«Si se acreditara en este caso que ha habido delito, entonces prácticamente los medios de comunicación no podrían entrevistar a nadie y nadie podría hacer declaraciones públicas respecto de hechos públicos», sostuvo el abogado de Danae Mlynarz.
Por más de cuatro horas se extendió la primera etapa del juicio oral por la querella que el alcalde de Ñuñoa, Pedro Sabat, interpuso contra la concejala Danae Mlynarz y candidata a alcaldesa, quien estuvo acompañada en el tribunal por vecinos y la vicepresidenta del PS, diputada Isabel Allende.
El 8° Juzgado de Garantía que instruye el proceso determinó concluir el juicio oral el próximo jueves 14 de agosto, donde resta la declaración de al menos dos testigos, además de la presentación, por parte de la defensa de Mlynarz, de un conjunto de pruebas documentales.
La querella que Pedro Sabat interpuso contra la concejala socialista se sustenta en un reportaje del diario El Siglo, el que daba cuenta de los vínculos comerciales entre el alcalde de RN y personas vinculadas a procesos por narcotráfico y otros delitos, además de las irregularidades administrativas de su gestión que incluso hace algunas semanas fueron confirmadas por la Contraloría y que están en manos del Ministerio Público.
Al término de esta primera jornada, Danae Mlynarz, dijo estar «tranquila a la espera de un fallo absolutorio no solo porque no ha existido ánimo de injuriar, sino también porque los antecedentes aportados por los testigos dan cuenta de hechos que son públicos más aun considerando que se trata de una autoridad. Los hechos han sido conocidos por todos a través de distintos medios de comunicación y lo que se cuestiona es una crítica política».
A su vez, por la defensa de Mlynarz, asumida por los abogados Rodrigo Piergentile y Ciro Colombara. Este último sostuvo que «lo que se cuestiona por parte de Sabat a la concejala es prácticamente poner fin a una serie de principios que forman parte de nuestra democracia. Si se acreditara en este caso que ha habido delito, entonces prácticamente los medios de comunicación no podrían entrevistar a nadie y nadie podría hacer declaraciones públicas respecto de hechos públicos».
