«Que cada vez que la una persona compra un kilo de pan o cualquier otro producto de primera necesidad, le pague al Estado un 19% de impuesto y que éste le transfiera directamente parte de estos recursos a los dueños de camiones y a los automovilistas, nos parece verdaderamente indignante», afirmaron las entidades firmantes de una declaración pública.
Las organizaciones Acción Ecológica, Defendamos la Ciudad y la Red Ecológica de Chile, rechazaron este lunes los anuncios de la Presidenta Michelle Bachelet para paliar el alza internacional del petróleo, principalmente por la decisión de inyectar mil millones de dólares al Fondo de Estabilización de los Precios de los Combustibles (FEPC).
A través de una declaación públicas dichas entidades expresaron que «lamentamos la medida dispuesta por la Presidenta y la entendemos motivada fundamentalmente por el temor ante las amenazas de un grupo de presión poderoso, como son los dueños de camiones, pero completamente contradictoria con objetivos de equidad social y sustentabilidad ambiental orientados al bien común del país».
También señalan que se trata de una «flagrante injusticia» social, ya que estiman que consiste en «extraerle dinero al conjunto de la ciudadanía, incluso a los sectores más pobres, vía impuestos como el IVA, para subsidiar a los dueños de camiones y a los automovilistas».
«Que cada vez que la una persona compra un kilo de pan o cualquier otro producto de primera necesidad, le pague al Estado un 19% de impuesto y que éste le transfiera directamente parte de estos recursos a los dueños de camiones y a los automovilistas, nos parece verdaderamente indignante», afirmaron.
También consideran «indignante e inexplicable» que el Gobierno tome decisiones que benefician e incentiva en uso de vehículos motorizados, cuando al mismo tiempo existe «una preocupación mundial por el recalentamiento del planeta», además de «la grave contaminación que afecta a Santiago y a otras de nuestras principales ciudades».
«En particular en el caso de Santiago, en estos últimos días hemos podido constatar el completo fracaso de las políticas de descontaminación de Santiago, llegándose a niveles que han rozado la emergencia ambiental, lo que significa que estamos retrocediendo a pasos agigantados hasta índices de toxicidad del aire propios de los años 80. Ello, pese a las promesas que nos efectuaran, entre otros la señora Bachelet cuando era ministra de Salud, de que el año 2005 se terminarían las preemergencias. En ese marco, utilizar recursos de todos los chilenos para subsidiar a los principales contaminadores, nos parece realmente inconcebible», argumenta la declaración.
Finalmente las organizaciones que suscribieron la nota instaron al Ejecutivo a «poner en primer lugar la vida y la salud de la población y la sustentabilidad de las actividades del país».
«Llamamos a no ceder ante el matonaje de grupos de presión que no son capaces de ver más allá de sus estrechos intereses. Reiteramos que a quien se debe proteger de las alzas de precios es a la población en su conjunto y no en exclusiva a los camioneros y a los automovilistas. Para ello el camino es la reducción del Impuesto al Valor Agregado y no los subsidios a quienes más daño causan», expresaron.
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