El fallo rechazó la posibilidad de que volviera a dictar clases de religión en un establecimiento donde se la había despedido por su condición sexual. El Movimiento de Integración y Liberación Homosexual adelantó que demandarán al Estado ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos.
La Corte Suprema rechazó un recurso de protección que hubiese permitido a una profesora lesbiana volver a dictar clases de religión en un colegio que el año pasado la despidió por su condición sexual.
La información fue entregada hoy en una rueda de prensa por Sandra Pavez, la profesora afectada, y el Movimiento de Integración y Liberación Homosexual (Movilh).
El vicario de Educación del vecino municipio de San Bernardo, René Aguilera Colinier, le revocó el año pasado a Pavez el certificado de idoneidad para continuar con su labor docente por ser lesbiana.
El Movilh precisó que el fallo de la Tercera Sala de la Corte Suprema en contra de la profesora y a favor de la Iglesia Católica fue emitido por unanimidad por los jueces Adalis Oyarzún, Pedro Pierry y los abogados integrantes Hernán Álvarez y Domingo Hernández.
De esta forma, la Corte Suprema acogió en su plenitud una sentencia previa de la Corte de Apelaciones, que el pasado año resolvió que la Iglesia Católica es la encargada de definir qué profesores pueden o no dictar clases de religión, sin que en ello pueda incidir el Estado.
«Es decir, se puede discriminar y violentar el derecho a la vida privada de una persona, pese a tener un desempeño docente y académico de excelencia que es avalado y respetado por todo el mundo», sostuvo el presidente del Movilh, Rolando Jiménez.
En opinión del abogado defensor de la docente, Alfredo Morgado, la situación «es doblemente dramática, porque la Corte ha dicho también que la Iglesia y no el Estado tiene competencia en estas áreas, aún cuando existe separación entre ambas instancias desde 1925 y aún cuando se trate de colegios laicos».
El Movilh anunció que demandarán al Estado chileno ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos, «de manera de revertir esta situación».
«Este es un hecho donde el Ministerio de Educación y el Gobierno nada han dicho y eso es repudiable. Si estuviéramos hablando de derechos vulnerados a personas con discapacidad, a minorías étnicas o mujeres heterosexuales, de seguro que el Estado no tendría tanta pasividad, pues la experiencia así lo ha demostrado», sostuvo.
Jiménez apuntó que, además, se están preparando manifestaciones contra la Corte Suprema y esperan que «todas las personas que tienen un compromiso genuino con los derechos humanos se sumen a la causa.
EFE
