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No puede haber vuelta en derechos básicos y esenciales, según Bachelet

Mandataria participó en clausura del seminario regional "Justiciabilidad de los derechos económicos, sociales y culturales", realizado en la Cepal.


La Presidenta Michelle Bachelet participó este miércoles por la tarde en la clausura del seminario regional "Justiciabilidad de los derechos económicos, sociales y culturales", realizado en la Cepal, que se enmarca en la campaña del 60° aniversario de la Declaración Universal de los Derechos Humanos.



En la oportunidad, señaló que en materia de políticas sociales los derechos de la ciudadanía son "la piedra angular de su arquitectura", asegurando que, junto al reconocimiento progresivo de la concreción de estos derechos, su gobierno tiene "un compromiso muy claro: comprometernos a su no regresión, porque aquí no hay vuelta atrás".



En este sentido, sostuvo que "mi gobierno dura cuatro años, pero queremos dejar establecido que no puede haber vuelta atrás en términos de los derechos básicos y esenciales de la gente".



Explicó que se trata de un enfoque exigente, "porque significa tensionar al Estado y a la sociedad, que pasan a asumir el cumplimiento de estas garantías".



Al respecto, manifestó que "hay gente que no comparte esta autoexigencia, esta autoimposición de ir cada vez más lejos en el aseguramiento de los derechos; pero nosotros hemos resuelto que como país debemos transitar por ese camino".



Sobre este punto, dijo que "los países deben avanzar hacia pactos sociales, donde todos pongan de sí para lograr un desarrollo sustentable e inclusivo. Y la verdad que esto desde el comienzo ha sido mi invitación a la sociedad chilena; que podamos avanzar paso a paso en la concreción de ese pacto social, un nuevo trato que asegure que hemos entrado en un punto de no retorno del progreso de Chile, esta vez para todos y sin exclusiones".



En este sentido, relevó que uno de los propósitos centrales de su gobierno es superar la actual matriz de construcción y acción estatal, "pasando de un Estado individualista, subsidiario y asistencialista en lo social, a un verdadero Estado social y democrático de derecho".



Dijo que se trata de un tránsito democrático hacia un "nuevo modelo social, más justo e igualitario", que no es fácil, ni automático, "porque no se trata de un cambio repentino y tampoco es un tema donde exista unanimidad". Resaltó que el objetivo central es avanzar hacia "un Estado moderno y dinámico, que promueve la iniciativa privada de las personas, por un lado, pero que al mismo tiempo les garantiza derechos sociales".



Puso como ejemplo, la reforma a la salud y el plan AUGE, el seguro de desempleo y la reforma previsional, entre otras iniciativas. En este marco, sostuvo que la democracia chilena ha ido avanzando paulatinamente hacia una democracia social, que junto con asegurar crecimiento económico sostenido a una tasa promedio superior al 5%, "impulsa una estrategia de reducción de la pobreza y de inclusión en todos los ámbitos".



Añadió que los resultados están a la vista: "la pobreza retrocedió de casi 40% en 1990 al 13% el año pasado; nuestro Producto Interno Bruto (PIB) per cápita, medido por paridad de compra, pasó de poco menos de US$ 5 mil en 1990, a más de US$ 13 mil en 2006; y Chile es uno de los países que sube incesantemente en el Índice de Desarrollo Humano del PNUD".



La mandataria manifestó que el tema del encuentro "tiene que ver con el corazón de mi programa de gobierno; con aquello que he denominado el sello de mi gestión, como es la construcción de un sistema de protección social fundado en derechos de los ciudadanos". Agregó que "como Presidenta espero dejar sentadas las bases del sistema de protección social que he señalado, con la perspectiva que esto tiene que ir ampliándose".



Al seminario asistieron miembros del Poder Judicial y representantes de la sociedad civil de Argentina, Bolivia, Colombia, Brasil, Ecuador, Paraguay, Uruguay, Venezuela, Perú, México, Camerún y Chile, quienes compartieron experiencias con expertos de la región en cuanto a los avances y dificultades en materia de derechos sociales, tales como salud, vivienda, educación, trabajo y alimentación, entre otros.

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