Iniciativa parlamentaria busca evitar «pagos extra» a las consultoras que, por ley, están involucradas en los procesos de postulación, ilícito que afecta, sobre todo, a personas en alto riesgo social.
La Cámara de Diputados aprobó un proyecto de acuerdo presentado por el diputado DC, Jorge Sabag, que busca solucionar el problema que afecta a los postulantes a viviendas sociales referido al pago de costos extras en el proceso de postulación, debido a la presencia de consultoras que, por ley, deben actuar en los respectivos procedimientos.
Mediante este proyecto los parlamentarios solicitarán a la Presidenta Bachelet que instruya a la Ministra de Vivienda y al Director Nacional del Serviu que se reformule la política de los Fondos Solidarios de Vivienda, estudiando los montos a pagar a las Entidades de Gestión Inmobiliaria Social (EGIS), incluyendo los costos reales de los servicios prestados. Con la iniciativa se busca, además, sancionar a aquellas consultoras que exijan pagos adicionales a los beneficiados con esta política social.
Sabag explicó que el Ministerio de Vivienda implementó los denominados Fondos Solidarios de Vivienda I y II, estableciendo que los postulantes a estos fondos deben contar con la asesoría de una de estas entidades para llevar adelante su proyecto habitacional.
"Sin embargo, en el último tiempo se han detectado numerosas denuncias de distintos postulantes sobre cobros adicionales solicitados por estas empresas, a las que el Ministerio ya les cancela un monto por su trabajo. Lo anterior, aduciendo que el valor que se les cancela no alcanza a cubrir los costos reales de sus servicios", planteó el legislador.
Destacó también que los beneficiarios no pueden ser recargados con cobros ilegales, sobretodo considerando que, en la mayor parte de los casos, provienen de grupos altamente vulnerables, entre ellos, personas de bajo ingreso socio económico, discapacitados, enfermos catastróficos, adultos mayores e indígenas.
"Por todo esto, resulta fundamental corregir la actual situación para que si es necesario aumentar el valor de los servicios que se les pagan a estas instituciones, el mayor costo no sea traspasado a los beneficiarios de esta ayuda, sino que al ministerio", dijo Sabag.
