La mandataria le entregó la responsabilidad a los alcaldes de entregar la polémica píldora del día después a la ciudadanía, afirmando que el país juzgará su decisión. Esto pone en jaque a las opiniones contrarias a la entrega del fármaco, debido a que se está pasando a llevar una determinación adoptada por el Tribunal Constitucional.
La presidenta Michelle Bachelet recordó, durante su discurso ante el Congreso Pleno, que su obligación constitucional es la de garantizar la buena convivencia y respeto mutuo entre todos los chilenos.
Ante este precepto, la Jefa de Estado dijo que "haré que la equidad llegue hasta donde mis facultades alcanzan".
"No permitamos que en nuestro país existan familias de primera y segunda clase divididas por su capacidad económica de ejercer sus derechos tanto como sus deberes", enfatizó.
Agregó que "ésa no es la República que soñaron nuestros padres de la patria y no será la República que entregaremos a nuestros hijos".
De esta forma se refirió a la polémica generada por la píldora del día después (levonogestrel) y la decisión del Tribunal Constitucional (TC) de prohibir la entrega del fármaco en los consultorios y centros médicos públicos de salud.
Los miembros del tribunal resolvieron que la anticoncepción de emergencia atenta contra la protección de la vida, consagrada en la Constitución Política. Algunos sostienen que la medida es un serio retroceso a las condiciones de mayor apertura y liberalismo que ha experimentado la sociedad chilena en los últimos años.
Municipios
A pesar de la prohibición existente, la mandataria afirmó que el medicamento "estará a disposición de los interesados en cada municipio"
"Y será cada alcalde quien decidirá si lo pone a disposición de los ciudadanos. Es decir, si decide por las personas o deja a las personas decidir. Que el país juzgue", sostuvo.
La píldora estaba siendo suministrada a aquellas mujeres que habían sido víctimas de violación y a menores de edad que la solicitaban. Sin embargo, sectores conservadores afirmaban que el medicamento era abortivo, por lo que debía ser prohibida su entrega y venta en los centros de salud y farmacias.
Jorge Reyes, el conservador
Uno de los abogados que encabezó esta cruzada en contra del fármaco fue Jorge Reyes, quien fue determinante en la decisión adoptada por el TC y que patrocinó el requerimiento de 36 diputados de la Alianza.
El anuncio hecho por la presidenta abrirá un nuevo frente de discusión, debido a que Reyes considera que el fallo del tribunal establece que al eliminarse en el sistema público, se prolonga evidentemente al sistema privado, porque ninguna farmacia puede vender un medicamento que no posea registro sanitario.
_____
