"El Gobierno confía plenamente en que las fuerzas armadas y de orden no encubren a ningún represor de la dictadura de Augusto Pinochet", aseguró este viernes el ministro de la Presidencia, José Antonio Viera-Gallo.
La Moneda rechazó de forma categórica la opinión expresada esta semana por Amnistía Internacional (AI) en el sentido de que las instituciones armadas son reacias a dar información sobre militares que estuvieron involucrados en torturas, desapariciones y asesinatos, como en el del cantautor Víctor Jara.
"El Gobierno confía plenamente en que las fuerzas armadas y de orden no encubren a ningún represor de la dictadura de Augusto Pinochet", aseguró este viernes el ministro de la Presidencia, José Antonio Viera-Gallo.
En un encuentro con prensa extranjera, el ministro enumeró las iniciativas y proyectos de ley relacionados con la protección de los derechos humanos que está impulsando la presidenta Michelle Bachelet.
Entre ellos destaca la ratificación en breve del convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo (OIT) sobre los pueblos indígenas, una de las principales demandas de las organizaciones de derechos humanos y de los representantes de las comunidades mapuches.
El ministro anunció la reforma del Código de Justicia Militar para que los delitos comunes que afecten a militares sean juzgados por tribunales ordinarios y queden fuera de la jurisdicción castrense, como ocurre actualmente.
Sin embargo, el titular de la Presidencia reconoció que será muy difícil que el Parlamento ratifique el Tratado de Roma por el que se creó la Corte Penal Internacional (CPI), ya que la oposición, de derecha, lo desaprueba.
Tampoco hay posibilidad de que se derogue la Ley de Amnistía que aprobó el régimen militar para amparar a los violadores de derechos humanos, ya que ello abriría la posibilidad a impugnaciones por parte de personas que ya han sido condenadas sin el amparo de esta norma, que en la práctica no aplican actualmente los tribunales chilenos.
Viera-Gallo dijo que Chile tiene todo el derecho a sentirse orgulloso de haber sido elegido miembro del Consejo de Derechos Humanos de Naciones Unidas.
Juicios pendientes
El ministro reconoció que la actitud de la derecha ha transitado en los últimos años desde la negación absoluta de estos hechos hasta el reconocimiento e, incluso, la petición de perdón a la ciudadana.
Explicó que en Chile hay un largo centenar de condenados por violaciones a los derechos humanos y más de 600 procesados pendientes de juicio.
Viera-Gallo recordó que hasta 1998, año en el que Pinochet dejó de ser el comandante en jefe del Ejército, nadie presentó una querella contra el dictador, quien falleció el 10 de diciembre de 2006 con varios procesos abiertos, pero sin llegar a ser condenado por ninguno de ellos.
Esto demuestra, a juicio del ministro, la «madurez» de los actores políticos y sociales, ya que cuando Pinochet dejó la jefatura del Estado, pero aún conservaba la del Ejército, advirtió que «si se tocaba a uno solo de sus hombres, se acababa la democracia».
«Ni siquiera la Justicia internacional lo hizo» en los casos por los atentados contra Orlando Letelier, asesinado en 1976 en Washington, y Bernardo Leighton, herido grave por otro atentado en Roma en 1975.
El ministro subrayó que «el Gobierno respalda totalmente la gestión y la actuación» del director de la Policía de Investigaciones, Arturo Herrera, presidente de Interpol desde enero de este año, a quien el presidente de Venezuela, Hugo Chávez, acusó de haber colaborado en el ocultamiento de restos de detenidos desaparecidos durante la dictadura.
EFE
