Alejandro Navarro, Antonio Horvath y Mariano Ruiz-Esquide presentaron un proyecto de acuerdo en el que le solicitan al Ministro de Justicia que implemente una serie de medidas en esa línea.
Con el propósito de evitar que se vuelvan a registrar desastres como el
ocurrido en un centro del Servicio Nacional de Menores (Sename), donde
murieron 10 jóvenes a raíz de un incendio originado en una revuelta interna,
los senadores Alejandro Navarro, Antonio Horvath y Mariano Ruiz-Esquide
presentaron un proyecto de acuerdo en el que solicitan que se entreguen los
recursos humanos y materiales necesarios para que el Sename pueda cumplir su
labor.
El texto, que fue derivado a la Comisión de Constitución para su estudio, le
pide al Ministro de Justicia, Carlos Maldonado, que destine a esa entidad
«anual, sistemática, y progresivamente en el Presupuesto de la Nación, los
recursos humanos y financieros necesarios para garantizar el proceso de
reinserción social de los jóvenes».
Asimismo, propone que el Sename se comprometa en la generación de las
adecuaciones necesarias a la ley de responsabilidad penal juvenil y al
reglamento de esa ley, para dotar a los centros de las normas
administrativas, disciplinarias y de seguridad que permitan evitar hechos
como los ocurridos en Puerto Montt.
A juicio de los senadores, también es necesario que los talleres que
realizan los jóvenes al interior de tales centros les entreguen la
capacitación adecuada para que aprendan un oficio o un título técnico para
que efectivamente puedan convertirse en un verdadero estímulo para la
reinserción efectiva de los jóvenes.
Realidad actual
Los autores del proyecto de acuerdo enfatizaron que la implementación de la
Ley de Responsabilidad Penal Juvenil ha mostrado «una serie de situaciones
operacionales deficientes» que se han manifestado a través de una serie de
graves hechos, como el incendio en Puerto Montt.
Asimismo, advirtieron que muchos de los hechos y problemas que se han
generado en los centros del Sename, dicen relación con la sobrepoblación de
los mismos y la falta del personal suficiente para atender sus demandas.
Los senadores recordaron que existía un compromiso de parte del Ministerio
de Justicia, que antes del 1 de noviembre de este año, en el centro de
Limache habrían 15 nuevos funcionarios; 20 nuevos funcionarios para Coronel,
y otro número similar para el resto de los centros del país.
No obstante, señalaron que «de los primeros 15 funcionarios a contratar,
sólo llegaron 8, de los cuales 6 renunciaron en menos de una semana,
acusando falta de entrenamiento adecuado antes de asumir las tareas de
educación y trabajo directo con los jóvenes».
Paralelamente, los funcionarios han reconocido que en los Centros de
Administración Directa del Sename, no existe la dotación suficiente para
realizar sus labores.
«Esta falta de funcionarios implica que además no se realicen los talleres y
procesos de normalización educacional como corresponde, lo que se traduce en
que no se cumplen los compromisos de reinserción social suscritos por los
jóvenes», señalaron los senadores.
Por ello, agregan, «resulta indispensable para lograr un real proceso de
reinserción social de los jóvenes, dotar al Sename de los recursos
necesarios para construir la infraestructura y programas que realmente
sirvan para estos fines, junto con dotar a los centros con el número de
funcionarios requeridos, entregándoles herramientas para realizar su
trabajo».
