De no prosperar negociaciones de mañana martes, unos 500.000 funcionarios del sector público irán a una paralización «indefinida». Aunque reconocen una cierta mayor apertura de Hacienda para encontrar fórmulas de solución. Inflación futura o pasada es la piedra de toque.
A una fase decisiva entrarán mañana martes las negociaciones entre el Gobierno y la denominada Mesa del Sector Público, que agrupa a unos 500.000 funcionarios del gobierno central, municipalidades, salud y educación municipalizada y universidades estatales.
Y decisiva será porque no de arribarse de un acuerdo, las organizaciones ya adelantaron que comenzarán una paralización «indefinida» de actividades.
Pese al lenguaje beligerante de los estamentos laborales involucrados, el presidente de la CUT, Arturo Martínez, que habló a nombre de toda la mesa, dijo valorar al menos la actitud de mayor diálogo del Ministerio de Hacienda, ya que hubo un intento por acercar posiciones, pero el hecho concreto-dijo- fue que no hay acuerdo hasta el momento y es más, no hay oferta concreta sobre la mesa, fuera de la propuesta inicial del reajuste del 4%.
Martínez agregó que el gran problema para la consecución del acuerdo ha sido el tema de si se usará parámetros de la inflación futura o pasada, tema que por cierto hace variar sustantivamente las propuestas en juego.
Por una parte, considerar la inflación pasada supone un reajuste superior al 6,5%, porque el IPC acumulado entre noviembre del año pasado y noviembre del presente año es aproximadamente un 6,8%. En cambio, la inflación futura, no pasa, según las autoridades económicas, del 4%.
Hasta la noche del lunes la única propuesta oficial era del 4% de reajuste, pero luego de algunas negociaciones esa cifra pasó al 4,5%. Después vino una propuesta de Hacienda en el sentido de proponer algunos tramos de reajuste, que incluso se acercaron al 5,5% o 6%, pero nada aún formalizado al respecto.
Por lo general, la autoridad en otras negociaciones, plantea la inflación futura, más un incremento real que ha bordeado el 0,8%.
El tema del reajuste basado en inflación pasada no es menor para los sindicatos del sector público porque el año pasado éstos hicieron fe de las proyecciones del Ejecutivo en la materia y resultó que la inflación real, como se ha visto este año, resultó bastante mayor de la esperada, generándose una caída real de los salarios al no recuperar totalmente el alza del costo de la vida (IPC).
El discurso de Hacienda en esta materia es que el fenómeno inflacionario de estos meses es una situación transitoria y por eso se mueven en una estimación de aumento de la inflación cercana al 4% para el próximo año.
Pero los empleados públicas quieren recuperar lo perdido el año pasado al menos y avanzar hacia adelante con una incremento real de las remuneraciones.
En esta materia incluso ha opinado el Banco Central, que en sus minutas de trabajo de su consejo directivo declaró que sería una «mala señal» incorporar la inflación pasada en las negociaciones. El temor del instituto emisor es que este efecto redunde en mayores presiones inflacionarias sobre la economía.
Pero también hay otros factores en juego, porque Hacienda está conciente de que los términos de esta negociación son «señales» para lo que viene después en el sector privado, en términos de negociaciones laborales, por lo que no están dispuestos a ceder completamente en la materia.
«Nosotros creemos que las señales hay que dárselas a los trabajadores y no a otros agentes», dijo al respecto Arturo Martínez.
El Ministro del Trabajo, Osvaldo Andrade y el ministro de Hacienda, Andrés Velasco, se retiraron varias veces a afinar la propuesta del Ejecutivo y ésta tendió efectivamente a acercarse a las pretensiones de los trabajadores, pero no logró llegar a sus expectativas, particularmente después que éstos señalaron taxativamente que no habría acuerdo por la vía de «bonos compensatorios» de la inflación perdida e insistieron en que el foco de está en el reajuste de las remuneraciones.
Un aditamento no menor en esta consideración es que el conjunto de la Mesa del Sector Público, tampoco- como ha ocurrido en otras oportunidades (el año pasado la ANEF no firmó el acuerdo con el Gobierno)- tiene siempre una postura común cuando se trata de optar entre bonos o reajuste de remuneraciones. No obstante, a la luz de las opiniones entregadas hoy esta vez habría consenso en el sentido de optar claramente por las remuneraciones, dado su carácter imponible y permanente en el tiempo.
Esto no opta para que por ejemplo se incluya un bono de término de conflicto que en experiencias anteriores ha sido entre $100.000 y $125.000, dependiendo del nivel de sueldo del trabajador.
Otro elemento importante en juego es que en el trámite parlamentario, en forma histórica, los parlamentarios siempre han contribuido del orden de 0,5 puntos porcentuales adicionales cuando el proyecto llega a la discusión al Congreso. Algo que también debe estar en las consideraciones del Ejecutivo.
De hecho, entre las reacciones políticas que se dieron ayer, diputados de DC, como el influyente parlamentario Pablo Lorenzini, dijo que la bancada DC no aceptaría un reajuste inferior al 6%.
Otro contexto relevante a la hora de las cuentas es que el Ejecutivo probablemente en esta ocasión tiene la intención de cerrar este capítulo del sector público, idealmente lo antes posible, porque mañana mismo otro tema clave de la discusión pública entra en horas determinantes: El Transantiago. También, junto a los recursos para el polémico sistema de transportes de la capital, el Ejecutivo debe terminar de cerrar la tramitación del Presupuesto del 2008.
Tener estos dos asuntos, simultáneamente abiertos, representa un desgaste político y de trabajo relevante para el Ejecutivo, por lo cual las próximas horas, para estos dos tópicos, serán determinantes.
