Calama: Condenan a ex policías por homicidio de militante socialista - El Mostrador

Viernes, 24 de noviembre de 2017 Actualizado a las 19:19

Calama: Condenan a ex policías por homicidio de militante socialista

por 30 noviembre, 2007

Rómulo Enrique Gallegos Pangue y Osvaldo Arriagada Pazmiño fueron sentenciados a seis y cuatro años de prisión por el crimen de Juan Matulic, perpetrado en 1973.

La ministra en visita Rosa María Pinto condenó este viernes a dos ex funcionarios de Carabineros por su participación en el homicidio calificado del militante socialista Juan Matulic Infante, perpetrado el 16 de octubre de 1973 en la ciudad de Calama.



La magistrada sentenció al funcionario retirado Rómulo Enrique Gallegos Pangue como autor del crimen a seis años de prisión sin beneficios y al oficial retirado Osvaldo Arriagada Pazmiño, como encubridor, a tres años de presidio bajo el régimen de remisión condicional.



En su dictamen, la magistrado establece que Matulic Infante fue detenido "sin mediar orden de tribunal alguno" durante los primeros días de octubre por efectivos de la Comisión Civil de Carabineros, así como del Servicio de Inteligencia (Sicar) de la institución. Tras ser torturado, fue dejado en libertad.



Sin embargo, el 14 de octubre los mismos efectivos volvieron a detenerlo y lo trasladaron al Retén Dupont, en la salida sur de la ciudad, donde se le inculpó de intentar secuestrar a los hijos de un funcionario policial.



Dos días después, su cuerpo fue encontrado sin vida con nueve impactos bala en su cabeza y la parte superior del cuerpo. El cadáver fue llevado por Carabineros (no identificados) hasta el Hospital de Calama, donde se le practicó una autopsia irregular.



En su dictamen, la jueza rechazó aplicar la ley de Amnistía o la prescripción, por estimar que, al tratarse de un delito de lesa humanidad, se estarían infringiendo los tratados internacionales sobre derechos humanos suscritos por Chile, como el Convenio de Ginebra.



Asimismo, recuerda sentencias de la Corte Suprema donde se ratifica la vigencia de dichos instrumentos, a través de los cuales Chile "se obligó a garantizar la seguridad de las personas, en especial si fueren detenidas, quedándole prohibidas las medidas tendientes a amparar los agravios cometidos contra ellas o lograr la impunidad de sus autores".



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