Las grandes cadenas farmacéuticas al banquillo

Las primeras señales públicas y más patentes del poder de las tres grandes cadenas farmacéuticas que dominan el 93 por ciento del mercado nacional, se dieron en 2007, cuando la autoridad sanitaria de la Región Metropolitana detectó que la venta de la píldora del día después estaba prácticamente vetada por Farmacias Ahumada, Cruz Verde y Salcobrand.



La medida no tenía nada que ver con falta de stock o problemas para acceder al método de emergencia. Al menos así quedó claro en el caso de Salcobrand. Tras la fiscalización, la cadena incluso contrató insertos en octubre del año pasado para advertir a sus clientes de los posibles efectos abortivos de la píldora, recalcando que se habrían visto forzados a comercializarla por las sanciones económicas que arriesgaban.



La tesis valórica de Salcobrand fue distinta a las razones esgrimidas por Ahumada. Junto a Cruz Verde argumentaron problemas legales para no repartir la píldora. Pero más allá de las motivaciones de cada uno, lo cierto es que el acuerdo de no distribuir significó una suerte de escasez del método de emergencia en el mercado, consecuencia que ningún otro grupo farmacéutico está ni cerca de provocar.



Una segunda señal de la fuerza del poderoso trío farmacéutico fue el sorpresivo aumento de hasta 50 por ciento en los precios de los anticonceptivos comunes el primer semestre de este año. Esta vez, los acuerdos internos habrían permitido que sin previo aviso los bolsillos de los consumidores sufrieran un duro revés. Y sin derecho a reclamo, al menos hasta que la Fiscalía Nacional Económica (FNE) recabe antecedentes de que efectivamente hubo colusión entre las partes y los tribunales dictaminen al respecto.



Pero el aumento en el valor de los anticonceptivos era tan sólo la punta del iceberg de una práctica que involucra a muchos otros medicamentos, situación que se hizo pública luego de que la subsecretaría de Salud Pública revelara un estudio que señala que los precios de los medicamentos invernales son hasta 10 veces más caros que los que consigue el Estado en los laboratorios.



Junto con esto, el diputado Gabriel Silber (DC) realizó un estudio comparativo con la Central Nacional de Abastecimiento (Cenabast) que presentaba diferencias de precios abismantes entre la estatal y el trío farmacéutico, que alcanzaba hasta 5 mil por ciento de diferencia.



Competencia entre amiguis



En vista de este eventual amiguismo a la hora de fijar los precios entre los tres gigantes, el diputado Silber y el senador Guido Girardi (PPD) presentaron una denuncia ante la FNE para que el fiscal realice ante el Tribunal de Defensa de la Libre Competencia (TDLC) acciones para multar "ejemplificadoramente" la acción de las farmacias.



Porque para el falangista es simplemente "escandalosa" la diferencia al comparar la oferta de los laboratorios farmacéuticos y el precio final de venta al público aplicado por las farmacias.



Paralelamente, solicitaron se investigue esta suerte de "colusión" a la hora de fijar los precios, lo que a la larga ha significado "una guerra artificial por medio de publicidad y fijación de precios, que es inexistente".



Silber, hace un mea culpa y reconoce que "hubo mucho silencio por parte de las autoridades públicas frente a esta situación, porque el sistema público alentaba que grandes cadenas acapararan el mercado. Hubo poca mirada de largo plazo".



Otro punto que causa preocupación a nivel parlamentario y también entre las organizaciones de consumidores, es la integración vertical del negocio, relativa a la propiedad conjunta de farmacias y laboratorios, así como a las condiciones impuestas por las grandes cadenas a los laboratorios más pequeños, lo que atentaría contra un mercado competitivo y transparente.



Este tema no es nuevo. Ya en 2002 la organización de consumidores y usuarios de Chile (Odecu) realizó un estudio denominado "el sector servicios y las políticas de competencia en la década de los 90 en Chile", que revelaba una gran concentración del mercado, así como la sospecha de colusión en los precios.



