Luego de que hasta la Corte Suprema rechazara recursos a favor de las víctimas, profesionales de la UDP recurrieron ante los organismos internacionales en busca de justicia. El trasfondo de la presentación es la precariedad en la que están los niños en organismos donde supuestamente deben rehabilitarse. Esto también deja al descubierto que la implementación de la nueva Ley Penal Adolescente ha sido sólo a medias.
Una demanda contra el Estado chileno presentó ayer la Clínica Jurídica de Acciones de Interés Público y Derechos Humanos de la Universidad Diego Portales, denunciado las malas condiciones en que viven menores y adolescentes en los centros del Servicio Nacional de Menores (Sename).
La acción legal, que fue ingresada ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), básicamente apunta a hacer efectiva la responsabilidad del Estado de respetar los derechos del niño, como una forma de protección judicial efectiva, entre otras obligaciones.
El libelo, que deberá pasar varios trámites si es que es admitido, establece que la recién estrenada Ley de Responsabilidad Penal Adolescente, que aplica penas especiales a los mayores de 14 y menores de 18 años, no ha respetado los compromisos adoptados por Chile en el concierto internacional.
El Comité de Derechos del Niño de Naciones Unidas en el mes de Febrero del año 2007, recomendó al Estado de Chile que adopte las medidas tendientes a garantizar los derechos de los niños privados de libertad.
De hecho, la implementación en Chile de la nueva ley adolescente, entró en vigencia con severos problemas de infraestructura y de ofertas educativas, entre otras deficiencias.
Denegación de justicia
El documento recuerda la tragedia ocurrida en octubre de 2007 en el centro del Sename de Puerto Montt, donde murieron 10 jóvenes, hecho que generó polémica respecto a la responsabilidad del Ministerio de Justicia en la implementación de las políticas y la administración de los recursos.
Es a partir de este incendio con resultado de muerte que la UDP entró en el tema presentando una serie de recursos de amparo ante la Corte de Apelaciones de Puerto Montt, "con el objeto de que otorgaran protección judicial efectiva a los adolescentes privados de libertad en dicho Centro y en otros establecimientos similares a lo largo del país".
En la oportunidad se denunció que la ley no se estaba cumpliendo ni en los más mínimos detalles, como la segregación para evitar la contaminación criminógena de los primerizos con jóvenes de mayor compromiso delictual y riesgo social. También la falta de infraestructura para la educación y talleres, entre otros.
Las presentaciones fueron rechazadas primero por el tribunal de alzada de Puerto Montt, y luego por la Corte Suprema.
Los tribunales adujeron que las sentencias estaban a firmes respecto de los jóvenes y que carecían de las facultades para que la autoridad competente implementara mejores condiciones materiales a los infractores de ley.
Cambiar la ley
Dentro de las peticiones formuladas en la presentación se cuentan que la Corte, al acoger y dictar una sanción contra el Estado chilenos, lo obligue a modificar "su legislación interna a objeto de prevenir la repetición de situaciones como la acaecida en el presente caso".
Además que indemnice a las víctimas por lo daños sufridos "por las violaciones producidas en contra de sus derechos fundamentales" y que pague las costas del juicio.
El libelo es patrocinado por los abogados de la UDP, Nicolás Espejo, Carlos Pizarro y Mayra Feddersen.
_______
