Varios aplazamientos ha sufrido el proyecto acordado entre la Concertación y la Alianza, que hasta el momento no tiene una fecha definida para ser zanjada en el Senado. Y al parecer hay para rato, ya que desde el oficialismo anuncian que su futuro está directamente ligado a la postura que adopte el Gobierno frente al proyecto de fortalecimiento de la educación pública, que podría impulsarla o estancarla.
Un aspecto decisivo en el futuro de la Ley General de Educación (LGE) actualmente en el Senado, es el proyecto de Ley de Fortalecimiento de la Educación Pública que debe presentar el Gobierno en los próximos meses.
El nexo entre ambas iniciativas es simple: reforzar la educación pública fue la bandera de lucha de un grupo de diputados concertacionistas, que, encabezados por el socialista Carlos Montes negociaron su voto favorable a la propuesta que reemplaza a la LOCE, siempre y cuando se sellara el compromiso de legislar también en este ámbito, ya que la LGE no indica cambios profundos ni se refiere especialmente al tema.
En este escenario, el acuerdo logrado entre el oficialismo y la Alianza en noviembre de 2006 está amarrado a cómo se viene la mano por parte del Ejecutivo en torno al proyecto de la educación pública, que empezará a tomar cuerpo luego de que el Ministerio de Educación (Mineduc) entregue a la Presidenta Michelle Bachelet en los próximos días una propuesta que recopila los lineamientos al respecto planteados por un grupo de especialistas de la Universidad de Chile, por el Consejo Asesor de Educación hace dos años, así como un estudio elaborado por el economista Mario Marcel.
Y como aún no hay certezas acerca de la postura que asumirá La Moneda frente al plan coordinado por María José Lamaitre, el Senado ha estado posponiendo la fecha decisiva para votar la Ley General de Educación.
Según la diputada Carolina Tohá (PPD), "están esperando que se aclare el panorama de propuestas de educación pública. Mañana (hoy) tienen reunión los de la Comisión de Educación para decidir el cronograma y el factor decisivo en las fechas para las votaciones va a ser cuándo y qué va a proponer el Gobierno para reformar la educación pública".
Y adelanta que no van a haber fechas claras en torno a la LGE hasta que "el Gobierno no ponga sobre la mesa cuándo y en qué términos se referirán a lo público".
La parlamentaria vislumbra dos opciones: una que supone la entrega de una postura luego de que se ajuste el trabajo interno para definir el proyecto, lo que tomaría varios meses. Y otra que apunta a que mientras se hace el trabajo interno la Presidenta de a conocer el trabajo interno en forma general.
Y es por esta última vía por la que apuesta, ya que asegura que "va cambiar el tono del debate nacional. Pero es complicado y si esto queda pendiente se trancaría la LGE o bien se aprobaría con mucha presión, no logrando el marco de legitimidad esencial para una ley de este tipo".
En términos generales, lo que ha trascendido de la propuesta impulsada por el Mineduc, es que apunta a la creación de un órgano autónomo que se haga cargo de los actuales colegios municipales, cuyo enlace con el ministerio del área sería el nombramiento y remoción de quien lo dirija a través de la Alta Dirección Pública (ADP).
Las mil y una visitas
Hasta el momento, han peregrinado por la Comisión de Educación más de 170 representantes de diversas instancias que han planteado sus puntos de vista frente a la LGE. Lo que para el miembro de la Comisión de Educación, Mariano Ruiz Esquide (DC) es un aporte, aunque puntualiza que "las fechas se han postergado indebidamente por buscar nuevas audiencias. Y toda postergación es un abuso en cuánto a lo que son las decisiones en la Comisión". Por ello, explica que el día de la votación no debería definirse para más allá del 9 de septiembre.
Precisamente para despejar el panorama, durante la mañana está contemplada una reunión en la que participarían el falangista, el senador y también miembro de la instancia legislativa, Ricardo Núñez, el ministro secretario general de la Presidencia, José Antonio Viera Gallo, la ministra de Educación, Mónica Jiménez, y el subsecretario del área, Cristián Martínez.
El objetivo, es hacer un análisis de "sinceramiento de intenciones", y dilucidar la chance real de que se apruebe la LGE, los votos con que cuenta y las alternativas que se barajan para impulsarla.
Lo que, según explica el parlamentario, es fundamental para avanzar con los proyectos de ley del Sistema de Aseguramiento de la Calidad, la Superintendencia del sector y la futura ley de educación pública, ya que "no hay manera de avanzar en ninguna de las tres si persiste la LOCE".
Y en cuanto a la votación en Sala de la LGE, el demócrata cristiano señala que lo más coherente sería hacerlo después de las elecciones municipales "para evitar la contaminación de las campañas".
