«En nuestro país no existe una corrupción generalizada y así lo han concluido organismos nacionales e internacionales. Sin embargo, nuestro Estado no esta libre de la desviación patológica de algunos de sus actores. Organismos del Poder Ejecutivo, de la Administración Municipal, de la Justicia, de las Fuerzas Armadas y otros, se han visto enfrascados en casos que produce consecuencias negativas para el sistema democrático», señalan parlamentarios.
La Bancada de Diputados del Partido Radical Socialdemócrata, encabezada por el diputado Alejandro Sule, se sumó a iniciativa dada a conocer en Icare por el ministro del Interior, Edmundo Pérez Yoma en cuanto a elaborar una propuesta para reformar el Estado para otorgarle mayor eficiencia e impedir posibles focos de corrupción.
Asimismo entregaron al secretario de Estado su propio Decálogo de Transparencia, cuyos ámbitos de acción se concentran preferentemente en reformas de índole políticas y administrativas; mayor participación ciudadana y un exhaustivo control fiscalizador del Estado en diferentes áreas.
Según los parlamentarios radicales, «en nuestro país no existe una corrupción generalizada y así lo han concluido organismos nacionales e internacionales. Sin embargo, nuestro Estado no esta libre de la desviación patológica de algunos de sus actores. Organismos del Poder Ejecutivo, de la Administración Municipal, de la Justicia, de las Fuerzas Armadas y otros, se han visto enfrascados en casos que produce consecuencias negativas para el sistema democrático».
En ese sentido señalaron que el Gobierno de la Presidenta Michelle Bachelet ha trabajado en la dirección correcta y ha estudiado, propuesto e implementado medidas que fortalecen la probidad, la eficiencia y transparencia de la gestión del Estado, así como la calidad de nuestra Democracia, medidas que según ellos, «no han sido suficientes».
A juicio de los parlamentarios del PRSD, el pacto entre la derecha y la Concertación el 2003 trajo como correlato una importante reestructuración de la administración publica y un perfeccionamiento de la calidad de nuestra política, como la regulación del financiamiento de las campañas electorales, sin embargo, «es hora de construir una nueva convergencia entre ética y política para lograr una revalorización de nuestra democracia y para esto, debe existir una mirada más amplia que la del 2003 y promover una reforma íntegra».
«Como ha quedado demostrado, la corrupción no sólo puede producirse en el Poder Ejecutivo. El Gobierno, los municipios, el Poder Judicial, las FF.AA., el Congreso, la Contraloría y hasta el mismo Tribunal Constitucional deben ser objeto de un mayor accountability y control social. Por ello, los Diputados del Partido Radical Socialdemócrata, nos comprometemos a proponer y apoyar todas las medidas que vayan en pos de una mejor democracia», explicó el diputado Alejandro Sule.
En este tenor, el documento radical señala que para fortalecer la política y mejorar su calidad, se debe propiciar, entre otras cosas, las reformas electorales, «que aseguren la representación de todas las fuerzas políticas, el voto de los chilenos en el exterior y la inscripción automática en los registros electorales».
Asimismo se debe implementar la reforma al sistema municipal, que procure mejorar el sistema de control y fortalecer el rol fiscalizador de los concejales. «Así también, a través del Proyecto de Participación Ciudadana, establecer la obligatoriedad de los presupuestos participativos, la obligatoriedad y el carácter vinculante de los plebiscitos y generar un sistema que promueva la participación en la creación de la planificación estratégica de cada comuna».
Promover la verdadera descentralización, más que la desconcentración del poder, «para asegurar verdaderos espacios de democracia local y autoridades regionales elegidas popularmente».
A juicio de los diputados del PRSD, también se debe fortalecer el control social y la fiscalización sobre instancias que no son elegidas por la voluntad popular, como las FF.AA y el Tribunal Constitucional. «De este modo, debería ser obligatorio que sus miembros también hagan público sus intereses, sus decisiones y el funcionamiento interno de sus instituciones, entre algunas medidas pro transparencia».
De igual manera, establece el documento, «se debe fortalecer la participación ciudadana y generar los espacios que ella demanda».
«Es necesario que los planes y programas de estudio incluyan clases de ciudadanía y de ética publica; mecanismos de democracia directa a nivel local, regional y nacional; la iniciativa popular en la gestación de los proyectos de ley, que convierta al ciudadano en un colegislador; la posibilidad de revocar todos los mandatos que emanen de la soberanía popular; modificar la Constitución para terminar con el impedimento que los dirigentes sindicales ingresen al parlamento», manifestó.
El documento también consigna entre otras medidas, promover la dignificación de la política y su financiamiento; reformar y fortalecer los controles políticos y administrativos en la administración pública para asegurar la rendición de cuentas, la probidad y transparencia; perfeccionar el control ciudadano sobre el Congreso Nacional; aumentar el control y evitar la influencia del dinero en las campañas electorales y en la política en general y perfeccionar del Sistema Nacional de Control.
«Estas son 10 medidas que la bancada de Diputados del PRSD cree que de una manera no exclusiva pueden permitir un perfeccionamiento de nuestra democracia y la dignificación de la política», agrega el texto que fue entregado al Ministerio del Interior para su análisis y discusión.
En el mismo documento los parlamentarios del Partido Radical, rechazan cualquier «medida» que promueva una reducción del Estado y la privatización de sus empresas, «puesto que no fortalecen a nuestro Estado, si no que lo debilitan».
