Al referirse al único oficial activo que fue encausado por el ministro Mario Carroza, el comandante en jefe de la institución dijo que si se tratara de un general, correspondería su renuncia inmediata, pero que en este caso las medidas se tomarán luego que se pronuncie la justicia. En tanto, el magistrado a cargo del caso del secuestro permanente de cinco frentistas en 1987, otorgó el beneficio de la libertad bajo fianza al uniformado y a los otros efectivos en retiro involucrados, entre ellos
El coronel Marcos Bustos, el único oficial activo del Ejército procesado por el ministro en visita Mario Carroza por el secuestro en 1987 de cinco miembros del Frente Patriótico Manuel Rodríguez, continuará en las filas de la institución mientras no exista un fallo que demuestre su responsabilidad en el crimen perpetrado por agentes de la disuelta Central Nacional de Inteligecia (CNI).
Así lo afirmó este viernes el comandante en jefe de la rama castrense, general Oscar Izurieta, al fijar la doctrina institucional respecto al derecho a la presunción de inocencia con que cuentan todos los ciudadanos, incluidos los militares.
Eso sí, aclaró, distinto habría sido el caso si se tratara de un miembro del alto mando.
«Aquí hay una diferencia. Un general que es sometido a proceso, por la investidura que tiene, va a presentar inmediatamente su renuncia», dijo Izurieta, «pero desde un cabo hasta un coronel son ciudadanos, tienen derecho a la presunción de inocencia», sostuvo respecto del actual director de Logística.
Asimismo, enfatizó que los uniformados procesados en este caso, entre ellos el ex vicecomandante en jefe, ex senador designado y otrora mano derecha del fallecido ex dictador Augusto Pinochet, Santiago Sinclair, «tienen derecho a un juicio justo», llamando de paso a permitir que «las instituciones hagan su trabajo».
Carroza otorga fianzas
En tanto, el ministro Carroza les otorgó la libertad bajo fianza a Sinclair, al ex director del DINE, Hugo Prado y al coronel Marcos Bustos.
Todos ellos fueron notificados el jueves último y posteriormente detenidos en el Batallón de Policía Militar de Peñalolén.
Según informó la radio Bío Bío, los tres procesados deberán cancelar una fianza de 200.000 pesos. Sin embargo el beneficio se hará efectivo una vez que lo confirme la Sexta Sala de la Corte de Apelaciones de Santiago.
______
