Corte Suprema confirmó condenas del caso Antuco contra cinco ex oficiales - El Mostrador

Sábado, 18 de noviembre de 2017 Actualizado a las 05:20

Mantuvo absolución a suboficia

Corte Suprema confirmó condenas del caso Antuco contra cinco ex oficiales

por 27 diciembre, 2007

Ex mayor de Ejército Patricio Cereceda, quien dio la orden de marchar en la zona donde en 2005 murieron 44 conscriptos y un suboficial, deberá cumplir cinco años y un día de prisión por cuasidelito de homicidio e incumplimiento de deberes militares. Fuentes castrenses indicaron que será recluido en el Penal Cordillera, junto a condenados por casos de DDHH.

La Segunda Sala Penal de la Corte Suprema confirmó las condenas contra cinco oficiales y mantuvo la absolución de dos suboficiales en el llamado caso Antuco, hecho que conllevó la muerte de 45 soldados en la Octava Región en 2005.



De esta manera, la cara visible de este proceso, el ex mayor del Ejército Patricio Cereceda, deberá entrar a cumplir la condena de cinco años y un día que le impuso el ministro en visita Juan Arab, y que fue confirmada por la Corte Marcial por cuasidelito de homicidio e incumplimiento de deberes militares sin beneficios.



Cereceda fue el superior que el 18 de mayo de 2005 dio la orden a los conscriptos de marchar entre los refugios Los Barros y la Cortina, en el sector del volcán Antuco, en momentos en que se avecinaba una fuerte tormenta de nieve con bajísimas temperaturas y que implicó el fallecimiento de 44 jóvenes que realizaban su servicio militar y un suboficial.



El dictamen de la Suprema también mantuvo las sanciones al coronel Roberto Mercado, entonces comandante del Regimiento Los Ángeles de tres años y un día por el ilícito de incumplimiento de deberes militares, aunque con pena remitida.



Igual situación sigue para el comandante Luis Pineda por el mismo delito, pero con 541 días. Le siguen los capitanes Claudio Gutiérrez y Carlos Olivares con 841 días por cuasidelito de homicidio.



En tanto, se mantuvo la absolución por cuasidelito de homicidio del suboficial mayor Carlos Grandón y del sargento Avelino Tolosa.



En este sentido, los altos magistrados mantuvieron el criterio de análisis usado por la fiscal del máximo tribunal Mónica Maldonado, quien en marzo de este año emitió un informe en el que recomendó a sus superiores rechazar tanto las casaciones en el fondo de Cereceda y otros militares, como también las apelaciones de los querellantes que buscaban elevar las condenas de los ex uniformados.



De acuerdo a fuentes de la justicia castrense, una vez ejecutoriada la sentencia, Cereceda debiera cumplir su condena en el Penal Cordillera, donde se encuentran recluidos los militares involucrados en casos de violaciones de derechos humanos.



El fallo del máximo tribunal, según se indicó hasta el cierre de esta nota, sería dado a conocer este miércoles, ya que el ministro y presidente de la Sala Penal, Alberto Chaigneau, deja el Poder Judicial a fin de año.



De hecho, en la semana se "apuró" la redacción del acuerdo precisamente para que el magistrado alcanzara a firmarlo.



Extra terra



Fuera de los tribunales chilenos, la Corte Interamericana de Derechos Humanos, mantiene pendiente la decisión en torno a si acoge o rechaza una presentación que busca responsabilidades en las autoridades del Ejército y gobierno de la época.



En septiembre de 2007, el secretario ejecutivo de la CIDH, Santiago Cantón, envió una misiva a la Agrupación de Familiares de Víctimas de Antuco.



"Cumplo con informarle que el reclamo presentado se encuentra actualmente bajo estudio conforme a las normas reglamentarias vigentes, y que la Secretaría Ejecutiva de la Comisión se pondrá en contacto con usted oportunamente con el objeto de comunicarle su resultado", indicaba la misiva enviada desde Washington.



La acción ante el organismo internacional fue hecha en abril pasado y solicitan que se aclare la responsabilidad de las autoridades como lo eran el entonces Presidente Ricardo Lagos, el ex ministro Jaime Ravinet y el ex jefe del Ejército Juan Emilio Cheyre.



Asimismo con esta intervención de la justicia internacional solicitan que ninguno de ellos pueda asumir en el futuro cargos de representación popular.



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