En medio de un nuevo atentado a un fundo de la familia Luchsinger, las críticas de la derecha a la labor de inteligencia de Carabineros y las enérgicas condenas de la presidenta Bachelet y el fiscal nacional Sabas Chahuán, el organismo fiscalizador apoyó la actuación de La Moneda a favor de Patricia Troncoso, la Chepa. Esta consiguió, luego de una huelga de más de 100 días, ser trasladada desde un penal a un Centro de Trabajo de Gendarmería a principios de año, esperando obtener la salida domini
La Contraloría echó por tierra la presentación del senador de la UDI Jovino Novoa, que buscaba que el organismo fiscalizador decretara como una irregularidad el ofrecimiento público que hizo el gobierno de otorgar beneficios carcelarios a tres condenados bajo la Ley Antiterrorista por hechos de violencia ocurridos en La Araucanía.
El caso apunta a Patricia Tronco Robles, "la Chepa", quien se mantuvo por más de 100 días en huelga de hambre, por la condena a 10 años y un día en el marco de la investigación de un incendio conocido como Poluco-Pidenco, donde también fueron encontrados culpables los mapuches Florencio Marileo Saravia y Juan Bautista Míllalén Milla.
El dirigente gremialista en su escrito a la entidad -que firmó junto a la diputada Marisol Turres- apuntó que La Moneda realizó una "negociación", responsabilizando al subsecretario del Interior, Felipe Harboe y al titular de Justicia, Carlos Maldonado, solicitando que se realizara una investigación de los antecedentes que mantenía en su poder Gendarmería sobre el comportamiento de los internos.
En su respuesta el gobierno argumentó que, como autoridad, tomó las medidas "jurídicamente procedentes" para preservar la vida de "La Chepa", al tiempo que "teniendo presente el interés superior del país, manifestó públicamente su voluntad política de que los internos respectivos pudieran acceder a los beneficios penitenciarios", pero con estricto apego "a la legalidad vigente ".
Valorados los antecedentes, la entidad que revisa la legalidad de los actos del Estado, estimó que la actuación de ambos personeros "no ha implicado infracción alguna de los deberes y atribuciones propios de su investidura, ni la avocación de facultades propias de otros organismos públicos".
Táctica y estrategia
Hay que recordar que la Chepa estuvo en peligro de muerte debido a la huelga seca que acometió, y trajo más de un dolor de cabeza al Ejecutivo, sobre todo por los informes médicos y la presión política de las organizaciones indígenas y de Derechos Humanos.
Gracias a ello y a la mediación que realizó el obispo de Rancagua, monseñor Alejandro Goic, la mujer logró ser trasladada desde la cárcel a un Centro de Trabajo de Gendarmería y optar al beneficio de la salida dominical.
Las críticas respecto al problema mapuche desde las organizaciones que defienden la reivindicación y recuperación de tierras, han apuntado al rol que el Estado y el Ministerio Público han jugado en La Araucanía, aplicando la Ley Antiterrorista, como también a las actividades de inteligencia policial y represiva de Carabineros.
De hecho, esta última institución adelantó que utilizará un plan "antiguerrilla" -con aumento de la labor de inteligencia en la zona- ante la imposibilidad de evitar actos de violencia como la quema de predios y de las viviendas de empresarios. Al respecto, existe un caso "de culto", como el de Jorge Luchsinger, quien ha sufrido más de 40 atentados incendiarios, muchos de los cuales no tienen responsables identificados.
El uso de la Ley Antiterrorista en la zona, fue un logro de la administración de Guillermo Piedrabuena como jefe del Ministerio Público. Y esto, porque la migración desde el antiguo al nuevo sistema dejaba una amplia interpretación sobre la aplicación del cuerpo legal, cuestión que resolvió la Corte Suprema a favor de la Fiscalía.
Bachelet condena
Este fin de semana las tácticas mapuches volvieron a ejecutarse en la Novena Región, particularmente en el fundo Santa Rosa, también de propiedad de la familia Luchsinger.
El hecho recibió una enérgica condena de la Presidenta Michelle Bachelet y la advertencia del fiscal nacional, Sabas Chahuán de que no se tolerarán actos de esta naturaleza y que no habrá impunidad.
"Yo quiero que la ciudadanía sepa que frente a situaciones y actos como éstos, vamos a aplicar toda la fuerza y el rigor que nos confiere la ley, porque la democracia costó mucho recuperarla y los chilenos y chilenas queremos vivir en progreso, prosperidad, pero también en paz", advirtió la Mandataria.
Las críticas de la derecha no se hicieron esperar. El senador Alberto Espina (RN) calificó el fracaso rotundo la labor de inteligencia policial, a la que se sumó el alcalde de Temuco, el DC Francisco Huenchumilla.
"Lo que importa es que haya un juez que tenga el coraje de condenar, un fiscal el de investigar y también una policía que tenga capacidad de inteligencia para investigar", replicó Espina en declaraciones al diario La Segunda.
Lea el dictamen de la Contraloría (En formato PDF)
