Así lo plantea un proyecto de ley del diputado Eugenio Tuma, que se refiere específicamente al alcantarillado y agua potable.
El diputado Eugenio Tuma (PPD) dio a conocer este lunes un proyecto de ley que modifica la Ley General de Servicios Sanitarios para eximir a las viviendas sociales o subsidiadas de hasta 750 unidades de fomento del costo de conexión a la red de agua potable y alcantarillado.
Al respecto, el parlamentario explicó que los servicios sanitarios en Chile son entregados por empresas privadas, atendido que se trata de una actividad económica en que existe interés privado para su explotación, precisando que conforme al principio de la subsidiaridad del Estado, éste sólo puede ejercer o desarrollar actividades económicas en la medida que no existan particulares interesados en ello.
Por lo tanto, al tratarse de servicios básicos relacionados con la salubridad e higiene públicos, éstos se encuentran regulados en la Ley General de Servicios Sanitarios que en lo esencial establece, a través de un sistema concesional, los requisitos de las empresas para la adjudicación de la prestación de los servicios, y los derechos y obligaciones de las concesionarias.
En este sentido, para el diputado Tuma, uno de los problemas que surgen en el servicio de distribución o abastecimiento domiciliario de agua potable, y que es parte de la razón por la cuál es necesario contar con un marco normativo como la Ley General de Servicios Sanitarios, es que para el concesionario no sea rentable prestar el servicio, no ya por el hecho mismo de la distribución, sino por la necesidad de construir la infraestructura necesaria para prestar el servicio.
"Las concesionarias, para prestar el servicio, y los urbanizadores para desarrollar sus proyectos, optan por cobrar el denominado costo de acercamiento, es decir, el valor que significa realizar las construcciones necesarias para quedar en condiciones de prestar el servicio", reveló.
Si bien, esta situación, que en parte fue abordada por la ley N° 20.038, no está regulada en la ley, se produce dentro de un vacío normativo difícil de suplir, ya que la opción que entrega la ley, consiste en que la Superintendencia de Servicios Sanitarios, advirtiendo que dentro del radio urbano existe la necesidad de prestar el servicio, disponga la extensión del área licitada a una empresa.
En tal caso, "si ésta -ejerciendo su derecho- se niega, puede la Superintendencia convocar a una licitación para proveer el servicio, a la cual difícilmente se presentarán interesados, pues si la concesionaria cercana decidió que no era rentable, menos lo será para otra más lejana o una nueva. Y la razón es muy simple: no se puede obligar a una empresa privada a prestar un servicio que le signifique incurrir en pérdidas o eventualmente la quiebra", señaló el legislador.
