El documento, que será presentado el martes próximo a la Sala y que adelanta en exclusiva El Mostrador, recomienda cambiar el concepto de empresa para sortear el uso de diversas razones sociales, dar más facultades a la Dirección del Trabajo, aumentar los montos de multas por incumplimiento laboral y acoso a sindicatos, y establecer como obligatorio el sueldo mínimo. También habla de pago igualitario para trabajadores subcontratados y contratados, así como de reparto de utilidades. Todo,
El martes próximo, después de casi un año de sesiones, la Comisión Investigadora de la Dirección del Trabajo sobre la fiscalización del cumplimiento de la legislación laboral en el rubro supermercadista entregará sus conclusiones a la sala de la Cámara de Diputados.
El informe de 154 páginas surgió de una petición de investigación formulada en diciembre de 2006 por 55 diputados a raíz de denuncias de maltrato laboral, prácticas antisindicales, uso de múltiples razones sociales y otras conductas por parte del holding D&S, controlado por Felipe y Nicolás Ibáñez.
En el sector supermercadista laboran cerca de 110 mil trabajadores de forma directa y pese a que en el rubro se registra alrededor de un 90% de empleados a contrata indefinida bajo el régimen de jornada completa, en los últimos 6 años se han impuesto alrededor de 4.600 multas por infracciones en materia de remuneraciones y maltrato laboral.
Entre las propuestas del documento que más "ruido" causarán en el sector supermercadista se encuentra modificar el concepto de empresa para sortear el uso de diversas razones sociales ("ratificación"), dotar de mayores facultades fiscalizadoras a la Dirección del Trabajo, aumentar los montos de multas por incumplimiento laboral y acoso a sindicatos, establecer como obligatorio el sueldo mínimo no sujeto a metas de ventas y horas extra, el pago igualitario entre trabajadores subcontratados y contratados, y el reparto de utilidades.
El informe que podría caer como "una bomba" en el sector supermercadista fue aprobado con los votos a favor de los concertacionistas Sergio Aguiló, Carlos Montes, Tucapel Jiménez, Eduardo Saffirio, Patricio Vallespín y Samuel Venegas; y el rechazo de los parlamentarios opositores Julio Dittborn, Felipe Salaberry, Carlos Recondo y Alfonso Vargas.
El trabajo de la comisión no estuvo exento de problemas. El 29 de abril pasado, un grupo de sus integrantes de hecho presentó una moción para establecer fuero laboral para los trabajadores que presten testimonio ante comisiones investigadoras de la Cámara de Diputados, a raíz de la situación que enfrentaron empleados de cadenas del retail que fueron despedidos tras prestar su testimonio ante la comisión.
Definición de empresa y ratificación
Según el documento el uso en las grandes cadenas de supermercados como D&S de decenas de razones sociales es una práctica común y puramente jurídico-formal, que permite "permanentes operaciones de traslado de capital y trabajadores entre unas y otras", a pesar de que forman parte del mismo negocio y operan bajo la coordinación y dirección de la oficina central del holding. Algo que les permite eludir "el cumplimiento de la ley, impidiendo a los trabajadores de una misma cadena de supermercados agruparse en una sola organización sindical (Â…). También las empresas logran ocultar sus utilidades mediante la utilización de varias razones sociales para el mismo negocio", se explica.
Debido a lo anterior, la comisión define la necesidad de derogar la última frase del concepto legal de empresa del artículo 3° del Código del Trabajo ("…dotada de una individualidad determinada") y agregar en el mismo punto que "se entienden comprendidos dentro del concepto de empresa a los grupos de empresas relacionadas que integran una misma unidad económica, ordenada bajo una dirección común".
Además los parlamentarios piden establecer nuevas normas y medidas judiciales frente "al subterfugio laboral de ocultar, disfrazar o alterar la individualización del empleador o su patrimonio". En lo relativo a la subcontratación se indica la obligación legal para que "los trabajadores subcontratados que realicen faenas del giro principal en las dependencias de la empresa principal, se les pague la misma remuneración que a los trabajadores dependientes de la empresa principal que realizan la misma faena".
Más poder para la Dirección del Trabajo
Otro de los puntos consignados en las conclusiones es ampliar las facultades fiscalizadoras de la Dirección del Trabajo (DT) y "blindarla" ante los cuestionamientos que ha enfrentado ante la Justicia, "lo que redunda en una severa pérdida de eficacia de la norma laboral".
De acuerdo a la comisión es necesario que la DT pueda verificar periódicamente las condiciones laborales en que se desempeñan los menores de edad que laboran en supermercados en tareas de empaque, que son de "una precariedad creciente".
Según el estudio de los parlamentarios, los montos de las multas aplicadas a las supermercadistas por incumplimiento laboral "son irrisorios" y no han cumplido con incentivar a las empresas a mejorar sus estándares de cumplimiento de las normas legales. Debido a ello, proponen aumentar significativamente el monto de las sanciones, "atendiendo a su gravedad y al número de trabajadores afectados".
A lo largo de su trabajo y después de recibir decenas de testimonios, los parlamentarios también concluyeron que la libertad sindical en el rubro supermercadista "está severamente restringida".
El uso de diversas razones sociales para una misma empresa "y una frecuente resistencia antisindical en los niveles directivos de las empresas", son parte de las razones de ello, agregan. Sin embargo, hasta ahora, explican, los procedimientos administrativos y judiciales no han sido del todo eficaces para reparar los daños producidos a organizaciones sindicales.
"La acción fiscalizadora enfrenta varias dificultades para investigar, sancionar y denunciar ante los tribunales los múltiples casos de prácticas antisindicales que se recepcionan diariamente", dicen.
En el informe se propone incrementar los montos de las multas a las empresas que reincidan en prácticas antisindicales, según el número de trabajadores afectados, y establecer que "el juez que constate una práctica antisindical ordene al responsable el pago de una indemnización al sindicato como sanción para prevenir futuros ataques".
Sueldo mínimo obligatorio y reparto de utilidades
La Comisión también propone eliminar el modelo de remuneraciones variables (trato, comisiones y pago de horas extras) "que presionan a una intensificación del trabajo" por metas de ventas efectuadas y promueven la prolongación de la jornada laboral para que los trabajadores del comercio alcancen "a "ganarse" el salario mínimo a costa de incrementar la intensidad del trabajo que desarrollan".
Los trabajadores que se desempeñan en los supermercados, lo hacen habitualmente bajo un sistema de jornada completa. Pese a ello, indican los diputados, en muchos casos apenas alcanzan a recibir una remuneración equivalente al ingreso mínimo establecido por ley.
En el mismo tema la comisión critica que "la simpatía empresarial por las remuneraciones variables", no incluye a la gratificación ni el reparto de utilidades acorde a los resultados de la empresa, y plantea "corregir la regulación legal de la gratificación voluntaria para que no sea una norma regresiva en las empresas de 200 o más trabajadores o en las empresas con mayores utilidades", evitando que las empresas que logran más utilidades paguen proporcionalmente menos gratificación.
Lea el Informe de la Comisión Investigadora (En formato Word)
