La olla de grillos continúa destapándose en el Consejo de las Américas - El Mostrador

Miércoles, 22 de noviembre de 2017 Actualizado a las 23:52

Preinforme de auditoría

La olla de grillos continúa destapándose en el Consejo de las Américas

por 28 mayo, 2008

El documento establece que la contabilidad "no es fidedigna". Pero no entrega un detalle valorizado ni financiero. El Mostrador.cl tuvo acceso a detalles contables, que dan cuenta de traspasos de dinero a la Fundación Ciudadana de las Américas y también de viáticos por casi 10 millones de pesos al actual presidente de la entidad, cuyo cargo es "ad honorem", entre octubre y febrero de este año. Incluso habría pagos al auditor que llegó a investigar la situación.

Una de las principales conclusiones que arroja el informe preliminar de la auditoría realizada en el Consejo de las Américas (CDLA), y encargada por la Segegob, es que existía una suerte de guerra civil interna entre dos bandos: uno que apoyaba al otrora secretario ejecutivo, Jorge Osorio y otro al ex director de Gestión de Finanzas, Cristián Moscoso.



Según el documento, se organizaron dos bandos para atacarse mutuamente. Esto, sumado a una "presión indebida sobre los recursos obtenidos por el CDLA por parte de los ejecutivos superiores, que se otorgaron préstamos indebidos", habrían provocado las irregularidades financieras que han sido la piedra en el zapato de la institución. Y que a la larga la llevó a su cierre en abril.



Y sobre todo, establece que la "contabilidad no es fidedigna", ya que entre otros puntos los libros no están timbrados, hay comprobantes no contabilizados o algunos datos que se registran en comprobantes no coinciden con los datos del sistema contable. E incluso las aperturas de los libros no coinciden con los cierres del año anterior.



El pre informe, de 20 páginas, es la primera instancia del texto final que estaría disponible a más tardar en unos seis días y abarca desde 2003 a 2007.



Pero no hay detalle valorizado ni financiero, más bien da cuenta del funcionamiento interno que propició las irregularidades administrativas.



Según el auditor Jorge Alburquenque, de la consultora Alburquenque a cargo del informe, "los que nos encomendaron el trabajo pidieron un informe preliminar, para ayudar a normalizar la gestión del Consejo, por eso no entrega muchos números".



El Consejo fue el encargado de la licitación que optó por la consultora, entre los que se encontraban el presidente, Santiago Araya y el secretario ejecutivo, Jorge Osorio, ambos directamente involucrados en las irregularidades. Al menos, según las misivas enviadas por Moscoso a la Secretaría General de Gobierno (Segegob) y a la subsecretaría de Hacienda el 11 de octubre de 2007, que fue la voz de alarma que impulsó a Ricardo Lagos Weber y María Olvia Recart a tomar cartas en el asunto e impulsar la auditoría.



Según fuentes ligadas al caso, la elección de la consultora no habría sido al azar. De hecho, existe un vínculo entre Alburquenque y el anterior director de Gestión y Finanzas, Germán Appel, que durante su período autorizó sin problemas los constantes préstamos y adelantos solicitados por Osorio. Ambos ya habían trabajado anteriormente, en la ex Fundación Missio, actual Cristo Vive.



Al respecto, el auditor admite la relación, pero explica que "auditamos cosas que hacía Germán Appel, pero no hay otra relación".



Otro tema comentado dentro de la institución, fue el hecho de que un auditor designado por la Segegob para prestar asesorías en las tareas de reorganización de la institución, con posterioridad a las denuncias realizadas, recibió pagos desde dentro del CDLA, mediante dos cheques de 700 mil pesos. Uno fechado en febrero y otro el 7 de marzo de 2008.



Por ello, enviaron un correo electrónico el 18 de marzo al fiscal de la Segegob, Ernesto Galaz, pidiendo explicaciones al respecto. El mismo día, el funcionario contestó que la situación no era irregular, "en la medida que las personas que son funcionarios públicos pueden desarrollar actividades donde ellos estimen conveniente, siempre y cuando estas sean compatibles con el horario de trabajo".



Ambos cheques, junto al correo electrónico, se encuentran en manos de la fiscalía en el marco de la investigación.



Viáticos, viajes, platas van y vienen



Otro dato que a lo menos suena irregular, es que el presidente del Consejo, Santiago Araya, obtuvo casi 10 millones de pesos en base a viáticos, pasajes y movilización entre el 22 de octubre del año pasado y el 1 de febrero de 2008. Esto, a pesar de que su puesto es ad honorem.



Aunque El Mostrador.cl intentó comunicarse con el aludido, no fue posible.



Pero las platas del Consejo también sirvieron para otros fines. La creación de la Fundación Ciudadana para las Américas (FCLA) a instancias del Consejo operaba en las mismas dependencias del Consejo hasta agosto del año pasado.



El personal del Consejo prestaba labores en la FCLA, siendo Osorio el director ejecutivo, Araya el presidente -cargo que aún ocupa - y Moscoso el director de Gestión y Finanzas hasta esa fecha, para apoyar el desarrollo de la Fundación hasta que ésta contara con recursos suficientes para funcionar de manera autónoma.



Pero hubo traspasos desde el Consejo a la Fundación, sindicados como "préstamos" entre el 12 de septiembre y el 29 de enero de este año por un total de $ 14.630.232, de los cuales fueron devueltos sólo 2 millones 500 mil pesos. Hasta enero, no se habían devuelto los montos restantes.



La auditoría de Alburquenque menciona que algo no anda bien con estas cuentas, pero no entrega mayores detalles contables.



No hay finiquitos



El 24 de octubre 2007 funcionarios de administración y contabilidad enviaron una carta a Lagos Weber, explicando que existía acoso laboral. Por ello, solicitaron una audiencia porque había fuertes rumores de despido, básicamente por el "destape de olla" que se había iniciado.



La misiva llegó a los consejeros, entre ellos Araya, que molesto, comentó a los trabajadores que nadie sería despedido por el momento, porque "el Gobierno lo había pedido".



En vista de lo que estaba sucediendo, el 2 de enero 9 funcionarios crearon un sindicato y presentaron un contrato colectivo para dar más fuero a los trabajadores. Pero el 30 de abril fueron despedidas 7 personas, luego de que el Gobierno anunciara el cierre del organismo.



Según algunos afectados, hasta la fecha no han recibido finiquito alguno, e incluso les advirtieron que verían si el Ministerio de Salud se hacía cargo de los montos.

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