«Esta es una señal clara que debiera tomar la empresa para abrir desde ya el proceso de internalización", dijo Jorge Insunza.
Los diputados PPD Antonio Leal y Jorge Insunza lamentaron la posición de la Corporación Nacional del Cobre (Codelco) frente a la fiscalización sobre la ley de Subcontratación, al tiempo que respaldaron las manifestaciones pacíficas de los trabajadores.
«Los trabajadores han realizado movilizaciones de advertencia, lo que me parece bastante prudente. Esta es una señal clara que debiera tomar la empresa para abrir desde ya el proceso de internalización", dijo Insunza.
Leal, además, aseguró que Codelco incurre en una serie de irregularidades laborales que van más allá de las denunciadas por la Dirección del Trabajo.
"Codelco controla dotaciones, asistencia de trabajadores, e incluso llega al extremo de otorgar el pago de los bonos extraordinarios de estos trabajadores. Además, hay una fuerte injerencia en el proceso productivo y las empresas contratistas cuentan con un supervisor que no juega ningún rol activo en sus labores", aseguró.
Leal agregó que "estos antecedentes son fidedignos, y fueron recabados principalmente en una división de Codelco que es Salvador, ya que una parte muy importante de estos trabajadores realiza funciones semejantes al de un trabajador de planta, sin embargo, ganan sólo un tercio de su sueldo", aseguró.
Por su parte, Insunza manifestó que "la ley de subcontratación tiene que cumplirse en todas las empresas, ya sea públicas o privadas":
«No nos parece razonable que al cumplirse un año de la aplicación de la ley, Codelco todavía no esté internalizando trabajadores. Es un proceso que debió partir mucho antes y que no debió haber esperado la resolución de la Dirección del Trabajo", sostuvo.
Insunza acotó que resulta "insólito que algunos ejecutivos dijeran que esto no correspondía a más de cuatrocientos o seiscientos trabajadores, y hoy estamos confrontando esa cifra con cerca de 5 mil trabajadores. La empresa debe asumir sus errores y repararlos lo antes posible", insistió.
"Consideramos legítimo de que algunos objeten parte de las cifras, pero no que haya una objeción al todo, que la ley se convierta en letra muerta, al igual que la facultad fiscalizadora de la Dirección del Trabajo", finalizó
