Con ocho votos a favor y 11 en contra, senadores rechazaron un proyecto de acuerdo que solicitaba a la Presidenta el envío de un proyecto para tal fin.
Por una estrecha mayoría, el Senado rechazó un proyecto de acuerdo en el que solicitaba a la Presidenta de la República el envío de una iniciativa legal que terminara con la exención tributaria que permite a las empresas constructoras recuperar el 65% de Impuesto al Valor Agregado (IVA).
El texto, que fue presentado por los senadores Jaime Naranjo (PS), Nelson Ávila (PRSD), Camilo Escalona (PS), Guido Girardi (PPD), Jaime Gazmuri (PS), Alejandro Navarro (PS), Ricardo Núñez (PS), Carlos Ominami (PS), Jorge Pizarro (DC), Mariano Ruiz-Esquide (PS) y Guillermo Vásquez (PRSD), fue rechazado con 11 votos en contra y ocho a favor.
Se inclinaron a favor de la propuesta Ávila, Eduardo Frei Ruiz-Tagle (DC), Roberto Muñoz Barra (PPD), Naranjo, Navarro, Ominami, Ruiz-Esquide y Vásquez.
En contra, lo hicieron Jorge Arancibia (UDI), Carlos Bianchi (independiente), Andrés Chadwick (UDI), Juan Antonio Coloma (UDI), Antonio Horvath (RN), Carlos Kuschel (RN), Hernán Larraín (UDI), Jaime Orpis (UDI), Víctor Pérez (UDI), Sergio Romero (RN) y Hosaín Sabag (DC).
En lo fundamental, el texto solicita que los recursos que se recauden con la eliminación del beneficio tributario que tienen las constructoras, sean destinados a un subsidio para solucionar la situación que afecta a los deudores habitacionales de los programas PET, leasing y otros, que han quedado al margen de los beneficios de repactación de deudas que se encuentra desarrollando el Gobierno.
Beneficio innecesario
Según los autores del proyecto de acuerdo, la existencia del beneficio tributario para las empresas tenía como objetivo fomentar el desarrollo de la construcción y principalmente de las viviendas sociales, y a través de ello, estimular el empleo, lo que a su juicio "ha sido largamente superado", pues la construcción es uno de los sectores más dinámicos de nuestra economía.
Asimismo, agregan que el Servicio de Impuestos Internos (SII) ha señalado que dicha franquicia tiene un gran impacto financiero para el Fisco.
A modo de ejemplo, señalan que en 2002 esta menor recaudación alcanzó a los US$ 169 millones; en 2003 a US$ 182 millones; en 2004 a US$ 191 millones y en 2005 a US$ 290 millones. Agregan que, según diversas estimaciones, desde 1987 el Fisco ha dejado de percibir alrededor de US$ 3.000 millones.
En tal sentido, advierten "que cumplidos los objetivos para los cuales se dictó esta norma, lo más justo es ponerle fin, de tal forma que el Fisco recaude nuevos recursos que pueda destinar a programas para entregar soluciones a los deudores habitacionales que no están contemplados en los planes de repactación".
Más aún, señalan, considerando que la implementación de una solución demandaría al Estado una cantidad entre US$ 150 millones y US$ 200 millones.
