Ministro Belisario Velasco indicó que "es una ley publicada hace tres años, ampliamente discutida en el Congreso", y que cualquier cambio "tendrá que verlo el Ministerio de Justicia".
El ministro del Interior, Belisario Velasco, dejó en manos de la cartera de Justicia el eventual estudio de una reforma legal que restrinja las libertades de personas que se encuentran condenadas o imputadas, a raíz de la polémica causada por el homicidio de la ejecutiva bancaria María Soledad Lapostol (55 años).
Según se conoció el jueves, Luis Andrés Araya Galaz (42), el principal sospechoso del secuestro y homicidio, registra desde 1998 causas por robo con intimidación, robo con fuerza y secuestro, tras lo cual fue condenado a presidio mayor en su grado medio.
En 2001, se le negó un indulto, pero el 20 de febrero de 2007, mediante decreto exento 467 del 30 de enero, el Ministerio de Justicia la rebajó en 12 meses. Gracias al beneficio, la condena a 10 años y un día fue cumplida el 17 de febrero.
El sujeto, que aparece en la imagen difundida el miércoles último por el Ministerio Público, habría sido quien visitó a la mujer en su oficina del banco Penta, presumiblemente con el pretexto de comprar el vehículo donde luego fue hallada muerta.
Velasco recordó que los beneficios son otorgados por una comisión presidida por un juez de la Corte de Apelaciones de Santiago, e integrada por magistrados y representantes de Gendarmería, y que el Ministerio de Justicia sólo los formaliza.
Consultado sobre la posibilidad de impulsar cambios en la materia, indicó que "es una ley publicada hace tres años, ampliamente discutida en el Congreso", pero que cualquier modificación "tendrá que verlo el Ministerio de Justicia".
«No es que no se piense (restringir los beneficios). Si es necesario el Ministerio de Justicia presentará los proyectos destinados a ese fin. Pero respecto a esto, reitero, no hay ninguna participación del Ministerio del Interior", insistió.
En la oportunidad, también desestimó las acusaciones del diputado Darío Paya, quien en la víspera lo había sindicado como el responsable de haber otorgado el beneficio a Araya Galaz.
«Cuando se discutía esa ley -en presencia del diputado Paya- el ministro que habla era embajador en Portugal (Â…). Segundo, la comisión que conforman ministros de la Corte es presidida por un ministro de la Corte de Apelaciones y gente de Gendarmería. Esa es la comisión que ve las libertades o los beneficios que tienen, de acuerdo a la ley, los reclusos", emplazó.
