Pocas horas alcanzó a tener vigencia la decisión del jefe del ente fiscalizador que pretendía evitar que los sumarios que involucraban a las comunas del país fueran utilizados con fines políticos por los candidatos a alcaldes y concejales. Las críticas, que no se hicieron esperar, apuntaron a que la medida atentaba contra la transparencia y que incluso estaba reñida con la Constitución.
El contralor general de la República, Ramiro Mendoza, dejó sin efecto la medida de restringir desde el 20 de julio y hasta después de las elecciones municipales, la publicación de los sumarios que la entidad realice a las comunas del país.
Mendoza había indicado que la idea era que esa información no fuera usada «políticamente» en las campañas de los candidatos a alcaldes y concejales y que por ello se iba a investigar, pero sin dar a conocer los alcances de las resoluciones, que a su juicio debían mantenerse en un plano técnico.
Pasdas las 17:00 horas, y luego de recibir en una audiencia al diputado DC Jorge Burgos -por el mismo tema-, el contralor se refirió al anuncio que hizo el jueves último en un seminario organizado por ComunidadMujer.
Fue así como precisó sus dichos, señalando que ya no se trataba de restringir la información, sino que adelantar el trabajo que se está haciendo con municipios.
Explicó que todos los esfuerzos se están redoblando para que las auditorías que están hoy día en camino puedan terminarse con antelación, «porque nos parece un valor agregado para las decisiones del mundo de los actores políticos que decidan libremente».
Y agregó que si logra su objetivo «entre el 27 de julio y el 27 de octubre es bastante difícil que salgan informes de auditoría, porque los procesos se demoran entre tres y seis meses».
Asimismo, frente a la posibilidad que efectivamente salgan informes en medio de la campaña municipal, a diferencia de lo que expresó el jueves, sostuvo que «no tenemos ningún inconveniente en publicarlos».
Críticas
La aclaración de Mendoza se produjo luego de una seguidilla de críticas, entre ellos el senador del PS Jaime Naranjo y el ministro secretario general de la Presidencia, José Antonio Viera-Gallo.
El secretario de Estado manifestó que si bien el objetivo era mantener una posición prudente, la mantención de la medida podía fácilmente ser impugnada, ya que la Constitución señala expresamente que la fiscalización de los actos administrativos debe ser de carácter pública y por tanto no cabía que ésta fuera ocultada a la opinión pública por la razón que fuera.
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