Como un balde de agua fría cayó en el organismo dirigido por Rodrigo Weisner la absoluta certeza del gerente general de la sociedad Endesa-Colbún, Hernán Salazar, con respecto a la aprobación por parte del organismo dependiente del MOP de los derechos de agua que aún están pendientes. El terminante rechazo a estos dichos por parte del director de la DGA, representa un nuevo impasse con la empresa.
Los grados bajo cero que reinaban en Coyhaique a la hora de la presentación del Estudio de Impacto Ambiental (EIA) del proyecto Hidroaysén, no fueron suficientes para congelar un nuevo round entre la Dirección General de Aguas (DGA) y los socios de Endesa y Colbún.
A las 10 de la mañana de ayer, el gerente general de la empresa, Hernán Salazar, entregó los detalles de la iniciativa, cuyo costo se calcula en unos US $3200 millones, de los cuales US$ 150 millones serían invertidos en mitigaciones y compensaciones sociales y ambientales.
Entre los pendientes enumerados por el ingeniero civil, está la presentación del correspondiente EIA de la línea de transmisión de más de 2.200 kilómetros por parte de Transelec, así como la aprobación de nuevos derechos de agua presentados en agosto por parte de la DGA. Trámite que tiene muy tranquilo a Hidroaysén, ya que al consultar sobre las consecuencias de un eventual rechazo de estos derechos por parte del organismo dependiente del Ministerio de Obras Públicas (MOP), Salazar aseguró que ni siquiera contemplaban esa posibilidad.
«No nos hemos puesto en el caso de no contar con esos derechos, se lo digo muy honestamente: a mi no me cabe ninguna duda. Por lo tanto no necesito ponerme en el caso de que no los vamos a tener», recalcó.
Seguridad que no contó con la venia del director de la DGA, Rodrigo Weisner, que se mostró bastante sorprendido y molesto ante las declaraciones. «Ningún solicitante en Chile ni en la historia puede sostener que sea imposible que no le den los derechos de agua. Si lo dijo, está profundamente equivocado», aseguró el abogado.
Y agregó que las alternativas al tramitar una solicitud de derechos de agua, son tres: que sea acogida tal como se pidió, aprobada con modificaciones o de plano rechazada por no cumplir con las formas legales. «Mientras el proceso no esté terminado, estas opciones están vigentes. Y en este caso estamos frente a una solicitud en expediente abierto en que no se ha terminado la tramitación», enfatizó Weisner.
No es la primera vez que la DGA se enfrenta con la empresa ligada al Grupo Matte. Ya en 2007, el órgano estatal presentó un informe ante el Tribunal de Defensa de la Libre Competencia (TDLC) indicando que Hidroaysén y las empresas que la componen no deberían obtener derechos de agua en la undécima región, salvo si su objetivo apunta a disminuir los impactos ambientales o compensar a la zona, lo que fue acogido.
A pesar de ello, y de que el argumento de la empresa es precisamente que estos nuevos derechos de agua buscan mitigar el impacto, Weisner manifestó que el asunto aún está en análisis y que «aún no hay pronunciamiento de la DGA, y hay cero seguridad de que esto sea finalmente aprobado».
Más allá de la aprobación o no de los derechos de agua, el contexto político en torno al proyecto es bastante favorable. No hay que olvidar las señales dadas por el Gobierno, que a través del ministro del interior, Edmundo Pérez Yoma y el titular de energía, Marcelo Tokman, han respaldado abiertamente la iniciativa.
Incluso, la propia Presidenta Michelle Bachelet dedicó palabras favorables a los proyectos hidroeléctricos durante su último discurso del 21 de mayo.
En cuanto a las relaciones políticas locales, Salazar asegura que si bien existe una relación cordial, todo queda subordinado al plano institucional, y recalca que «no tenemos ningún trato especial, ningún privilegio y como cualquier proyecto o persona jurídica que impulsa una iniciativa como esta, debemos dar cumplimiento a aquellas cosas que la autoridad nos exige».
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Vea los argumentos de Hidroaysén (En formato PDF)
