La Superintendencia del ramo estimó que la compra por más de $ 5 mil millones que realizó con cuotas del fondo de inversión iFund MSCI Brazil Small Cap Index, a fines de 2007, le estaba prohibido por ley. La operación superó el límite permitido para usar los dineros de los fondos A y B, los más riesgosos del mercado. Esta es la tercera vez que cometen la misma falta, acumulando más de $ 30 millones totales en sanciones.
La Superintendencia de Pensiones aplicó una multa de más de diez millones de pesos a la AFP Capital -fusión entre el grupo Santander y la mundial ING- por sobrepasar el máximo permitido para la inversión en el extranjero de los fondos A y B, los más riesgosos de este mercado.
La resolución establece que Capital, en diciembre de 2007, cuando aún era Bansander, adquirió cuotas del fondo de inversión iFund MSCI Brazil Small Cap Index por un total de $ 5.612.483.247.
Sin embargo, esa operación financiera le estaba prohibida por ley, ya que la suma total de los excesos de ambos fondos superaba el 5%, lo que implicada que esos recursos no podían "rotar" en carteras de instrumentos de renta variable y extranjeros.
Enterada de la situación, la SIP abrió un expediente de investigación -el N° 9-2008- formulándole cargos por la situación ya descrita. Capital respondió al organismo, reconociendo la situación y asumiendo su responsabilidad, explicando que todo se debió a un problema en el diseño del sistema de control de límites y no pidió la apertura del término probatorio, trámite donde se realizan descargos para modificar una futura sanción.
Si bien es cierto esta es la primera sanción que se le aplica a Capital como sucesora legal de Bansander, durante 2007 la SIP castigó a esta última en dos oportunidades con multas de 350 y 300 UF, respectivamente, unos $ 13 millones en total, por la misma infracción.
La relación de las AFPs con la autoridad no han estado exentas de problemas en el último tiempo. En 2007, Habitat recurrió contra la SIP en contra de un oficio dictado por la superintendenta Solange Berstein, que regulaba los plazos para la enajenación de los excesos de inversiones pertenecientes a los afiliados. La firma presentó así un recurso de protección ante la Corte de Apelaciones de Santiago, el cual perdió, situación que se repitió en la Tercera Sala (Constitucional) de la Corte Suprema.