Por otra parte, detectaron una enorme discriminación a la hora de vender ciertos medicamentos, destacando los productos genéricos y de marca. En el primer caso, son monodrogas, es decir no están combinados, y el precio es diametralmente menor a un artículo con nombre de fantasía, pero es exactamente lo mismo. Por eso las grandes cadenas los evitan y optan por la segunda alternativa. Esta realidad sigue siendo pan de cada día, e incluso en el sector Oriente, en comunas como La Reina o Vitacura, las cadenas no estarían ofreciendo genéricos, según un distribuidor que dio su testimonio a la radio Bío Bío.



Actualmente, Odecu está ad portas de lanzar un nuevo estudio, esta vez relacionado con la imposibilidad que tiene el consumidor a la hora de comparar precios.



La investigación constató que las tres cadenas no destinan lugares para ejercer la libre elección de los productos de venta directa. De hecho, ninguna farmacia cuenta con un libro de productos y precios.



Además, al realizar consultas por medicamentos de venta libre y analgésicos, en todos los casos el vendedor ofreció el producto más caro en primera instancia, para luego ofrecer por insistencia algo más económico o sin cualidades especiales.



En suma, no existe libre elección dado que no hay "disposición" de los medicamentos de venta directa, así como tampoco listados de precios claros y completos.



Ganando por todos los flancos



Los cerca de US$ 1.100 millones anuales que factura el negocio farmacéutico en el país, no sólo se debe al alto costo que los consumidores terminan pagando en los precios finales. Al negocio, también contribuyen los proveedores, que deben enfrentar situaciones que rayan en la ilegalidad, ya que para poder vender sus productos deben hacer la vista gorda y aceptar una serie de condiciones draconianas.



Entre las prácticas más comunes, está el hecho de que en la negociación el margen para las farmacias es de entre 70 y 80 por ciento. Según relata un proveedor que se hace llamar Antonio, "en la primera venta que se llama inclusión, normalmente te piden entre el 50 y 60 por ciento gratis, e incluso a veces hasta el 100 por ciento".



Además, cobran una especie de comisión que descuenta la farmacia por la venta del producto, que va desde el 3 al 10 por ciento "y se descuenta del pago que ellos te realizan".



También cobran un canje de producto, que es un porcentaje negociable, normalmente de 5 por ciento, mediante el cual devuelven artículos deteriorados o que simplemente no se vendieron.



Los proveedores también deben asumir los porcentajes por robos. Y son compelidos a tener inserciones en las revistas mensuales de las cadenas, señala la fuente.



"También debes firmar una carta de garantía bancaria por una cifra igual a la compra que ellos hicieron, que se ejecuta unilateralmente. Y debes contar con un plan de marketing, lo que deja afuera a empresas con menos respaldo financiero", explica Antonio.



Esto va de la mano del tema de la verticalidad, que está siendo investigado por la FNE: "Te cobran 2 a 3 por ciento por usar el sistema logístico de ellos, ya que cuando una empresa les vende no es a la cadena misma sino a una empresa logística del mismo grupo económico, como Socofar (ligado a Cruz Verde), DLI Fasa (de Farmacias Ahumada) o Med-Cell (Salcobrand-BCI)", relata el proveedor.



A pesar de que este medio intentó comunicarse con las tres cadenas farmacéuticas, no obtuvo respuesta.



Guerra antimonopolio



Además de las medidas lideradas por Silber, y respaldadas por la bancada de diputados DC, los opositores a la suerte de oligopolio farmacéutico nacional, están decididos a tomar el toro por las astas y detener el enorme poder que actualmente ostentan.



El lunes, Silber y Girardi se reunieron con el director del Servicio Nacional del Consumidor (Sernac), José Roa y le solicitaron que verificaran si los precios de los medicamentos están a la disposición de los consumidores, exigencia mínima según la Ley del Consumidor. De no ser así, lo que se puede adelantar gracias a la investigación de Odecus, las farmacias serán denunciadas a tribunales.



Paralelamente, Silber solicitó una petición formal ante la FNE para que el Ministerio de Salud (Minsal) estudie la normativa actual para permitir que la Cenabast pueda vender directamente a los usuarios sus medicamentos, idea respaldada por los jefes de la bancada DC Eduardo Saffirio y Gonzalo Duarte. Así como por el Colegio Médico que durante esta semana se reunirá con el director del organismo estatal para tratar el mismo tema.