Lo más importante es que no se advierte una voluntad política efectiva de que ello no vuelva a ocurrir. Porque en términos reales, las autoridades no dan señales de que tal tema les preocupe, e incluso tienen sesgos justificativos en sus declaraciones que sirven para crear una atmósfera de rejas, ambientes cerrados y represión en los espacios públicos.
El gobierno ha recibido con regocijo la designación de Chile, por una amplia votación, para ocupar un puesto en la Comisión de Derechos Humanos de la ONU. Según el canciller Alejandro Foxley, ello constituye un reconocimiento a la labor desempeñada en este campo por el país luego de recuperada la democracia.
Es indudable que los derechos humanos como un tema de prioridad pública nacional, a veces injustificadamente postergado o relativizado en la agenda política, ha terminado por imponerse como un mínimo ético de nuestro Estado
de derecho, lo que ha sido internacionalmente reconocido. Ello es atribuible en gran medida a la recuperación de la justicia como un poder independiente en nuestra institucionalidad. Pero principalmente a la acción inclaudicable de las víctimas o de sus familiares que, agrupados en diferentes organizaciones cívicas, han mantenido viva la demanda por verdad y justicia.
Por lo mismo, es justo decir que el reconocimiento hecho al país al elegirlo para tal puesto, tiene un sello no solamente diplomático y gubernamental sino también social, lo que es una clave importante de su legitimidad política.
De ahí que resulte no solo contradictorio sino lesivo para esa legitimidad la impronta brutal con que viene desempeñándose la policía de carabineros desde hace un par de años en su labor de velar por el orden público. Lo que implica un retroceso injustificable a prácticas que debieran estar erradicadas en nuestras fuerzas de policía y seguridad, características de una ecología política en que se violaron sistemáticamente los derechos humanos. Ya son demasiadas las oportunidades en que el despliegue policial transita desde un estado de observación a uno de represión violenta que termina con lesionados graves. Y en los que se aplica una pedagogía de la violencia que no discrimina entre lo que es legal y legítimo, de aquello que no lo es.
Tal conducta, que normalmente caracteriza a las policías más atrasadas y con menos desarrollo profesional del mundo, lesiona físicamente a los ciudadanos de una manera indiscriminada, pero también bienes jurídicos sustantivos garantizados por la Constitución. Y no puede justificarse por el hecho de que grupos vandálicos infiltren las manifestaciones ciudadanas y provoquen disturbios graves. Es precisamente un buen desarrollo profesional el que permite que tales hechos puedan ser controlados con un mínimo de daños colaterales y siempre con respecto a los derechos de las personas.
El talante autoritario y violento que crecientemente muestra Carabineros en cada ocasión que le toca intervenir en situaciones de orden público, es una noticia en sí mismo, y va en un sentido totalmente contrario a la buena doctrina de un Estado de Derecho. Ya durante la huelga de estudiantes secundarios el año 2006, el uso desproporcionado de la fuerza terminó con el jefe de Orden y Seguridad fuera de su cargo y la promesa de autoridades políticas e institucionales de que tales hechos de brutalidad policial no volverían a repetirse.
Este 21 de Mayo, ante manifestaciones muy menores de grupos de ciudadanos, se pudo presenciar un inusitado despliegue policial y la misma actitud represiva, junto al debut de nuevos gases tóxicos para ser rociados sobre los manifestantes, que no se sabe si cuentan con autorización sanitaria y cuyo resultado sobre la salud se ignora. La cobertura periodística de tales hechos fue también reprimida con el resultado de un periodista gráfico gravemente lesionado por un carabinero.
Seguramente habrá un sumario institucional y una nueva promesa de que tales hechos no volverán a repetirse. Lo más probable es que el agresor sea sancionado pero que también el agredido pierda parte de su visión, lo que le implicará un grave daño laboral. Pero lo más importante es que no se advierte una voluntad política efectiva de que ello no vuelva a ocurrir. Porque en términos reales, las autoridades no dan señales de que tal tema les preocupe, e incluso tienen sesgos justificativos en sus declaraciones que sirven para crear una atmósfera de rejas, ambientes cerrados y represión en los espacios públicos.
