Facultad que se le otorga a la Unidad de Análisis Financiero, complica a los parlamentarios, porque en la práctica se le entregaría todo el poder al organismo encargado de detectar el blanqueo de capitales. Pero no todo es negativo, porque ya está aprobado el alzamiento del secreto bancario y la reserva, una de herramientas básicas en la lucha contra el crimen organizado.
Un artículo clave del proyecto que moderniza la Ley Antilavado de Activos y Financiamiento del Terrorismo corre serio peligro de ser rechazado en la comisión de Constitución de la Cámara de Diputados.
Se trata de la facultad con que podría contar la Unidad de Análisis Financiero (UAF) para acceder -sin autorización judicial y por la mera sospecha- a los antecedentes tributarios que maneja el Servicio de Impuestos Internos (SII), cuando realiza una investigación.
Esta coordinación entra ambas instituciones se enmarca dentro del proyecto que el gobierno, junto al diputado Jorge Burgos, presentaron en el año pasado, luego que el Grupo de Acción Financiera del Conosur (Gafisud) hiciera serias observaciones a la legislación sobre blanqueo de capitales.
Actualmente, si la UAF necesita dicha información debe solicitarla a través de una orden judicial, por lo que la modificación permitiría que el organismo actuara con mayor celeridad.
La situación política al interior es la comisión es de empate. Dos parlamentarios se abstuvieron, uno votó en contra y uno a favor. La piedra de tope es que aprobar la coordinación en tal sentido dotaría de un poder innecesario a la UAF, en circunstancias que con la fórmula actual el sistema funciona correctamente.
El argumento es que la información tributaria está siempre disponible, a diferencia de la financiera que debe ser obtenida de forma rápida por la facilidad con que es posible mover los capitales.
Pero no todo es negativo para la lucha antilavado, porque la comisión tiene aprobado en la discusión artículo por artículo -que luego debe pasar a la sala- el alzamiento del secreto bancario y la reserva, una de herramientas básicas en la lucha contra el crimen organizado.
La figura que la UAF podrá usar para ello es la del "legítimo interés" que la institución tiene para indagar y revisar los haberes, documentos bancarios y colocaciones.
Confianzas
En julio de este año, en el marco de una asesoría a la UAF, el especialista colombiano en el combate al lavado de activos Alberto Lozano, recomendó a los bancos chilenos confiar en las autoridades y no restringir la entrega de información basándose en la reserva de antecedentes.
Lozano, abogado y ex director de la UAF colombiana y un organismo similar del banco central de ese país, expuso en un curso reservado para los oficiales de cumplimiento de las entidades financieras. Estos últimos son funcionarios encargados de hacer cumplir las directivas antilavado y de reportar las operaciones sospechosas de personas jurídicas o instituciones a la UAF.
En la oportunidad, el profesional insistió en que en Chile existe una lógica "un tanto estrecha" para comprender el llamado "traslado de la reserva", acción que implica entregar la información cada vez que la UAF la pide sin que sea necesario recurrir a la vía judicial.
Actualmente, cuando un banco informa de una operación sospechosa, la UAF puede seguir requiriendo información del sujeto en cuestión. Sin embargo, si aparecen depósitos en otra entidad financiera, la suerte puede ser otra. De todas formas, el organismo puede recurrir a un ministro de la Corte de Apelaciones para levantar la reserva o secreto.
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