Su incumplimiento, dice el informe, «constituye una grave infracción a los deberes funcionarios».
Endo-exógeno
El documento, también hace referencia a la falta de gendarmes. Al respecto y previendo las críticas que se le venían encima, concurrió al palacio de tribunales el mayor Cristián Alveal, presidente de la Asociación Nacional de Oficiales Penitenciarios.
Alveal reconoció que el número de uniformados que prestan servicios en la institución no alcanza para cubrir las necesidades que provoca la nueva Ley de Responsabilidad Penal Adolescente.
Por esta razón, hizo un llamado a las autoridades para que, cuando se aborde el problema de la delincuencia, se comprenda que, una vez que detenida una persona, pasa a un segundo plano, que es la cárcel o los centros de detención, donde se vive otra realidad.
En este sentido, pidió que se distribuyan de mejor manera los recursos para el sistema de prisiones.
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