Fiscal militar Roberto Reveco debe elevar antecedentes al titular del Segundo Juzgado Militar de Santiago y jefe de la II División del Ejército, Juan Miguel Fuente-Alba, quien determinará si traba una contienda de competencia, que debería ser resuelta por la Corte Suprema. Hasta hoy, la jurisprudencia se ha inclinado en favor de la justicia castrense.
La resolución dictada por el juez del Séptimo Juzgado de Garantía Daniel Urrutia, quien declaró la inhabilidad por incompetencia de la Fiscalía Militar para continuar el proceso contra de los asaltantes del banco Security, donde resultó muerto el carabinero Luis Moyano, será resulta la próxima semana por el general Juan Miguel Fuente-Alba quien determinará si traba o no la contienda de competencia surgida en esta causa.
El uniformado, quien desempeña labores en el Ejército como jefe de la II División y en el Segundo Juzgado Militar de Santiago como juez titular, debe esperar que el fiscal que tramita la causa, Roberto Reveco, eleve los antecedentes de la indagatoria al tribunal castrense para analizar si corresponde aceptar el requerimiento de Urrutia.
A pesar de que este procedimiento en la justicia militar no tiene con plazos establecidos, se espera que durante las próximas horas Reveco dictamine la remisión de los expedientes de la indagatoria, con lo que Fuente-Alba quedaría en condiciones de resolver.
Altas fuentes relacionadas al caso indicaron a El Mostrador.cl que por el delito investigado, así como por existir dos personas privadas de libertad (Víctor Jérez y Christián Gómez Canales), se determinó la mayor celeridad a este trámite. Con ello, el tribunal militar estaría resolviendo entre el lunes y martes próximos si traba la contienda de competencia.
Si el juez Fuente-Alba considera que el proceso debe seguir bajo la judicatura castrense, por tener distintas jefaturas (Corte Marcial y Corte de Apelaciones de Santiago respectivamente), la Corte Suprema deberá zanjar el conflicto entre ambos juzgados. En caso contrario, sencillamente se remitirán los antecedentes al tribunal de Garantía.
Fuentes del Ejército señalaron que este jueves se reunió el auditor del Segundo Tribunal Militar y magistrado, por lo que están a la espera de la remisión de antecedentes para analizarlos.
De todos modos, Reveco puede enviar los documentos como compulsas (copias), lo que permitirá seguir dictando diligencias. Entre estas se encuentran el posible procesamiento de Víctor Jerez Reyes, el único presunto involucrado detenido hasta el momento, para lo cual Reveco tiene plazo hasta este viernes. En cuanto, al supuesto encubridor Christián Gómez Canales, el plazo se podría extender.
En esta misma jornada, el fiscal del Ministerio Público Andrés Montes le imputará cargos a Jerez por robo con intimidación en el Séptimo Juzgado de Garantía.
Jurisprudencia y reforma
Respecto a la jurisprudencia que existe en este tipo de causas el ex fiscal del Ejército y actual profesor de justicia militar de la Facultad de Derecho de la Universidad de Chile, Sergio Cea, indicó que la "Corte Suprema ha mantenido de forma invariable en el último tiempo que el delito de maltrato de obra a Carabineros causando su muerte le corresponde resolver a tribunales militares".
En su dictamen, Urrutia recordó el fallo de la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) por el caso de Humberto Palamara, por el que el Estado chileno fue condenado a reformar su sistema judicial para que civiles no sean juzgados por tribunales castrenses en tiempos de paz y por delitos comunes.
Al respecto, Cea señala que los fallos internacionales deben funcionar en la medida que puedan ser aplicados. Para ilustrar esta idea, plantea que la resolución de la CIDH "dentro de sus contenidos o materias, señala que Estado chileno debe readecuar lo que es ciertos aspectos de la justicia militar".
En ese sentido, el ex fiscal recuerda que en junio pasado el Ejecutivo envió al Congreso un proyecto de ley que modifica la competencia de la justicia militar, señalando que esencialmente se trata de instancias que pueden enjuiciar a uniformados. Sin embargo, Cea recuerda que la propuesta legal mantiene la figura del maltrato de obra carabineros.
Bajo su experiencia dice que "las leyes vigentes en Chile señalan que el delito de mal de obra a Carabineros corresponde a tribunales militares" por lo que estima que de trabar contienda, el máximo tribunal se inclinaría la competencia a la justicia castrense.
Cea investigó a comienzos de los’90 una causa similar, cuando cinco miembros de del grupo Lautaro asaltaron el banco O’Higgins del Apumanque. Como resultado del robo y producto del enfrentamiento entre la policía y la banda resultaron muertos un guardia de seguridad, tres pasajeros de un bus y un suboficial de Carabineros.
Según recuerda el académico, el juzgado del crimen correspondiente de la época inhabilitó también al tribunal castrense y finalmente el máximo tribunal, como la mayoría de las veces, cedió competencia a la justicia militar.
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